El Banco Mundial define el gobierno digital como el uso de tecnologías de la información por parte de agencias de gobierno, que permite la transformación de las relaciones con ciudadanos, empresas y otras entidades; que busca —apoyado en las facilidades que las TIC’s brindan— acercar el gobierno a la gente, de forma amigable, conveniente, transparente y al costo más eficiente posible.
La literatura muestra cinco puntos clave para implementar exitosamente una estrategia de gobierno electrónico (Claudio Orrego “E-gobierno: Un camino posible”).
Iniciamos con el nivel de “e-readiness” o nivel de preparación para las iniciativas de gobierno digital; como segundo elemento, el marco jurídico que sustenta la tramitología institucional, corresponde a leyes que facilitan la simplificación de trámites y requisitos para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios.
Para el caso nacional, la Ley 8220 de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, que no ha logrado desde su promulgación, desarrollarse en todos sus alcances.
El capital humano, en cuanto a las competencias necesarias para desarrollarse en un ambiente digital dentro de la sociedad de red y la interoperabilidad, que busca la integración de sistemas entre las diferentes entidades del Estado, ofreciendo un cara unificada al ciudadano, con acceso ágil a la información entre ellas.
Por último, la democracia digital, modelo que permite a los ciudadanos la participación más activa en los procesos de toma de decisiones del Estado y gobiernos locales, rompiendo el esquema de la presencia física. Por ejemplo, en centros de votación, u otras gestiones públicas, permitiendo empoderar al ciudadano gracias a las facilidades que la tecnología ofrece.
De esta forma la optimización de procesos del estado representa en la actualidad, un eje articulador para el desarrollo humano.
Las acciones que el país ha desarrollado en esta línea se remontan al año 2006 con el desarrollo del “Plan Maestro de Gobierno Digital Secretaría Técnica 2011-2014”, este plan buscó desarrollar proyectos como el sistema de pasaporte electrónico y la acción transversal correspondiente a buscar interoperabilidad entre instituciones, con el objetvo de mejorar la gestión pública nacional.
A través del proyecto de Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, bajo la cual se busca mediante su promulgación reactivar los objetivos de aquel entonces; la nueva propuesta muestra como principios rectores la innovación, competitividad, proactividad, seguridad de la información y transparencia.
Estos pretenden contar con una entidad que proponga políticas, planifique y ejecute proyectos de gobierno digital, incentivando la eficiencia estatal con procesos ágiles apoyados en las tecnologías existentes, permitiendo que mediante la figura de convenios o contratos, la misma pueda brindar servicios tanto dentro como fuera del país, buscando dar auto sostenibilidad en su gestión.
Pero para entender la necesidad de contar con una estructura, que garantice una gestión sostenida en la figura de una estrategia de gobierno digital, se necesita entender el contexto mundial en el que nos ubicamos.
El índice de desarrollo de gobierno electrónico de las Naciones Unidas, para el 2020 muestra a Costa Rica, en la posición número 56, lo que significa una mejora de 21 puestos en los últimos 6 años; es importante indicar que el instrumento resalta los puntos con mejor calificación:
- Participación digital.
- Servicios online.
- Capital humano.
- Infraestructura de telecomunicaciones.
En resumen, contamos con una base formativa, comparada con países de la Unión Europea, Asia y también Estados Unidos; y otra parte —la infraestructura de telecomunicaciones— que refleja los importantes esfuerzos, que por años se han venido desarrollando en esta materia.
Los anteriores datos hacen ver a un país con un alto potencial en materia de transformación digital, por lo que el desarrollar acciones de cara a contar con esta Agencia de Gobierno Digital con las capacidades que le otorga el proyecto 21.180, que permita alinear a las diferentes instituciones en cuanto a la necesidad de contar con estándares de operación y de interoperabilidad, reafirma la necesidad de mejorar en aspectos de transparencia, eficiencia y agilidad en las gestiones de los ciudadanos con las instituciones gubernamentales.
En esta línea de ideas es importante entender que la evolución de las TIC’s impacta en aspectos económicos, sociales y culturales, a efecto de contar con una sociedad de la información transparente y con gran eficiencia.
El objetivo útimo de la Agencia de Gobierno Digital, debe dirigirse a la creación de valor público, alineado a un marco efectivo de organización y gobernanza, que según la OCDE en su principio No. 7, denominado organización efectiva y marcos de gobernanza para la coodinación, esta unidad será responsible de de coordinar la implementación de las TIC’s, contando por ley con las competencias para guiar el cambio y la coherencia estratégica, para desarrollar e implementar políticas y normas, que potencien la calidad de vida de los ciudadanos.