La regulación que cobija a las cooperativas de ahorro y crédito está experimentando cambios por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Para algunas cooperativas estos ajustes regulatorios van incluso en direcciones opuestas. Para otras generan un aumento en sus costos.
En primera instancia, el BCCR aprobó el mes pasado aplicar el Encaje Mínimo Legal (EML) a las cooperativas, el cual consiste en depositar el 15% de los pasivos (como los depósitos) de estas entidades financieras a una cuenta en el Banco Central que no paga intereses. En lugar del EML, hoy las cooperativas mantienen una reserva de liquidez también del 15% de los pasivos en el BCCR, con la diferencia que esa reserva se puede constituir con títulos valores que generan pagos de intereses a las cooperativas.
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Los bancos centrales modernos utilizan el EML como un mecanismo para que las entidades financieras mantengan una reserva mínima con el fin de garantizar la estabilidad financiera y prevenir crisis bancarias. Sin embargo, bancos centrales menos desarrollados usan el EML como un instrumento de control monetario, al disminuir el multiplicador del dinero que el BCCR pone en circulación. En el caso costarricense, el BCCR estableció el EML en el máximo legal permitido, el 15% vigente. Al ser depósitos que no generan intereses a las entidades financieras, el EML representa uno de los elementos que explican el margen de intermediación: la diferencia entre la tasa de interés que se cobra por los créditos y la que se paga sobre los ahorros.
El BCCR afirma que el objetivo de esta reforma es equiparar la cancha entre los intermediarios financieros, pues hoy los bancos son encajados y existen cooperativas que han logrado crecer en activos incluso por encima de algunos bancos. A pesar de ello, el efecto de la reforma es la eliminación de cerca de una tercera parte de los BEM emitidos. En palabras simples, la reforma le permite al BCCR disminuir el costo de controlar el crecimiento de la masa monetaria. Ese costo se está trasladando a las cooperativas, por lo que se esperaría un incremento en el margen de intermediación.
En dirección opuesta, el Conassif envió en consulta un reglamento para alivianar la regulación de las cooperativas más pequeñas, aquellas con activos menores a ¢80.000 millones. La idea de esta reforma es disminuir algunas exigencias en torno al gobierno corporativo de estas entidades, como por ejemplo los requisitos de idoneidad y experiencia para miembros de juntas directivas, normas para la gestión de riesgos de mercado, de tasas de interés y operativos, entre otros. También en la calificación de riesgo de estas cooperativas se flexibilizan algunos indicadores.
A cambio de esta flexibilización, se les estaría exigiendo a estas entidades un incremento del 2% en la suficiencia patrimonial, que es un indicador clave de la salud y la capacidad de resistencia de una entidad financiera ante situaciones adversas, y que sirve para respaldar sus operaciones y proteger a los depositantes y acreedores en caso de dificultades financieras. Estos dineros también generan un costo para las entidades financieras, pues si bien pueden ser invertidos en títulos valores, no es posible prestarlos para generar un mayor ingreso.
A pesar de lo anterior, principios y buenas prácticas internacionales como los del Comité de Basilea indican que la propuesta del Conassif podría ser más ventajosa para entidades pequeñas, que tienen un ámbito regional, una base de clientes más homogénea y una capacidad sistemática muy reducida. Por tanto, el mayor nivel de suficiencia patrimonial exigido resulta menos oneroso que las exigencias regulatorias que aplican a bancos nacionales, además de ser más efectivo para compensar la materialización de riesgos.
Ante estas políticas contradictorias entre el BCCR y el Conassif, cabe preguntase si es el EML la mejor opción para nivelar la cancha en el sistema financiero. Previo a aplicar estos cambios regulatorios, el BCCR debería comunicar la efectividad que el EML ha tenido sobre la política monetaria y su efecto sobre el margen de intermediación financiera.