Si las diferentes manifestaciones y resultados sociales a nivel mundial de los últimos años (Primavera Arabe, Brexit, la experiencia de Podemos en España y su efecto sobre el PSOE, el No en Colombia y los recientes resultados electorales de Estados Unidos) nos han dejado algo, es precisamente que los Gobiernos pueden pagar un alto precio por ignorar la voz de grandes sectores de la sociedad.
Los pobres, los jóvenes, las mujeres, los desempleados, deben ser considerados como una parte integral de cualquier agenda de desarrollo sostenible.
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No hay esperanza para una verdadera cohesión social cuando hay brechas evidentes entre los niveles de vida, las oportunidades y las expectativas de todos los miembros de una sociedad. Hay pruebas concluyentes de que un mayor crecimiento económico no lleva automáticamente a la disminución de la pobreza ni de las disparidades sociales.
Una sociedad más equitativa no va a surgir como un subproducto del crecimiento , al contrario, serían necesarias políticas explícitas o focalizadas que lleven los beneficios del desarrollo humano a los grupos excluidos o vulnerables. Los actores interesados tendrán que defender la equidad social per se y no solo como una consecuencia de otras metas públicas.
Muchos países han reconocido el riesgo que hay en perpetuar las injusticias de cara a un acelerado crecimiento mundial. Los peligros incluyen desde revueltas hasta el creciente gusto por la retórica mesiánica –que ha llevado a la derrota o por defecto a sorpresivas victorias de actores políticos–. La falta de confianza en las instituciones públicas, una menor adherencia a las normas sociales, la insatisfacción con el proceso democrático, todos ellos se ven afectados por nuestra capacidad (o incapacidad) para diseñar estructuras progresivas y redistribuir, no solo el ingreso, sino también el reconocimiento social.
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Las disparidades tienden a profundizarse y consolidarse. Conforme la desigualdad progresa, algunos grupos privilegiados tienden a renunciar a su participación en el proyecto colectivo. Después de pagar por servicios de salud privados, educación privada, transporte privado, hasta seguridad privada, pueden sentir que tienen poco en juego en cualquier empresa pública. ¿Cómo podemos esperar recaudar impuestos de la gente pobre que siente que no recibe nada del Estado y de la gente rica que siente que no necesita nada del Estado?
La reducción de la desigualdad requiere cambios estructurales en la manera en que se recaudan y gastan los recursos, así como en el diseño de las políticas públicas. Procesos más participativos, mejores consultas con la sociedad y, sobre todo, mejorar el monitoreo y seguimiento de políticas es esencial. Los gobiernos deben empezar a anticipar la evaluación desde el principio y deben asignar consecuencias a los resultados de estas evaluaciones. La búsqueda para una sociedad más igualitaria es también la búsqueda de un Estado más eficiente que propicie servicios de calidad a sus ciudadanos.
La desaceleración económica que actualmente enfrenta América Latina, y el riesgo que implica en términos de reversión de los logros alcanzados en materia de pobreza y desigualdad económica, es motivo de creciente preocupación. Sin embargo, la evidencia nos muestra que es imprescindible posicionar la agenda del progreso social como un factor esencial para la recuperación económica de la región, y en la construcción de un futuro de desarrollo equitativo y sostenible.
El carácter de este siglo estará determinado por los avances en materia de igualdad social, en volver a mirar a los ignorados. Ninguna otra transformación tendrá efectos tan profundos en el desarrollo humano inclusivo y sostenible. Se trata, por tanto, de una aspiración que concierne no solo a algunos, sino a toda la sociedad, a todos nosotros.
NOTA: La autora es economista y exviceministra de Planificación Nacional y Política Económica