Por cualquier lado que se mire, una real reforma del Estado conlleva una reforma de la Constitución Política.
Si la conclusión es válida, entonces cualquier discusión sobre la reforma del Estado debe considerar dos instrumentos: hacer una reforma total a la Constitución Política mediante una Asamblea Nacional Constituyente o una reforma parcial mediante una selección de enmiendas interconectadas.
Si la conclusión y los instrumentos son válidos, cualquier reforma del Estado que no se plantee en esos términos –aunque tenga la buena intención de mejorar la gobernabilidad y reestructurar el Estado– será en buena parte consumida por ese “hoyo negro” estatal que ha distorsionado el tiempo y el espacio de la gobernabilidad.
Para evitar tal pérdida del tiempo, lo ideal es partir de una definición –más o menos clara socialmente– del tipo de Estado que se desea. Sin esa definición, daremos tumbos (como en el pasado) entre ajustes relativos a la legislación y la menor afectación al texto constitucional sin sentido de unidad teórica.
Comenzar por la definición del tipo de Estado que se desea es, tal vez, el ejercicio más difícil, lento, sereno, académico y serio que debe abordar el país y la clase política. Esta meditación y la búsqueda de la identidad filosófica mayoritaria que conlleva la definición de ese modelo de Estado, nos permitirá luego desarrollar sus bases programáticas e instituciones.
Posteriormente, teniendo claro qué queremos ser, se facilita identificar y separar aquellas reformas que son materia constitucional, estrictamente, de los proyectos complementarios para la materialización normativa derivada o accesoria.
Sería un error creer que no es necesario revisar el modelo proveniente del “acuerdo” originado tras los hechos de la década de los años cuarentas. Creer que ese modelo de Estado no se encuentra en crisis o no requiere al menos estudio y redefinición, conforme a la situación actual 65 años después, sería negar la existencia de la ingobernabilidad y sus múltiples consecuencias que tienen paralizado buena parte del desarrollo del país.
El capítulo que falta
Indistintamente de si es general o parcial la reforma, la Constitución deberá incorporar un capítulo sobre Libertad Económica, uno de los eslabones más débiles del modelo constitucional.
Eso implica superar el texto de los artículos 45, 46 y conexos, para proteger un sistema productivo en donde más del 85% son micro y medianas empresas, precisando los principios de privación e inviolabilidad de la propiedad, la libertad económica, libertad de empresa, libertad de comercio, industria, agricultura, expropiación y confiscación tributaria de la propiedad, legítimo interés público, social o necesidad pública e indemnización.
Igualmente se deberán incorporar el principio de neutralidad perpetua frente a los conflictos bélicos, la prohibición del rearme nacional y el principio de paz con la naturaleza.
La reforma deberá dar sentido a las normas de ética y transparencia, ambiguas e incompletas en el texto actual que permiten el clientelismo. Además, suprimir los resabios del fracasado Estado empresario y estatista, al tiempo que fijar límites a los abusos del intervencionismo.
Se le debe dar sentido a la administración pública partiendo del servicio a la sociedad y la gestión de sus demandas y, sin duda alguna, pasar del caótico y desfragmentado modelo municipal a la integración regional.
Sin dudarlo, dejar atrás el inconsistente sistema jurídico de instituciones autónomas (centralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas, desconcentradas, etc.) a una estructura enfocada a la realización del ser humano, la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo.
Todo lo anterior, pasa por tener claro y contar con algún grado de coincidencia social del tipo de Estado que queremos. Esa discusión, desprovista de la participación ciudadana, con ausencia de la sociedad civil, está incompleta.