En el 2012, la cantidad de productos falsificados en Costa Rica aumentó un 85% y la piratería de software llegó casi al 60%. La enorme venta de este tipo de productos y las insuficientes acciones para detenerlo, influyeron para que la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés), en su reporte publicado en febrero del 2013, recomendara mantener a nuestro país en su “lista negra” o Priority Watch List .
Quienes comercializan productos falsificados, se atribuyen una falsa titularidad sobre estos artículos. De esta manera, perjudican la imagen de la marca que falsifican, ya que crean una dilución de esta y la mayoría de veces, los productos infractores son de inferior calidad.
Con estos productos, los consumidores también se ven perjudicados. Muchas veces estos artículos no cumplen con los estándares mínimos de calidad, no es posible reclamar la respectiva garantía e, incluso, atentan contra la salud, como cuando se falsifican alimentos o medicinas.
El actual fiscal general ha cambiado la forma de actuar que tenía el Ministerio Público. Se han realizado esfuerzos para combatir este tipo de delitos, pero no han sido suficientes. Es necesario dotar de más recursos a los órganos fiscalizadores (Fuerza Pública, Organismo de Investigación Judicial, policías municipales, Dirección de Aduanas).
Estos recursos se deben invertir en labores de inteligencia para la detección oportuna de estos delitos, la realización de allanamientos de manera oportuna, así como para capacitar al personal en estos temas. Además, se deben establecer programas de control para, de manera sistemática, perseguir estos casos y no como sucede actualmente que la mayoría operan únicamente ante la denuncia de algún perjudicado.
Acciones por tomar
Desde el ámbito privado, los afectados por estos casos deben tomar acciones de manera independiente. En casos de ventas por Internet, con base en la normativa de “Puerto Seguro” o las políticas de algunos sitios de Internet, se pueden interponer reclamos directos que permitan detener la venta de productos falsificados o de ejecuciones no autorizadas de algunas obras. Asimismo, en algunos casos es posible lograr negociaciones exitosas con los infractores que permitan el cese de estos actos. Todo lo anterior, no descarta el hecho de trabajar de manera conjunta con las instituciones públicas dado que en muchos casos se comparte un interés común.
Con la venta de productos ilegales, no solo el titular de la marca puede llegar a sufrir perjuicios económicos que podrían llegar incluso hasta el cierre de su negocio. La sociedad, en general, se ve afectada, por ejemplo, en la generación de empleo, la recaudación de impuestos y la calidad del producto, entre otros.
Se debe actuar de inmediato para evitar que se llegue a estar en una situación como la que existe en México. En dicho país, 6 de cada 10 productos que se venden en la calle son ilegales y las pérdidas solo en el área de vestuario ascienden a casi $80 millones.