Costa Rica es el único país en que, aunque estemos todos de acuerdo, nos tomamos hasta dos años y medio para aprobar un proyecto de ley.
Pues bien, no tenemos dos años y medio para resolver lo que ya es una auténtica crisis fiscal que luego se convertirá en económica y finalmente en crisis social.
Ya lo vivimos en los años 1979-1981, en que terminamos con más de la mitad de nuestra gente bajo la línea de pobreza.
Veamos algunos hechos.
El país requiere de una reforma integral que restablezca el balance fiscal y modernice la estructura de nuestras finanzas públicas. Nuestras finanzas públicas están al límite. De no actuarse pronto, habrá más impactos sobre nuestra clasificación de riesgo y, para seguir invirtiendo y cubriendo nuestros gastos corrientes, deberemos recurrir a financiamiento cada vez más caro, lo que nos empuja hacia una peligrosa espiral declinante.
Necesitamos más ingresos fiscales, pero estos deben estar acompañados de un compromiso de racionalizar el gasto, mejorar su calidad y productividad, sobre todo en lo social, y de una firme decisión de activar los mecanismos complementarios de inversión que la legislación permite: alianzas público-privadas, concesiones, sociedades públicas de economía mixta y fideicomisos especiales para seguir creciendo en competitividad, inversión y comercio.
El gobierno del PAC ha hecho una propuesta, y los demás partidos, en particular el PLN y el PUSC, con los que se alcanza una mayoría calificada del 67,67% en la Asamblea Legislativa, deberían presionar para que sus bancadas apoyen el avance del proyecto de ley.
Además de importante para su aspiración de gobernar el país, está claro que estos dos partidos, cuentan —en las personas de Edna Camacho y Édgar Ayales— con figuras importantes que en el pasado han hecho propuestas similares.
Alguna versión de esta propuesta les debiera ser muy aceptable. La propuesta actual tiene cuatro partes principales: reemplazar el anticuado impuesto de ventas con un Impuesto al Valor Agregado (IVA), mucho más moderno y adecuado a nuestra estructura económica actual; que se cobre a todos los productos y servicios —con tasa diferenciada— para proteger los productos de la canasta básica.
Contempla también una reforma al Impuesto sobre la Renta, para tasar las rentas y ganancias de capital, establecer el impuesto de renta para ciertas organizaciones que hoy no tributan, y un impuesto para los títulos valores que emitan.
Tiene además una valiosa regla fiscal que amarra el crecimiento del gasto a los niveles de deuda de la economía.
Por último, contempla una reforma al empleo público que toca los incentivos, la evaluación periódica por desempeño y fija topes a los salarios de lujo.
¿Es posible mejorar este proyecto de ley? Es mejorable, pero ante la duda de cómo estará constituida la próxima legislatura —más o menos atomizada, más o menos intransigente después la que ya es una dura campaña electoral— lo ideal sería dejarla avanzar por medio de los mecanismos de vía rápida que contempla el reglamento legislativo.
Pero no será así. El bienestar del país, su estabilidad fiscal, su capacidad de mantener la inversión y el gasto serán dejados de lado porque a los diputados y candidatos parece interesarles más el cálculo político.
Se darán muchas explicaciones: el proyecto no gusta por esto o aquello —se vale negociar—; que se puede mejorar y eso requiere tiempo; que el Gobierno no ha sido responsable al programarlo tan tarde, y más.
Todo ello tiene algo de cierto, pero nada es más importante que un resultado positivo para nuestro bien común.
¿Esperanza de que ocurra? Bajísima, pero nada cuesta soñar, empujar y esperar un verdadero milagro de Navidad.