Existen un excesivo romanticismo y expectativas, en algunos casos sobredimensionadas, alrededor de los resultados prácticos que pueda arrojar esta oleada de iniciativas para devolverle funcionalidad al Estado, que han brotado desde diferente círculos y trincheras en las últimas semanas.
Este tipo de iniciativas, si bien representan un importante ejercicio de reflexión sobre los problemas nacionales así como de participación de la ciudadanía para plantear propuestas, no están considerando los diferentes grados de viabilidad de estas, ni articulándose lo suficiente.
Ninguna de las iniciativas cargadas de propuestas (Vía Costarricense o Agenda Nacional) ha aterrizado hasta la fecha sus planteamientos en proyectos de ley concretos, a sabiendas de que muchos de ellos dependen de la vía legislativa, y se sabe, por confesión de uno de sus partícipes (Constantino Urcuyo), que la comisión de notables tampoco lo hará.
Esta situación es preocupante. Mucho de lo que se recomienda implementar depende de la aprobación de terceros y, por más que las ideas sean grandiosas, si no se articulan de mejor manera para ser presentadas ante la Asamblea Legislativa, no pasarán de ser un loable esfuerzo que adorne el escritorio o biblioteca de algún burócrata.
Mínima viabilidad
Por otra parte, someter a discusión un menú de propuestas de nula o mínima viabilidad tampoco tiene mucho sentido.
En la corriente legislativa existen desde hace mucho tiempo expedientes relacionados con los tres temas en los que todas las propuestas coinciden que urge realizar: reglamento legislativo (expedientes 18.117 y 18.141), sistema de elección de diputados (expedientes 17.788, 18.233 y 18.331) y jurisdicción constitucional (expedientes 17.743 y 17.926). Sin embargo, estos, por las más variadas razones, no avanzan.
Ante el peso de los temas que componen la agenda de reformas urgentes, sin duda requerimos voluntad por parte de la clase política.
Es momento, como lo ha señalado el XVIII Informe del Estado de la Nación, de brindar respuestas ligadas no tanto al “qué” sino al “cómo”. Por esto es que quienes, en alguna medida, somos responsables de la redacción de propuestas relacionadas con estas iniciativas, ahora debemos velar por su articulación como traducción en proyectos concretos y viables.
Un primer paso para lograrlo es fortalecer nuestros partidos políticos como centros de pensamiento, involucrándonos en ellos, para que muchas de estas iniciativas nazcan dentro y no fuera de ellos. Esa es la ruta más responsable para alcanzar la concreción de las propuestas que, por ahora, no pasan de ser solamente ideas.
Mientras en nuestro país tengamos partidos políticos con “p” minúscula, será difícil hablar de política con “P” mayúscula.