En el diseño de la solución a la grave crisis fiscal, no debe quedar ningún aspecto por fuera. Igual peso tienen la evasión, las exoneraciones, la elusión fiscal, el problema de los salarios del sector público y la débil y avejentada institucionalidad tributaria.
Ya no es necesario realizar más diagnósticos. Se sabe hasta la saciedad cuáles son los tumores que están causando el grave problema fiscal que golpea a la mayoría del pueblo costarricense, sobre todo a aquellos que no trabajamos para el Estado.
Para los únicos que no hay crisis económica, es para los ricos y acomodados del sector privado y para los que trabajan en el sector público, muy especial, los empleados de las universidades públicas, la Contraloría, el Poder Judicial, Recope, el INS, la CCSS, los bancos, las superintendencias, el ICE, Aresep, etc.
Para todos los demás, la realidad es muy cruda. El problema fiscal afecta seriamente las políticas monetarias y sumado a eso, la crisis mundial que se desató en el 2008 trajo nuevas variables que dirigen el quehacer del Banco Central.
Me explico: Costa Rica logró llegar a una inflación de un dígito, pero no fue producto de una economía nacional robusta y productiva, más bien ha sido el resultado de tasas de interés internacionales en dólares casi en 0% y de tasas en euros con una tendencia a la baja.
El Banco Central, en su afán de mantener una inflación mínima, tiene seco al mercado monetario, de tal manera que el dinero en circulación no es suficiente para que todos los habitantes, podamos trabajar y generar mayor crecimiento del PIB, disminuyendo así la pobreza.
Lo anterior explica por qué la tasa de mortalidad de las pymes es del 80%. Cualquiera que se anima a emprender un pequeño proyecto de negocios, tiene un 80% de probabilidad de fracasar, debido entre otras cosas, a que no hay suficiente dinero circulando, para que el consumidor sostenga la actividad del emprendedor.
Todo como resultado de dos grandes fenómenos: uno, el problema de la crisis financiera internacional y, dos, el problema fiscal generado por la estructura salarial del sector público, sumado a la evasión, la elusión, las exoneraciones y la ancianidad de la institucionalidad tributaria nacional. El desafío es grande, porque desde ya sabemos que las tasas de interés internacionales empezarán a subir.
Y, en ese escenario, podemos esperar nuevamente inflación de dos dígitos, y tasas locales más elevadas, si no se toman medidas ya para atacar el déficit en las finanzas públicas.
Acciones urgentes
Uno de las medidas urgentes es la creación de una nueva ley de empleo nacional. Y pongo el acento en esas dos palabras, porque solo se escucha hablar de una ley nueva de empleo público que corrija las inequidades del sector público.
Como si existiera un precepto, se habla de una eventual ley, pero dejando por fuera al sector privado; eso mantendría inequidades e injusticias.
Por ejemplo, si tenemos dos estudiantes de ingeniería que se gradúan de la misma universidad, con el mismo programa de carrera, los mismos profesores, pero uno se va a trabajar al sector privado y otro al público, es 100% seguro que, el que ingresa al público tendrá una mejor vida que el otro, y todo por los beneficios inexplicables que se recetan en el Estado y que se pagan con las tarifas, tasas de interés, comisiones y los impuestos de todos.
Recomiendo pasar una nueva ley nacional de empleo que no haga diferencias entre sectores público y privado. Que entre en vigencia a partir de una fecha definida convenientemente, de manera que a partir de esa fecha, todo empleado que ingrese al sector público, no tenga ningún privilegio por encima de todo empleado del sector privado, i.e. las mismas vacaciones, la misma jornada, el mismo salario, los mismos reconocimentos por productividad y no por antigüedad, etc.
Eso enviaría un mensaje muy positivo a todos, que el futuro será mucho mejor.