El periodista Alejandro Fernández solicitó entrevista con la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, para abordar las prioridades de su gestión. Durante dicha entrevista solicitó opinión sobre una gama de temas tan específicos, que requerían tener a mano los datos de las oficinas técnicas correspondientes, pues, por su naturaleza, ningún jerarca los puede tener en mente.
La Presidenta le indicó transparentemente no tener los datos a mano, pero se comprometió a enviárselos, lo cual se hizo mediante correo electrónico. Si la intención de la entrevista fuese informar, allí constaba toda la información necesaria para el análisis que se requería.
En vista de que la entrevista no cuenta con el balance en la información que debe prevalecer en un medio de comunicación como EF, brindamos nuestro punto de vista.
El enfoque de la entrevista parte de una base equivocada, porque pretende comparar categorías distintas como si fueran lo mismo. La estructura de puestos del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, son distintos. En un Poder existe carrera judicial y en otro no, y se trata de perfiles diferentes donde en unos se paga prohibición para el ejercicio profesional y en otro no.
La clasificación y valoración de los puestos en el Poder Judicial se establece a partir de criterios técnicos. Se define en función de factores de valoración que permiten clasificar todos los puestos existentes en grupos ocupacionales, con características comunes lo que posibilita analizarlos y compararlos en un adecuado contexto.
Por ejemplo, el grupo de puestos de jueces, fiscales y defensores públicos tiene elementos comunes como el grado profesional y la experiencia que se exige para ocuparlos. Por ello, los salarios asignados a estos cargos tienen relación armónica entre sí. Igual sucede con el grupo ocupacional de apoyo operativo, en el que los salarios de las personas que ocupan los puestos de conserjes y choferes tienen remuneraciones y requisitos relacionados. Lo anterior explica que las categorías salariales en el Poder Judicial responden a grupos según su ocupación y niveles de responsabilidad y evidencia que simplemente referirse a la brecha entre el salario menor y mayor de una organización, no es una comparación que técnicamente corresponda.
Por otro lado, refiriéndose al salario menor en el Judicial en comparación con otros, debe reseñarse que las políticas salariales del Poder Judicial procuran que sean competitivos en el mercado, por lo que se realizan sondeos o consultas semestrales. De ellos se desprende que el grupo ocupacional operativo tiene una posición adecuada en el mercado salarial, lo que promueve una mayor estabilidad en los cargos.
No obstante lo anterior, debe destacarse que el cargo más alto que corresponde a la Presidencia de la Corte, se ubica en una posición menor o inferior al promedio en comparación con otros puestos jerárquicos del sector público o de una empresa privada de servicios, según encuestas salariales que se hacen periódicamente.
Presupuesto
En relación con la asignación presupuestaria, debe indicarse que el servicio de administración de justicia descansa en el valor agregado de las personas que intervienen en cada proceso, por lo que es lógico que el costo del recurso humano sea alto. Este Poder de la República ha tenido un significativo crecimiento institucional en la última década, por la aprobación de nuevas legislaciones que crean o amplían jurisdicciones especializadas, y que para su atención requieren necesariamente la creación de puestos.
A pesar de los esfuerzos por contener el crecimiento de la planilla, el Poder Judicial se ve obligado a la atención de leyes especiales que recargan el presupuesto con la creación de plazas, como por ejemplo, el Programa de Flagrancias y la Ley de Cobro Judicial , el Código Contencioso Administrativo , entre otros.
El entrevistador califica al presupuesto del Poder Judicial como que “no deja de romper récords” refiriéndose al crecimiento porcentual que anualmente debe ajustarse para que la Administración de Justicia pueda brindar el servicio. Ello sin duda es un reflejo no solo de las nuevas responsabilidades asignadas por ley, sino a la realidad que vive el país. Nuestro presupuesto, efectivamente tienen una recarga importante en materias ligadas al área penal, al punto que consumen más del 50% del presupuesto, debido al aumento en la violencia social. Pero también está claro que esa inversión ha producido efectos concretos y medibles en esa área, según el efecto que procuraba el legislador.
Como lo indicó la señora Presidenta en su artículo “La inversión pública en Justicia”, publicado en La Nación , en agosto pasado, en los últimos 25 años el país ha tenido la visión de aumentar la inversión pública en la administración de justicia y en áreas estratégicas para el fortalecimiento del estado de derecho.
Se han creado nuevas jurisdicciones constitucional y contencioso administrativa; se reformó ampliamente la penal con un nuevo modelo oral-acusatorio; se crearon los tribunales de flagrancias; se implementó un nuevo sistema de protección de víctimas y testigos que atiende al año más de 100.000 personas; se pasó de una justicia cerrada, casi endogámica a una mucho más abierta y transparente, y ciertamente una justicia más humana y accesible.
El camino por recorrer es aún más grande que el recorrido. Ese es el reto permanente de una organización de servicio como la nuestra, que está obligada a renovarse permanentemente. Esa renovación puede verse como un gasto o una inversión, todo depende del cristal con que se mire y la visión que se tenga de la democracia y sus valores.