Sin grado de inversión

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Uno de los escenarios más probables para este año es la pérdida del grado de inversión en Costa Rica que Moody’s ha venido anunciando desde setiembre pasado; si bien la noticia no es nueva, la falta de accionar del Gobierno y el pronóstico de los bancos de inversión sobre el crecimiento del déficit fiscal sí lo son.

De acuerdo a JP Morgan, el déficit de nuestro país puede llegar a crecer 5,8% para el 2014, la deuda pública sería de $29.000 millones representando un 56% sobre el total del PIB. Esto ha comenzado a sonar las campanas de alerta en los bancos de inversión internacionales y las agencias medidoras del riesgo, situación que podría llegar a tener un efecto en cadena más alto del que se haya podido medir.

Analizando el impacto en el corto plazo, se encuentran instituciones internacionales de inversión que tienen como requisito mantener dentro de su estructura de portafolio instrumentos con un mínimo de grado de inversión de cualquiera de las agencias internacionales; estas instituciones serán las primeras en alertar el principio del fin de los dólares baratos en Costa Rica, al forzar las tasas de interés al alza, requerir mayores descuentos por los bonos y desencadenar salidas de flujos de divisa extranjera, encontrándonos con un tipo de cambio más volátil y con tendencia al alza.

Panorama de riesgos

Para el mediano y largo plazo se podrían encontrar entradas de flujos de capital especulativos de instituciones más interesadas en los aumentos de las tasas en colones (esto, si no refuerzan la ley con la reforma fiscal), inversionistas del corto plazo que aumentarían el nivel de riesgo, costos, volatilidad y rentabilidad del capital.

Si se consideran estos posibles escenarios, junto al resto del mercado financiero de Estados Unidos, el cual amenaza al alza en sus tasas de ahorro y con una política que desacelera –si no la economía, por lo menos los flujos de capital–, se terminará socavando el resto de economías en desarrollo, incluyendo a Costa Rica.

Se debe tomar participación activa en las decisiones que afectan las finanzas del país en el largo plazo, en relación con el gasto público y el nivel de deuda, para no tener que exponernos a estos escenarios que tanto daño pueden causar por simple postergación de responsabilidades.