Nuevamente el reporte sobre competitividad del Foro Económico Mundial nos recuerda las carencias y deficiencias que están afectando la productividad de nuestras empresas y, por ende, su capacidad de competir en los mercados externos y dentro de nuestras fronteras, generar suficientes fuentes de empleo y contribuir con el bienestar de la población.
Los resultados no sorprenden, aunque esta vez se evidencia un deterioro de la posición del país en el ranking internacional (número 54 entre 138 países), al retroceder dos escalones y posicionarnos ahora peor que en el 2013. En América Latina nos aventajan Chile (33), Panamá (42) y México (51) y la brecha es todavía más grande con los países desarrollados y muchos de los países asiáticos.
Dos son los problemas que sobresalen y que se relacionan entre sí: la ineficiencia de la burocracia gubernamental y una inadecuada infraestructura. Cierto es que este índice se basa en las percepciones empresariales y no necesariamente en datos objetivos, pero, en el caso de nuestro país, resulta claro que dicha percepción refleja la realidad que diariamente sufrimos todos los costarricenses.
Lo más desalentador de esta situación es que pocos en el Gobierno parecen preocuparse de este estado de cosas.
Nadie niega que la situación presente es la acumulación de problemas de muchos años y que varias administraciones, incluida esta, han fallado en atenderlos adecuadamente. De hecho, los esfuerzos que se realizaron en el pasado en pro de modernizar el Estado costarricense y reformar, por ejemplo, el sector eléctrico encallaron por la oposición, entre otros, de quienes hoy detentan el poder.
Era de esperar que esa actitud variara una vez que lidiaran con la dura realidad de ser gobierno y con la responsabilidad de mostrar algún resultado, como sucedió con la acertada decisión de continuar con la concesión de la terminal de contenedores de Moín, una de las pocas obras relevantes que han logrado avanzar.
Pero, muy por el contrario, proyectos claves como la carretera San José-San Ramón, la Ruta 32, el corredor Norte, la carretera de circunvalación, la carretera San José-Cartago y el tren urbano, siguen estancados.
Tal parece que la inoperancia estatal, la desidia de los jerarcas, la falta de liderazgo presidencial y el dogmatismo ideológico de no pocos en el gobierno, se han confabulado para impedir cualquier viso de progreso en estos cuatro años. Es imperativo que reaccionemos y pongamos de nuevo estos temas a la vanguardia de la agenda nacional. La red vial está colapsada y solo un plan de contingencia, realista y bien estructurado, con personal de primera y potestades especiales, podrá sacarnos del atolladero.
Hay varias iniciativas sobre la mesa, una de ellas es la de la excontralora Rocío Aguilar, la cual podría mejorarse con aportes como el que hizo la Cámara de Industrias en su propuesta para aumentar la competitividad del sector, pero es indispensable que la administración de Luis Guillermo Solís Rivera asuma su papel.
Costa Rica no puede ni debe darse el lujo de desperdiciar también los restantes 18 meses.