En su Informe N° DFOE-IFR-IF-02-2013, la Contraloría General de la República retoma lo que durante tres años he mos advertido en reiteradas oportunidades y concluye que “la Sutel no logró definir y ejecutar en forma oportuna los programas y proyectos a ser financiados con los recursos del Fonatel, lo cual implica un uso ineficiente de tales recursos y un retraso en la atención de la brecha social digital”. Más claro ni el agua.
Lo sorprendente es que, según el informe, aún no se ve la luz al final del túnel, por cuanto la burocracia no ha cumplido con su propio cronograma y “al día de hoy la Dirección General de Fonatel no cuenta con el organigrama, el manual de funciones y los procedimientos relativos a la gestión, coordinación, esto a pesar de tener aprobadas las plazas del Director General y Profesional Jefe, desde el 18 de agosto de 2010, y dos plazas de profesional 5, desde el 16 de noviembre de 2011”. Es decir, la brecha digital de nuestro país deberá esperar aún más para ser atacada.
Entendemos la desesperación de la Presidenta de la República y se explica la de muchos de nosotros, a saber:
1. Pasa el tiempo y no se logran cumplir las metas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones definidas desde el 2009 y ratificadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y en el Acuerdo Social Digital. Los datos siguen siendo vergonzosos, el 64% de dichas metas tiene un cumplimiento de un 0%.
2. Los recursos públicos permanecen “congelados”. Según datos del Regulador de Telecomunicaciones, de marzo del 2010 a diciembre del 2011, se contaba con un total de ¢6.311.058.745,00 solo por aporte de los ingresos recaudados por contribución especial parafiscal. A esto se debe sumar lo recaudado en el 2012 y este 2013, que, según proyecciones del propio ente, alcanzarían los ¢9.111.375.645, así como la no despreciable suma producto del concurso móvil.
3. El informe nos advierte de potenciales pérdidas. Los datos suministrados por el Regulador sobre el pendiente de impuestos por recuperar, alcanza las sumas de ¢4.169.412,00 y $588,64; la pérdida neta no materializada por diferencial cambiario ronda los ¢47,0 millones y, para sellar algunas de las inversiones realizadas con los recursos del Fonatel, fue retenido el 8% de impuesto sobre la renta.
4. Las comunidades, las escuelas, los centros de atención de adultos mayores y de personas con discapacidad siguen engrosando la brecha digital y, por razones de costos, en algunos casos, siguen sin ser atendidos o bien siendo atendidos a medias.
5. Uno a uno se acumulan los desaciertos por parte de la burocracia y “las justificaciones” son las que dan la pauta: si no son problemas de coordinación, son de personal, o de capacidades, o, peor aun, de competencias.
¿Cómo pueden seguir indiferentes ante las necesidades de la población vulnerable? ¿Cómo pueden decir que la caída de un microproyecto, sirve de ensayo y error para mejorar? No señores, si estuvieran en el sector privado ya estarían ensayando desde su casa.
El decreto
Ahora bien, el Poder Ejecutivo presentó recientemente, y como alternativa, un decreto cuyo fin, interpreto, es el de avanzar en primera instancia con el operador público e incluirle en forma específica pero no exclusiva metas de cumplimiento del Plan Nacional de Telecomunicaciones, de manera tal que este continúe y amplíe sus proyectos de universalidad y solidaridad, y que estos sean financiados por Fonatel, una vez, eso sí, que se cumplan con los requisitos de separación de costos y estudios que fundamenten al menos el monto de compensación. Es de suponer que, próximamente, conoceremos otros decretos o directrices que permitan, en forma equitativa e inclusiva, que los otros operadores y proveedores de telecomunicaciones tengan la misma obligación y por fin, este país cuente con un despliegue solidario y universal de acceso al mundo digital.
Esperamos entonces, que por la vía de decreto se dé vida a la opinión jurídica de la Procuraduría General de la República, del 16 de junio del 2009, cuando advirtió: “Administrar el Fonatel implica, en primer término, determinar la asignación de los recursos para satisfacer los objetivos antes referidos (los del Plan). Ergo, tomar decisiones en orden a cuáles operadores y proveedores de servicios se les impone obligaciones de acceso y servicio universal, así como determinar cuándo hay una desventaja competitiva para el operador y proveedor. Por ende, cuáles son las obligaciones del proveedor u operador que serán financiadas por medio del Fondo”.
En un mes el país conocerá el informe solicitado a la Sutel y nos informaremos si esta puerta se mantendrá abierta o también será bloqueada.