Las votaciones en Nicaragua ratificaron el fraude electoral ideado por la dictadura de Ortega y Murillo. Los comicios no fueron ni libres, ni justos, ni competidos.
Más de 150 presos políticos, entre ellos siete precandidatos presidenciales, los principales medios de prensa bloqueados, persecución a los líderes y organizaciones de la sociedad civil, ausencia de observadores internacionales independientes han configurado un proceso que no es creíble, justo, ni independiente.
El presidente colombiano, Iván Duque, caracterizó correctamente estas votaciones como la crónica de un fraude anunciado y sentenció, en favor de la democracia, y junto con los gobiernos de los Estados Unidos, Costa Rica, España y Chile, el no reconocimiento de los resultados electorales proclamados por el títere Consejo Superior Electoral de los dictadores.
La Unión Europea también manifestó que los 27 estados miembros analizan medidas especiales como respuesta al ilegítimo proceso electoral organizado por los tiranos de Managua.
Aunque el régimen se ha atribuido altos niveles de participación y de votación a su favor, lo cierto es que la organización Urnas Abiertas constató altos porcentajes de abstención.
La presión internacional para la democratización continuará jugando un papel muy importante en un contexto regional complicado por elecciones difíciles en Honduras, ataques a la división de poderes en El Salvador, corrupción en Guatemala y continuadas migraciones hacia el norte.
La posición de los Estados Unidos (EE. UU.) con la ley Renacer augura dificultades económicas para el régimen ante la posibilidad de disminución de créditos externos y de exclusión del Tratado de Libre Comercio, teniendo en cuenta que Nicaragua dirige el 62% de sus exportaciones hacia EE. UU. y recibe el 30% de sus importaciones de ese país.
Los gobiernos costarricenses tendrán que guardar un delicado equilibrio entre desconocer la legitimidad electoral en Nicaragua y la necesidad de relacionarse con un gobierno de facto que puede provocar daño a nuestros flujos comerciales hacia el norte de Centroamérica. La relación bilateral en lo que concierne a migraciones, comercio e inversión tendrá que mantenerse pero Costa Rica no podrá abandonar sus posiciones de principio en lo referente a la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Lo prudente para Costa Rica será mantener los principios en los foros internacionales pero sin asumir posiciones de vanguardia en el tema de sanciones al régimen tiránico, aunque no cesemos de pedir hasta el cansancio la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Es importante que Costa Rica refuerce sus alianzas políticas con nuestros aliados tradicionales, como los Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia y Panamá, ante el evento de acciones agresivas por parte del orteguismo, sin dejar de ampliar su campo de acción con una ofensiva diplomática mundial como la que desarrolló el expresidente Monge durante el primer gobierno del déspota Ortega. La batalla es política. Costa Rica, democracia desarmada, debe avanzar con su ejemplo democrático, dispuesta a derrotar al autoritarismo en el terreno político que es donde reside nuestra fortaleza.
La relación bilateral en lo que concierne a migraciones, comercio e inversión tendrá que mantenerse pero Costa Rica no podrá abandonar sus posiciones de principio en lo referente a la democracia
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En el terreno diplomático nuestro país debe denunciar con energía el apoyo militar de la Federación Rusa al ejército de Ortega; Putin se ha transformado en el gran promotor del militarismo orteguista, amenazando nuestras fronteras y alterando la relación de fuerzas en la región.
Mantener nuestra firme adhesión a las estructuras multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y recurrir a ellas frente a las ofensivas de los autócratas es garantía de un blindaje político seguro frente a la sinrazón del búnker orteguista.
Tanto el gobierno saliente como el entrante no pueden desconocer la existencia de un régimen de fuerza que controla al país vecino; aunque ese dominio carezca de legitimidad, mientras este no desaparezca tendremos que tener algún grado de interlocución con Managua.
Ante el cierre de las fronteras para nuestros productos tendremos que estar listos para acudir a los organismos del sistema interamericano y a la justicia internacional para neutralizar los excesos de los autócratas de Managua.
Costa Rica debe prepararse para respuestas irracionales de la pareja tiránica, no faltarán provocaciones verbales y fronterizas como ha ocurrido en el pasado, las que deberán ser manejadas con prudencia y frialdad por un estado desarmado frente a un vecino belicoso y militarista. La Corte Internacional de Justicia puso punto final a los litigios fronterizos, pero no es extrañar que los desvaríos del dictador lo lleven de nuevo a reinvindicar Guanacaste y las llanuras del norte de nuestro país.
El aislamiento internacional derivado de la farsa electoral colocará a los dictadores contra la pared y es conveniente dejar espacios para el dialogo sociopolítico y evitar un nuevo derramamiento de sangre en nuestro hermano del norte. Costa Rica deberá apoyar estos esfuerzos, debidamente supervisados por la comunidad internacional.
La lucha será larga y nuestra diplomacia deberá estar preparada para llevar adelante una política de estado que supere las rencillas burocráticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y fije objetivos claros en una situación bilateral y regional muy difícil.