El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, condujo al partido gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) a una cómoda victoria en la elección parlamentaria del país a comienzos de mayo. Pero gestionar la recuperación económica que necesita Sudáfrica probablemente sea una tarea mucho más ardua.
Es verdad, los bancos del país soportaron el estrés de la recesión de 2008-2009, y el Banco de la Reserva de Sudáfrica ha mantenido la inflación en un rango del 3-6%, aproximadamente, en los últimos 20 años. Pero una década de ingresos estancados, de creciente desempleo y de revelaciones seriales de irregularidades empresariales y corrupción oficial ha alimentado un descontento público generalizado. Poco sorprende entonces que el porcentaje de los votos recogidos tanto por el CNA como por su principal rival, la opositora Alianza Democrática (AD), cayera en medio de un marcado descenso de la participación y de un creciente respaldo de partidos nacionalistas de extrema izquierda y de extrema derecha.
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Es más, el nuevo gobierno liderado por el CNA tendrá poco espacio para ofrecer un estímulo fiscal. La deuda del gobierno aumenta como porcentaje del PIB, las calificaciones crediticias del país están bajo un escrutinio crítico y los enormes déficits en los balances de las empresas estatales están sobrecargando las finanzas públicas.
Por lo tanto, el plan de crecimiento del gobierno debe ir más allá de la ideología partidaria y de las ortodoxias estrechas del CNA. Debe hacer hincapié en la inversión del sector privado, acompañada de reformas políticas consistentes y creíbles, y también apuntar a una redistribución del ingreso. Y un acuerdo sobre los elementos esenciales de un plan de este tipo entre un amplio rango de líderes políticos y otros actores será crucial para el éxito.
Un programa de investigación financiado por el gobierno sobre el empleo y el crecimiento inclusivo, gestionado por la Unidad de Investigación del Trabajo y del Desarrollo de Sudáfrica, perteneciente a la Universidad de Ciudad del Cabo, recientemente delineó varias prioridades posibles. La idea central, según Ravi Kanbur de la Universidad Cornell, es una “gran negociación” que equilibre la creación de empleo y el crecimiento de corto plazo con reformas estructurales de largo plazo más profundas.
La inversión en infraestructura urbana y el desarrollo de las ciudades deberían ser prioridades inmediatas, porque la investigación sugiere que son una fuente importante de ascenso social y mejores niveles de vida. Mejorar la infraestructura y los servicios básicos exigirá una mezcla de financiamiento público y privado, así como una mejor recuperación de los costos para los servicios urbanos. Pero con un gobierno nacional encabezado por el CNA y tres de las principales ciudades de Sudáfrica gobernadas por la AD o una coalición, las tácticas políticas podrían frenar el progreso.
Acelerar la inversión en vivienda también es vital. Los planes de vivienda patrocinados por el gobierno y la mejora de los asentamientos informales deberían continuar, pero el principal potencial de crecimiento reside en aligerar las barreras a la inversión inmobiliaria privada y a un desarrollo cofinanciado. La vivienda urbana, la propiedad de tierras y el crecimiento asociado de las pequeñas empresas son vías importantes para mejorar la distribución de la riqueza y los estándares de vida de las familias. Estos requieren iniciativas conjuntas del gobierno, las autoridades municipales, las instituciones financieras y los desarrolladores.
La tasa de desempleo de Sudáfrica actualmente está por encima del 25% y la creación de empleos debe ser central para las políticas industriales y de desarrollo urbano del gobierno. La agricultura, el turismo, los servicios de reparación y mantenimiento y una industria que requiera una mayor mano de obra tienen potencial de crecimiento. Pero, como recientemente expresaron Jim O´Neill y Raghuram Rajan, las inversiones en áreas geográficas y en desarrollo comunitario tienen más probabilidades de generar productividad y ganancias empresariales más duraderas que un respaldo sectorial muy focalizado.
Empleo juvenil
El nuevo gobierno también debería considerar cambios regulatorios y medidas propicias para financiar el empleo informal y el crecimiento de las pequeñas empresas, y debería reforzar las políticas de competencia para contrarrestar el poder de mercado de los operadores establecidos. El propio Ramaphosa, por su parte, ha apoyado acertadamente una iniciativa de “servicio de empleo juvenil” liderada por las empresas: es necesario expandirla rápidamente como una asociación público-privada.
Al mismo tiempo que se ocupa de estas prioridades inmediatas, el nuevo gobierno también debe impulsar reformas destinadas a fortalecer la economía en el más largo plazo. Se destacan tres medidas.
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Primero, el mayor desafío de Sudáfrica es lograr que Eskom, su monopolio de electricidad integrado verticalmente, recupere su salud financiera. Las largas demoras en la restructuración del sector energético, el exceso de personal, los sobrecostos, las malas especificaciones técnicas en la construcción de nuevas centrales eléctricas alimentadas a carbón y las fallas de gobernanza sistémicas han llevado a la empresa estatal al borde de la bancarrota. Debe negociarse un refinanciamiento de gran escala, así como una reorganización empresarial que introduzca la competencia y los incentivos de mercado en el sector de generación de energía. Las tarifas de la electricidad deben aumentar, a la vez que es preciso ocuparse de las deficiencias en la recaudación de ingresos municipales.
La reestructuración que se necesita será compleja, costosa y contenciosa. Pero, si resulta exitosa, se habrá hecho un avance hacia el restablecimiento de la confianza en el gobierno y las perspectivas económicas de Sudáfrica.
Segundo, el próximo gobierno planea implementar gradualmente reformas del seguro social destinadas a ofrecer una seguridad de ingresos integral y una cobertura de salud universal. Estos cambios incluyen alteraciones en el equilibrio entre ahorros privados y acuerdos de seguro médico, y un financiamiento obligatorio de los beneficios reglamentarios. También implican modificaciones sustanciales en la manera en que funciona la redistribución fiscal. Sudáfrica abandonaría un financiamiento “presupuestado” de la ayuda económica en función de los ingresos para los pobres y el suministro público de servicios de salud para las personas sin cobertura, a favor de programas universales de protección de los ingresos y acceso a la atención médica financiados separadamente.
Estas reformas de largo plazo son necesarias para reforzar la solidaridad y reducir la desigualdad, y para complementar la urbanización y la modernización. Pero el desarrollo institucional que hace falta es enorme, y la secuencia de las reformas necesita una consideración cuidadosa.
Finalmente, el nuevo gobierno necesita revitalizar la educación, la formación y el desarrollo de capacidades. Gran parte de lo que hay que hacer está claro. Hay que enseñar capacidades de lectura básicas de manera apropiada en los primeros años, debe mejorarse la gestión escolar y debe reemplazarse el sistema de formación organizado sectorialmente y basado en aranceles por academias de habilidades responsables ante las cámaras empresarias y los empleadores locales. Se necesitan estándares y programas de estudios centralizados, junto con una mayor descentralización de la gestión para fomentar la responsabilidad y la adaptación a las necesidades locales.
Ramaphosa tiene una larga agenda de reformas económicas y una población impaciente por ver los resultados. Su decisión reciente de restablecer una unidad experta en coordinación de políticas en la oficina del presidente es una señal alentadora. Pero necesitará habilidad y destreza política para superar la corrupción y la inercia burocrática que retrasa la economía de Sudáfrica.