A la fecha, el proyecto de Ley 19.497: Autorización para el Desarrollo de Infraestructura de Transporte mediante Fideicomiso aguarda su publicación en La Gaceta .
En general, la futura ley autoriza al Mopt, Conavi e Incofer para constituir fideicomisos con cualquiera de los bancos comerciales del Estado para financiar, construir, operar y dar mantenimiento la obra de infraestructura de transporte (de entrada establece una limitación importante).
También: permite que el sector público invierta en dichos fideicomisos. La Aresep está facultada para fijar el monto de los peajes siempre bajo el principio de servicio al costo, las expropiaciones se harán según la Ley de Expropiaciones (en la forma más expedita posible reza el artículo 13, como a modo de súplica), Setena deberá emitir las evaluaciones ambientales, etc. Hasta ahora, nada nuevo bajo el sol.
No estoy en contra del fideicomiso como medio para financiar obras de infraestructura, pero este texto refleja la tradicional timidez y falta de ambición del legislador tico y su afán de regular lo que ya está regulado. Por un lado, el fideicomiso es un contrato contenido en el Código de Comercio y desde hace ya tiempo, varias instituciones estatales, particularmente el ICE, han encontrado en el fideicomiso la manera de financiar sus obras. Entonces, ¿era necesario promulgar una ley de alcances limitados?
Tal vez sea llover sobre mojado pero se debería acabar con la moda de aprobar leyes de fideicomiso para cada obra de infraestructura que se requiera sujetándola a los vaivenes, intenciones y caprichos de los legisladores. Estos proyectos deben ser concebidos en mesa de trabajo, con una profusa estructuración técnica, financiera y legal que prevea eventuales contingencias.
La duda es, ¿por qué no aprobar normativa que impulse otros mecanismos? Tenemos, por ejemplo, las mal satanizadas alianzas público-privadas que han demostrado ser mecanismos valiosos en otros países para obras de infraestructura.
Aún hay sectores desinformados con profundos prejuicios hacia el sector privado y los tomadores públicos de decisiones prefieren evadir el tema. Privilegian que el Estado preste un servicio malo y costoso a que una empresa privada lo haga de forma más eficiente y barata, de ser posible. La empresa privada tiende a ser más eficiente porque asume los riesgos y es su dinero; en el sector público el fracaso lo asume el bolsillo de la población.
Otro punto a considerar: la Administración Pública se defiende alegando que está maniatada por la normativa. Dos lustros de experiencia me dicen que eso no es tan cierto porque la traba no está en las leyes per se ; ciertamente no son perfectas, pero sí tienen mecanismos que le permiten a la Administración Pública contratar o dar en concesión bienes y servicios con mayor agilidad.
La deficiente concepción del proyecto, el criterio del perpetuo “no”, la falta de rendición de cuentas y consecuencias para los funcionarios a cargo en caso de error y el creer que una ley lo resuelve todo son el problema. Piense en construir una casa. Hay que hacer un presupuesto detallado, los planos, permisos, materiales y un dinero extra por imprevistos. Esta planificación será mayor en una obra de infraestructura pública y es ahí donde se falla máxime si dependemos de otras instituciones igual de descoordinadas. Hemos sido testigos desde errores de miles de millones en el cálculo de metros en una calle, culminando con EL caso de estudio en cualquier facultad de Ingeniería de cómo NO hacer un proyecto: el famoso “puente de la platina”.
El siguiente paso es redactar un contrato con obligaciones claras, mecanismos de manejo de contingencias, plazos claros, sanciones razonables y una fiscalización detallada. No más carteles y/o contratos machoteros.
El fideicomiso es un excelente instrumento, pero mientras exista una burocracia con más excusas que soluciones la infraestructura no va a mejorar. Aprobemos las leyes que se nos ocurra, pero sin personal capacitado o sin herramientas adecuadas, seguiremos viendo cómo nuestros competidores regionales nos ganan en la carrera del crecimiento económico.