Al revisar la situación del país, vale considerar la eficiencia del Estado, una preocupación popular y el foco de atención de estructuras ejecutivas empresariales e institucionales.
Al respecto, el tema de facturación electrónica, a pesar de ser un medio que permite potenciar eficientemente el sistema tributario, aun su implementación y uso son vagos en nuestro medio.
España, con amplia data en su uso, lo define como el equivalente funcional de la factura en papel, el cual consiste en su transmisión entre emisor y receptor por medios electrónicos y telemáticos, firmados digitalmente.
Su aplicación se sustenta en la resolución de la Dirección General de Tributación 22-17, del 17 de setiembre del 2007, que definió, entre otras cosas, la autorización para su uso y aspectos técnicos de la interacción de los actores.
Muestra el marco sobre el cual se esperan mejoras en procesos comerciales, principalmente, desde el punto de vista impositivo. Pero la realidad es otra.
Mientras la opinión de expertos alude a que en países menos desarrollados su aplicación es sinónimo de éxito, ante la “necesidad histórica e imperiosa de fiscalizar de formas más efectivas el accionar tributario de los contribuyentes”, según define Mario A. Fernández en el libro Facturación electrónica, transformación tributaria y empresarial inteligente , Costa Rica tiene menos de un centenar de empresas que usan una plataforma de facturación electrónica.
Viviemos con un sistema en que menos del 60% de las declaraciones de impuestos se reportan en cero y profesionales liberales declaran ¢35.000 anuales, según datos del exdirector de Tributación Directa Francisco Villalobos. Poco podríamos hacer para masificar un medio electrónico que ordena las responsabilidades fiscales.
Estamos cansados de vicios políticos. La solución en ciernes pretende mejorar los procesos de recaudación, pero, bien vale analizar si la carga impositiva responde a las necesidades sociales.
Hay soluciones
En el 2008, la agencia de estadísticas de la Unión Europea mostraba una carga promedio entre el 40% y el 43% del PIB, mientras que para la Unión Americana la cifra ronda el 25%. Esto hace considerar que en Costa Rica el tema genera polémica, según considera Juan Carlos Hidalgo, coordinador de proyectos para América Latina en el Cato Institute en Washington D. C., afirmando que en Costa Rica “pagamos impuestos de primera por servicios de tercera” ( La Nación 13/7/2012 ).
Esta reflexión muestra que, a pesar de contar con avances tecnológicos para mejorar aspectos fiscales y de procesos de transferencia comercial, hay rechazo a implementarlos y utilizarlos intensivamente.
Estaremos acostumbrados a la ineficiencia, o no existe confianza en la relación de pago de impuestos con su retribución social.
No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo según se dice. La solución a los problemas sociales no está en esperar cambios, debemos generarlos; o somos parte de la solución o somos parte del problema.