Cerca de su final, el gobierno anterior creó, por decreto, el Consejo Económico y Social (CES).
El propósito del CES es llevar a un foro representativo de los sectores de la sociedad el análisis de los temas en discusión en la arena política, para que sean analizados y quede establecida —por medio de sus dictámenes— la posición de la mayoría de la sociedad y de los sectores en cada tema.
La injustificada huelga del 25 de junio, cuya intención era “medir” al nuevo gobierno en su capacidad de respuesta ante mecanismos de presión, y cuyo trasfondo era el mantenimiento de privilegios que benefician exclusivamente a grupos de trabajadores públicos, se hubiera podido evitar con una sesión del CES.
Así, hubiera quedado claro que los sindicatos no cuentan con apoyo de los demás sectores de la sociedad, haciéndoles sentir “su soledad” y mostrando al Gobierno el enorme “capital político” con que contaba para enfrentar dicha presión y avanzar su proyecto fiscal.
Agendas egoístas
En un país con infraestructura tan frágil, “4 gatos” bastan para bloquear los sistemas de transporte y logística, aun cuando solo representen agendas evidentemente egoístas y en que el bienestar y beneficio de las mayorías queda relegado.
Una debida convocatoria del CES vendría a deslegitimar este tipo de presiones de altísimo costo para el país, al levantar el nivel de discusión en temas de importancia, propiciar el tan reclamado diálogo entre sectores, y permitir a la sociedad en su conjunto opinar y sugerir mejoras en los proyectos de ley y cambio, cuando así corresponda.
Aunque sus decisiones no sean vinculantes, un CES bien manejado es un formidable instrumento de presión para el gobierno y la Asamblea Legislativa, pero también hacia los mismos sectores, que en él podrán evaluar la fuerza y legitimidad de sus posiciones y ajustarlas para ser más representativas del bien común.
Ojalá el CES se ponga en marcha lo antes posible. El país lo necesita.