La reciente aprobación de reformas a la Ley de Expropiaciones, tiene implicaciones enormes para la ejecución de proyectos de infraestructura en el país. Me atrevo a decir que uno de los factores individuales que más incide en el atraso de la ejecución de obra pública, ha sido la imposibilidad del Estado para entrar en posesión de terrenos que se requieren para concretar proyectos.
Hasta ahora, el Estado no podía disponer de los predios expropiados hasta que se resolviera la disputa alrededor de los avalúos que normalmente se presenta en estos procesos. Es muy común que el dueño de las propiedades no acepte la valoración que hace el Estado y acuda a los tribunales para disputar ese valor, procedimiento que normalmente no se concluye sino hasta meses –incluso años– después.
Mientras tanto, los proyectos de infraestructura se atrasan, con consecuencias graves para el país. Una de estas consecuencias es seguir postergando la ejecución de obras urgentes que permitirían al país mejorar su competitividad, así como comenzar a recuperar el atraso que se ha venido acumulando en este campo. Otra consecuencia, y no menos importante, es que el costo de los proyectos se eleva llegando a veces a duplicar el costo inicial. Para un país con recursos limitados como el nuestro, este encarecimiento constituye un costo de oportunidad inaceptable.
No obstante, con esta reforma, el propietario desaloja en un tiempo perentorio, sin renunciar a su derecho a disputar la valoración sobre la cual se calcula el monto que recibirá por sus propiedades. De esta manera, el Estado puede, en un plazo no mayor de dos meses, entrar en posesión de los bienes expropiados, y no esperar a que el largo proceso judicial llegue a su conclusión.
Una adición a la ley aprobada que puede considerarse a futuro, es que se utilice como valor de referencia para una expropiación el que su dueño ha declarado como tal ante las municipalidades. Eso obligaría a mantener actualizado el valor de los bienes, no como sucede en la actualidad, que los valores declarados están muy por debajo de los de mercado, con lo que los dueños pagan mucho menos impuestos de lo que legalmente les corresponde.
Otros factores
Por supuesto que este no es el único factor que retrasa la ejecución de obra pública en Costa Rica. Hay otros elementos que deben ser analizados con el objetivo de plantear cambios. Y tal vez uno de los más importantes tiene que ver con los procesos de contratación que hace el Estado.
Mucho del retraso, contrariamente a lo que se cree, no es causada por la acción de los organismos de control como la Contraloría General de la República, que tiene plazos establecidos para cumplir con sus responsabilidades (aunque se ha venido insistiendo mucho en la necesidad de que la CGR efectúe su control de manera ex post y no ex ante, como lo hace ahora). Es sobre todo en el proceso anterior a la publicación de los concursos en donde se encuentran las demoras, sometidos, como lo están en la actualidad los departamentos de proveeduría, a cumplir con innumerables requisitos legales muchos de los cuales podrían ser modificados para permitir un proceso mas fluido.
Es urgente facilitarle el trabajo a quienes elaboran carteles de licitación y toman las decisiones técnicas que fundamentan las adjudicaciones de esos concursos. En este abigarrado camino de leyes, decretos, reglamentos y directrices por los que transita la administración pública costarricense, cualquier cambio, por menor que se considere, puede hacer una gran diferencia.
Hay que seguir en esta dirección. El país no puede ya posponer más tiempo la modernización y ampliación de nuestra infraestructura en diferentes ámbitos. Hay que hacer un esfuerzo por equilibrar los mecanismos de control existente con mayores facilidades para la ejecución, haciéndolo con una buena dosis de sentido común. La aprobación de esta reforma a la Ley de Expropiaciones es un ejemplo de que esto es posible.