La falta de visión y de planificación de largo plazo tiene un costo enorme. Se traduce, entre otras cosas, en un sistema educativo público sumamente vulnerable: una huelga, un desastre natural, una pandemia, el crimen organizado, un daño en la infraestructura, el cambio climático y otro evento de cualquier naturaleza es capaz de causar estragos profundos en el sistema, cuyas víctimas indiscutibles son nuestro más precioso activo: la población estudiantil. “La mente humana es nuestro recurso fundamental”, dijo John F. Kennedy después de explicar que la rapidez del progreso como nación depende del progreso en educación.
Hace 2 años, el Octavo Informe del Estado de la Educación acuñó el muy ilustrativo concepto de “apagón educativo”. No viene al caso repetir datos que son ampliamente conocidos, pero sí es importante recordar que los esfuerzos del MEP por dar continuidad a la enseñanza durante la pandemia —primero a distancia y luego en modo híbrido—, si bien sirvieron para preservar la permanencia estudiantil y la tasa de escolaridad y para bajar la repitencia, no fueron suficientes para asegurar la adquisición y desarrollo de habilidades básicas fundamentales, como la lectoescritura (capacidad de leer y escribir) y la matemática. Las evaluaciones realizadas por la mayoría de docentes reportan un grave rezago en lectoescritura que podría causar un efecto dominó sobre el desarrollo de otras destrezas cardinales, como la matemática y la científica.
Es decir, los estudiantes avanzan dentro del sistema, pero arrastran graves falencias que no están siendo adecuadamente identificadas y menos aún solventadas. Esto se debe en parte a que ha disminuido la cobertura de la capacitación docente y a que desde la eliminación de las pruebas de bachillerato, prácticamente no se han implementado pruebas estandarizadas que determinen si los estudiantes poseen los conocimientos adecuados para su edad y nivel de escolaridad. Las pruebas estandarizadas miden objetivamente la eficacia de los programas impartidos, identifican factores determinantes del desempeño estudiantil, así como logros y carencias individuales y de determinados grupos de población. Con base en los resultados se ajustan los métodos pedagógicos y los programas, y se reorienta y fortalece la formación docente. Tras un largo vacío de pruebas estandarizadas, el MEP recién comenzó a aplicarlas el pasado lunes, con exámenes de lenguas extranjeras y solo para estudiantes de último nivel de secundaria. En el calendario seguirán pruebas estandarizadas en octubre y noviembre.
Según mediciones internacionales citadas por el Noveno Informe del Estado de la Educación (EE; 2023), recién presentado el pasado jueves 31 de agosto, Costa Rica, junto con México y Ecuador, registra la mayor pérdida de aprendizajes en Latinoamérica (equivalente a 1-2 años de educación formal).
A raíz de la pandemia, el presente y el futuro de esta generación de estudiantes es tema prioritario en la agenda del mundo entero. Varios organismos internacionales especializados señalaron la urgencia de ejecutar medidas para compensar las pérdidas, a la vez que se continuaba con la enseñanza de nuevos aprendizajes para no causar más retrasos. Diseñaron herramientas y generaron material gratuito para apoyar a los países en su proceso de recuperación educativa. Desafortunadamente, estos no fueron aprovechados por la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), cuyo plan de nivelación no se basó en una evaluación objetiva del estado de los aprendizajes en todos los ciclos ni previó mecanismos de seguimiento y verificación de su efectividad; tampoco ofreció recursos y capacitación oportunos y pertinentes al cuerpo docente para garantizar la eficacia de la mediación pedagógica.
Durante el proceso electoral 2021-22, se generó aún más conciencia sobre la crisis educativa. El presidente Chaves Robles (2022-2026) y la ministra Müller recibieron el sistema de EP en la condición más crítica desde el inicio de este siglo. Tenían la misión histórica y complejísima de atender las apremiantes carencias e impulsar la necesaria transformación del sistema educativo público para adaptarlo a los retos actuales y futuros. Paradójicamente, no reconocieron el apagón —ni siquiera para obtener réditos políticos y de paso ganar un poco de tiempo—, no han articulado un plan integral basado en evidencia, con metas, indicadores, metodología y plazos, y han reducido el presupuesto más que ningún gobierno de los últimos 10 años. Como señala el Noveno Informe de EE, la reducción de la inversión en educación compromete significativamente el potencial de crecimiento económico y el desarrollo futuro del país.
Por otra parte, tampoco se han cumplido varios compromisos de larga data como la expansión de los colegios técnicos, el fortalecimiento de la enseñanza del inglés —recientemente el MEP instó a estudiantes de secundaria a endeudarse para mejorar el inglés—, la prueba de idoneidad docente y lo más básico y urgente: más del 90% de las escuelas aún no enseñan el currículo completo.
Se ha perdido un tiempo invaluable que para la actual generación de estudiantes del sistema de EP —especialmente para los más vulnerables— podría ser irrecuperable.
“La escuela es el supremo bien de Costa Rica, porque en ella se persiguen deliberadamente la democracia y la cultura. Es el lugar donde debe formarse el ciudadano: ahí se aprende a amar a la patria y sus instituciones”, declaró el gran reformador de la Educación costarricense y Benemérito de la Patria, Mauro Fernández Acuña.
Quienes están hoy en el sistema educativo son los votantes, la fuerza de trabajo, los padres y madres, los docentes y los tomadores de decisiones del mañana. ¿Los estamos preparando para preservar la democracia y la cultura, para amar a la patria y sus instituciones?