El Dr. Constantino Urcuyo se refirió a la Reforma Laboral Procesal (EF, edición 948, del 1 de diciembre pasado) de forma poco afortunada, pues de una manera maniquea, establece una diferencia entre los que apoyan el texto que está en la corriente legislativa y quienes lo adversamos, es decir, entre reformistas inmaculados y malvados rupturistas.
Para justificar que la reforma es correcta, el Sr. Urcuyo parte de una falacia de autoridad señalando que el texto fue producto de los magistrados de la Sala Segunda. No dudamos de las buenas intenciones de los magistrados de la Sala Segunda, sin embargo, el proyecto contenía errores de los que nadie osó hacer oposición precisamente por ese origen de la reforma y, por el contrario, en el largo camino se le introdujeron cambios que provocarán el desequilibrio entre empresarios y trabajadores.
Este proyecto que da a luz a inicios de la década anterior, tuvo como objeto profundizar el garantismo a ultranza, sin considerar la evolución del modelo de desarrollo del país, que más que rigideces en el modelo jurídico laboral requiere de un proyecto que permita equilibrios y relaciones laborales de mayor flexibilidad, lo cual no implica recortar derechos.
Apoyar el proyecto de Código Procesal Laboral es sinónimo de apoyar la proliferación de las huelgas, que los sindicatos puedan cuestionar políticas públicas cuando sientan que se afecten los derechos colectivos jurídicos de sus afiliados y fomentar la impunidad ante huelgas ilegales, impunidad que existirá, a pesar de que el Sr. Urcuyo no lo considere de esa forma, pues aunque no soy abogado, el texto literal del artículo 384 del proyecto de ley se establece que luego de una declaratoria de ilegalidad de una huelga, los trabajadores tienen 48 horas para reintegrarse a la empresa sin ninguna consecuencia.
Apoyo a veto
El Poder Ejecutivo actúo responsablemente con el veto, pero se quedó corto, pues las normas que debió vetar probablemente eran de más de una decena, incluyendo la norma que permite extender las negociaciones colectivas a los trabajadores de obras en concesión. No entendemos cómo las empresas constructoras, y una gran parte del sector empresarial, no se han opuesto a esta y otras barbaridades. De hecho la Unión de Cámaras, que estuvo de acuerdo con ese proyecto de ley, hoy no lo está.
Estamos conscientes y de acuerdo con la necesidad de una reforma procesal laboral que introduzca la oralidad, facilite y acorte los procesos laborales, pero lo anterior no a costa de fomentar la irresponsabilidad y la impunidad.
Si las banderas reformistas implican populismo y demagogia, entonces me inscribo con los que don Constantino llama rupturistas, pues nos preocupamos por mantener los equilibrios sociales existentes, ante la ofensiva de aquellos que buscan imponernos un modelo chavista.
Dado que no soy un simple espectador como don Constantino, sino un actor que comprende lo que implica pagar una planilla, considero que el proyecto actual debería ser archivado y, de inmediato promover una ley procesal laboral que no esté sazonada con normas de derecho colectivo.