Apenas ha transcurrido poco más de año y medio desde que comenzó esta Administración, y ya algunos comenzaron a agitar el tema de las candidaturas para el 2018, algo que no es otra cosa que una “evasión de la realidad” ante la sensación de impotencia que genera nuestro sistema político.
Gracias a una Asamblea Legislativa dividida en nueve minorías, y a las características de su reglamento, el Congreso costarricense perdió la capacidad de tranformar jurídicamente nuestra sociedad, una capacidad que no se expresa simplemente en la aprobación de nuevas leyes, sino en el impacto de las normas aprobadas. Aún así, la Asamblea Legislativa es el espacio constitucional, y por lo tanto inevitable, de cualquier reforma de largo alcance.
El Poder Ejecutivo, por su parte, luce muchas veces desorientado mientras continúa “descubriendo” los misterios de la administración pública y la política, pero es el Poder Ejecutivo y, de nuevo, inevitablemente tiene un papel central en el impulso de cualquier transformación.
A todo esto se suma el hecho de que si tomamos cualquiera de los grandes desafíos de nuestro desarrollo y lo valoramos a la luz de un déficit fiscal creciente del 5,9% del PIB y de un presupuesto que se financia en un 45,6 % con deuda, debemos admitir que la situación fiscal es el más inmediato y el que afecta y condiciona a todos los demás. Su atención es algo más complejo que un “subibaja” de impuestos o un recorte a la carrera de los gastos más evidentes, y requiere aplicar difíciles medidas administrativas y modificar leyes para que los resultados sean duraderos en el tiempo.
Es necesario que los diferentes sectores (laboral, empresarial y político) asuman la iniciativa y desde sus diferencias, discutan los aspectos básicos de la problemática, con el propósito de identificar aquello que les permita confluir en un espacio común.
Dicho esto, quiero recordar nuevamente que en setiembre de 2014, hace ya más de un año, Óscar Arias Sánchez propuso bajar el déficit fiscal en un 5% del PIB, en un plazo de 24 meses. De acuerdo con su planteamiento, tres puntos se obtendrían por la vía tributaria, y dos mediante una reducción del gasto público, equivalente a unos ¢600.000 millones en dos años.
El pasado 21 de diciembre, el diario La Nación reconoció en un editorial titulado “Una reforma fiscal integral”, que este es el camino posible.
Una propuesta vigente
Desde que el expresidente Arias planteó su iniciativa en setiembre de 2014, la crisis fiscal siguió agravándose, y ninguno de los que rechazó la propuesta original, incluido el Gobierno, fue capaz en ese mismo tiempo de plantear otras alternativas y de obtener resultados concretos. Se perdió el tiempo señalando culpables, y persiguiendo quimeras.
Por esta razón, Costa Rica debería retomar la propuesta de Arias, que precisamente partía de la necesidad de forjar un compromiso entre el presidente Solís y los sectores empresariales, laborales y políticos, en el que se identifiquen las medidas puntuales para lograr esa reducción del déficit, y se canalice el apoyo político necesario para aprobarlas e implementarlas dentro de un plazo razonable.
Como he dicho en otras oportunidades, entender que una negociación de esta naturaleza es posible, demanda superar la actitud parroquiana con la que vemos la política costarricense. Por eso, cuando hizo su planteamiento, Arias citó como antecedente la experiencia española de los Pactos de la Moncloa. El “Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía” y el Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política” se firmaron en el Palacio de la Moncloa en 1977 por el presidente Adolfo Suárez y los principales partidos de oposición, con el apoyo de las cámaras empresariales y los sindicatos.
En Iberoamérica, hay otros ejemplos de compromisos semejantes. El 2 de diciembre de 2012, los principales partidos mexicanos alcanzaron con el Gobierno, un pacto que firmaron en el Castillo de Chapultepec y que permitió aprobar e implementar una serie de medidas y transformaciones estratégicas.
Después de dos intentos fallidos de reformar el sistema fiscal y conscientes de que marchamos en dirección a un descalabro, es momento de anteponer el pragmatismo a la ideología, la sensatez a los egos, la madurez al revanchismo y la responsabilidad política a las agendas electorales.
Superar la crisis fiscal, al igual que cualquiera de las transformaciones estratégicas que el país requiere, demanda un pacto de estadistas donde no haya vencidos ni vencedores, entendiendo, desde el principio, que no se trata de promover un acuerdo contra el Gobierno, sino de un pacto por Costa Rica a ejecutarse en lo que resta de esta administración.
Tenemos recursos, expertos y diagnósticos, así que después de más de un año de parálisis, la entereza y la visión propias del carácter de un estadista, las encontraremos o no en la respuesta de los dirigentes sindicales, empresariales y políticos al llamado del expresidente Arias a construir y ejecutar el equivalente costarricense de los Pactos de la Moncloa.
A estas alturas, el rechazo o el silencio no demostrarán otra cosa que la indolencia y la inversión negativa de prioridades que nos mantiene varados y de espaldas al futuro.