Ginebra. En los últimos meses, la volatilidad de los mercados financieros ha recibido mucha atención. Pero, con todo lo inquietantes que puedan parecer las alzas y bajas de las acciones, no son más que espuma sobre las olas en comparación con la verdadera amenaza a la economía global: el enorme sunami de deuda sobre los hogares, empresas, bancos y gobiernos.
Si la Reserva Federal eleva, como ha sugerido, las tasas de intereses a fin de año, la economía internacional podría verse en serios problemas, en especial los mercados emergentes.
La deuda global ha crecido en cerca de $57 billones desde el colapso de Lehman Brothers en 2008, alcanzando la enorme suma de $199 billones en 2014, más de 2,5 veces el PGB global, según estimaciones del McKinsey Global Institute. En los próximos años, será cada vez más difícil irlas pagando, especialmente si el crecimiento sigue estancado, las tasas de interés comienzan a subir, las oportunidades de exportar continúan siendo tenues, y persiste la tendencia a la baja de los precios de los productos básicos.
Gran parte de la inquietud sobre la deuda se ha centrado en la posibilidad de que cause impagos en países de la eurozona, pero las empresas altamente endeudadas en los mercados emergentes pueden encontrarse en una situación aún más peligrosa. Se estima que la deuda corporativa en el mundo en desarrollo ha superado los $18 billones, con cerca de $2 billones en moneda extranjera. El riesgo es que, como ocurriera en América Latina en los años 80 y en Asia en los 90, los impagos del sector privado acaben por infectar los balances del sector público.
Se trata de una posibilidad mayor hoy, si cabe, de lo que fuera en el pasado. Los mercados financieros, cada vez más abiertos, permiten a los bancos extranjeros y gestores de activos abandonar rápidamente sus deudas, a menudo por razones que poco tienen que ver con fundamentales económicos. Cuando ocurren al mismo tiempo que una devaluación de la moneda, los resultados pueden ser brutales, como Ucrania ha sufrido en carne propia. En esos casos, es inevitable que las pérdidas privadas se conviertan en un costoso tema público, pues el nerviosismo de los mercados atraviesa rápidamente las fronteras a medida que los gobiernos rescatan con fondos públicos a los acreedores para evitar el colapso económico.
Es importante observar que los gobiernos endeudados son tan vulnerables como los deudores privados. Los prestatarios soberanos no pueden ampararse en leyes sobre bancarrota para retrasar y restructurar los pagos; al mismo tiempo, sus acreedores no pueden embargar bienes públicos no comerciales para compensar las deudas no pagadas. Cuando un gobierno no puede pagar, la única solución es entablar negociaciones directas. Sin embargo, el sistema actual de reestructuración de deudas es ineficiente, fragmentario e injusto.
La falta de capacidad de los prestatarios soberanos para pagar su deuda se tiende a abordar de manera tardía e ineficaz. Los gobiernos son reticentes a reconocer que tienen problemas de solvencia, por temor a que se produzcan fugas de capitales, pánicos financieros y crisis económicas.
Mientras tanto, la ansiedad de los acreedores por evitar recortes a menudo hace que posterguen la resolución del problema, con la expectativa de que la situación cambie a su favor. Cuando el asunto se acaba por reconocer suele ser ya una emergencia, y con demasiada frecuencia las iniciativas de rescate se centran en apuntalar a prestamistas irresponsables más que en facilitar la recuperación económica.
Para empeorar las cosas, cuando se llega a un acuerdo, la carga recae de manera desproporcionada sobre el deudor, en forma de una austeridad obligatoria y reformas estructurales que hacen que la deuda restante sea aún más difícil de pagar. Más aún, las últimas medidas para fortalecer los derechos de los acreedores y el aumento del financiamiento de bonos ha hecho que la reestructuración de la deuda soberana se vuelva un asunto enormemente complejo y expuesto a la explotación por parte de aquellos inversionistas que especulan con los fondos excluidos de la reestructuración, como los llamados “fondos buitre”.
Las opciones
Tres opciones han surgido a medida que crece el consenso sobre la necesidad de encontrar mejores maneras de reestructurar la deuda.
La primera sería fortalecer el entramado legal de los mercados de valores, mediante la introducción de fuertes cláusulas de acción colectiva y la aclaración del apartado de pari passu (igualdad de trato), así como la promoción del uso de bonos convertibles contingentes o indizados según el PGB. Se trataría de un enfoque voluntario y consensuado, pero dejaría de lado gran parte del mercado de la deuda y haría poco por apoyar la recuperación económica o el regreso a un crecimiento sostenible.
Una segunda aproximación sería llegar a un consenso sobre principios jurídicamente no vinculantes para orientar las iniciativas de reestructuración. Actualmente, los principios básicos (como la soberanía, la legitimidad, la imparcialidad, la transparencia, la buena fe y la sostenibilidad) se pueden aplicar a todos los instrumentos de la deuda y podrían prestar una mayor coordinación que los enfoques basados en el mercado. Sin embargo, aunque esta manera de abordar el tema tiene la ventaja de la familiaridad, el hecho de que no sea vinculante no daría garantías de que una masa crítica adhiera a ella.
La tercera trataría de solucionar este problema de coordinación mediante reglas acordadas de antemano como parte de un mecanismo internacional de saneamiento de la deuda, parecido a las leyes de bancarrota que existen a nivel nacional. Apuntaría a evitar crisis financieras en países con dificultades para pagar su deuda externa y guiar sus economías hacia el regreso a una senda de crecimiento sostenible.
El mecanismo incluiría cláusulas para una moratoria temporal de la totalidad de los pagos, sean públicos o privados; una suspensión automática de las demandas legales de los acreedores; controles temporales a los capitales y tipos de cambio; la cláusula de deudor en posesión y financiamiento interino para transacciones vitales de cuenta corriente y, finalmente, la reestructuración y alivio de la deuda.
La evidencia de países como Ghana, Grecia, Puerto Rico y muchos otros muestran los perjuicios económicos y sociales que pueden causar las deudas insostenibles cuando no se manejan adecuadamente. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre una serie de principios para guiar la reestructuración de la deuda soberana. Se trata de un avance importante, pero quedará mucho por hacer para afrontar las grandes tareas pendientes mientras la economía global se enfrenta a la creciente marejada de la deuda.