Como parte de los temas de estas semanas, los editoriales, los periodistas y los ciudadanos del país no se han privado de expresar su opinión referente a la deuda política. Posiciones antagónicas sobre su reducción, así como el destino final de los fondos, son abordadas por recomendaciones superfluas de transparencia y control. Lo anterior debido a que el sistema público del país no se encuentra en capacidades para realizar tal gestión. En favor de abordar lo anterior se señalan no propuestas, sino recomendaciones que pueden ser adaptadas a nuestro sistema como punto de partida.
En primera instancia es esencial cuestionarse: ¿cuál es el monto total del PIB o porcentaje que debería ser asignado para este fin? Actualmente, se habla que para el 2014 la suma (basada en el 0,19% que le asigna la Constitución) llegaría alrededor de los ¢39.000 millones.
No es un secreto para cualquier ciudadano que este exceso de financiamiento termina en la llamada “borrachera” de campaña, es decir, los gastos repentinos e improvisados que muchos partidos realizan cuando se acerca el día de votaciones en propaganda desmesurada, transportes privados y actividades, entre otros. Como siempre, la “goma” la pagan los contribuyentes, a costa de una malversación que pudo ser invertida en las insuficiencias ya existentes. Al fin y al cabo las elecciones son un medio y no un fin en sí mismas.
Las respuestas a estas críticas son diversas, pero ninguna da en el clavo. Variar un porcentaje del PIB no logrará controlar la deuda política, ya que esto es realizar un ajuste en una constante dura, que al fin y al cabo afecta los balances bilateralmente.
Se debe lograr establecer una fórmula con parámetros que involucren variables reales, que puedan ofrecer un resultado cercano a la cantidad de dinero que necesitarán los partidos, tomando en cuenta el número estimado de votantes y los costos de los medios o actividades que se realizan en campaña. Todos los demás extras y ocurrencias corren fuera del presupuesto nacional establecido. Para ello, los partidos políticos dependerán de los contribuyentes particulares, y estos no deben caer en un despilfarro nacional cada cuatro años para financiar estas ocurrencias.
Montos máximos
Es excepcional y una dicha que el ciudadano se involucre en la fiesta nacional de las elecciones presidenciales más allá de solo ejercer su voto, apoyando el partido de su preferencia no solo mediante el sufragio.
No obstante, no es el deseo que este tipo de deuda abra su camino en cuentas privadas, y que, a su vez, este ejercicio pueda dar espacio para el peligro del bienestar del ciudadano común. Para ello, es una obligación ineludible fijar montos máximos de contribución por persona, al igual que limitar la participación de las empresas privadas en este ámbito. Esto no solo regularía los recursos de lo privado en lo público, sino que disminuiría el riesgo de dar cabida a procesos de legitimación de capitales, extorsiones e irregularidades de fondos, entre otros.
Por otro lado, el sistema actual ofrece una supremacía a los partidos políticos más consolidados y con mayor trayectoria. Arrastrando una ventaja histórica de popularidad que se extiende desde el mismo origen de la deuda política, generando la decadencia de la exposición de nuevos partidos políticos.
Para equilibrar lo anterior, se considera necesario que para la distribución de cualquier recurso proveniente de fondos públicos por medio del TSE, sea repartido de forma equivalente entre cada partido inscrito oficialmente. De esta forma, el fortalecimiento de la paridad en el ejercicio democrático será apoyado por todos los ciudadanos.
El economista Mariano Moya es coautor de este artículo.