En una entrevista que presentamos en la edición anterior, el nuevo presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) plantea ideas interesantes sobre posibles cambios en la supervisión.
Entre ellas, un enfoque macroprudencial y una normativa organizada en función de dos áreas, la solvencia y el comportamiento de las entidades supervisadas, más que en función del tipo de entidad como el que prevalece hoy.
Organismos como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea han desarrollado estándares a nivel internacional, que son seguidos por la mayoría de los países, incluida Costa Rica. Es importante que nos mantengamos alineados con esos estándares, sin perjuicio de algunos ajustes que tomen en cuenta las particularidades del medio local.
En cuanto a la organización de la supervisión por áreas y no por tipos de entidades, entendemos que es una opinión preliminar y que el tema deberá discutirse. El sector financiero es muy sensible a cambios legales y regulatorios, por lo que es importante que los cambios sean cuidadosamente ponderados, comunicados e implementados.
La idea de concentrar la labor de los supervisores del sector financiero en el comportamiento de las entidades supervisadas debe precisarse también en cuanto a sus alcances, de manera que no lleve a un exceso de regulación, a mecanismos de regulación represiva o a duplicar competencias de otras entidades públicas, por ejemplo en materia de defensa del consumidor y competencia.
Además de los temas mencionados, debe señalarse que el Conassif tiene retos importantes desde el punto de vista de su organización y funcionamiento. Es imperativo que el órgano cumpla a cabalidad uno de los objetivos principales de su existencia, como es el de revisar, coordinar e integrar adecuadamente la normativa a partir de las propuestas que surgen de las distintas superintendencias.
La “Propuesta de plan de ruta estratégico para el desarrollo del mercado de valores de Costa Rica”, elaborada por la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial y presentada el pasado 22 de agosto, incluye algunas referencias al proceso de elaboración de la normativa y a la relación entre el Conassif y las superintendencias. Se reconoce que la conformación actual del Conassif es de alto nivel profesional y técnico –apreciación que compartimos–, pero a la vez se señalan limitaciones importantes, entre ellas: al proceso de expedición normativa le falta fluidez y eficiencia; no existe un proceso estandarizado y habitual para la expedición de normas, que incorpore fundamentos de conveniencia y costo/beneficio; se percibe que las reglas no son exigidas en forma regular y para todas las superintendencias en todos los casos y no se diferencia entre reformas estructurales y formales; se presentan dificultades para la expedición de normas transversales a todas la superintendencias; falta una mejor exposición de las motivaciones de algunos de los cambios regulatorios. Además, el informe sugiere un Conassif agobiado por insuficiencia de personal técnico de apoyo, por exceso de funciones y por el hecho de que sus miembros no son funcionarios a tiempo completo o al menos parcial. Según el informe, muchas de esas debilidades podrían solventarse con una mejor planificación estratégica y con medidas que son competencia del propio Conassif y del Banco Central, apreciación que también compartimos.
Es claro entonces que el Conassif y su nuevo presidente tienen grandes retos por delante, además de los posibles cambios legales y de enfoque en la supervisión.