Están pendientes de nombramiento varios magistrados, pues han quedado vacantes en la Sala III, la Sala II y la Sala Constitucional.
Los diputados salientes no hicieron su tarea y algunas de estas designaciones han esperado más de un año.
Dada la inflación penal creciente y el importante papel político de la jurisdicción constitucional, resulta inaplazable que la nueva legislatura realice con prontitud estas nominaciones.
El proceso resulta complicado dada la diversidad legislativa y el imperativo de treinta y ocho votos.
Los diputados tienen visiones diferentes en filosofías penales y constitucionales, se requerirá de acuerdos para compatibilizar estas diferencias y encontrar mínimos que satisfagan a tantos partidos involucrados.
En lo penal serán necesarios encuentros entre quienes predican el derecho penal del enemigo y aquellos que plantean la necesidad de un derecho penal mínimo.
Buscar equilibrios
En lo constitucional es necesario buscar equilibrios. Por una parte, entre los intervencionistas y proteccionistas económicos y los adalides del mercado libérrimo.
Por otra, serán necesarios acuerdos entre los conservadores en materia de libertades (sexualidad, derechos reproductivos) y los progresistas que desean una mayor apertura hacia la diversidad.
Problemas similares se presentarán en lo referente a medio ambiente y los servicios de salud.
Es importante que el procedimiento sea transparente y que las sesiones gocen de mucha publicidad.
La metodología para la calificación de los aspirantes debe asentarse en elementos objetivos que den valor a su formación académica y a trayectorias profesionales sólidas.
El proceso debe ser ordenado, descartando subjetivismos, pero buscando filosofías judiciales moderadas y dando espacio a una serena y madura decisión política.