En la discusión sobre el funcionamiento del aparato estatal, la opinión mayoritaria suele concentrarse en los efectos visibles de su actuación. No es casual en la crítica hacia el Estado recurrir a expresiones que lo tildan de “ineficiente, lento, atrofiado, enmarañado, cargado de trámites, con prácticas anquilosadas, con poca o nula capacidad de innovar, sin rumbo”. Todos los días es posible ubicar alguno en el quehacer institucional.
Sin intención de menospreciar el análisis que focaliza su objeto en el conjunto, creo firmemente en la necesidad de hurgar y examinar al Estado desde adentro, desde sus entrañas, en su operación cotidiana. Soslayar esa dimensión investigativa genera que los diagnósticos sobre la gestión tiendan a reproducir los adjetivos calificativos de uso común y arribar a conclusiones que parecieran regla a la hora de explicar resultados negativos en la esfera pública: falta de personal, maraña legal, exceso de trámites, escasos recursos y débil coordinación interinstitucional, entre otros.
Sumergirse en este otro ámbito implica cuestionar aspectos relacionados con el uso y destino específico de los recursos públicos, sus resultados, cómo se planifica y se evalúa, cuáles son las consecuencias del incumplimiento, cómo se da seguimiento a lo planeado, cómo se coordina internamente y a lo externo, cuáles son las prioridades institucionales y sus responsables, qué medidas concretas impactaron la gestión en cada dependencia pública y qué resultados arrojaron.
Ubicar toda la atención en las grandes transformaciones del Estado hace perder de vista el detalle. De esta manera, es posible contar con una radiografía mucho más exacta de lo que es el Estado costarricense, sus fortalezas y virtudes.
Características
Pensando en borrador, podría afirmarse que un sector de nuestra administración pública, examinada internamente, comparte algunas características.
Una administración con poca creatividad e innovación, con escaso sentido de urgencia y que tiende a postergar decisiones, generando dificultades posteriores a falta de una decisión previa. Una administración que evalúa de la misma manera el rendimiento de sus instituciones. Da lo mismo que una entidad obtenga buenos o regulares resultados. Una administración que resiente la exigencia de mayores niveles de productividad, que revela una inusitada capacidad de actuación, particularmente cuando se ve compelida, ya sea por una emergencia, un escándalo público, una resolución judicial o la exigencia de un órgano de control.
Una administración que invierte una cantidad importante de su tiempo suministrando información a órganos de control, autoridades superiores, a la prensa, a organismos internacionales. Si a ello se suma la participación en comisiones, la asistencia a actividades protocolarias y los viajes al exterior, menor es el tiempo disponible para otras tareas. Una administración a la que le cuesta fijar prioridades, en la que el incumplimiento a los plazos establecidos se ha convertido en estribillo. A nadie sorprende ya que la fecha originalmente fijada para un proyecto, obra o programa deba aplazarse.
La reforma del Estado implica cambios estructurales, pero también debe transitar por la reforma administrativa, por los procedimientos, por la forma de gestionar y de tomar decisiones, por la capacidad de administrar de los jerarcas, por hacer evaluación de resultados y por registrar la calificación de los beneficiarios al servicio recibido.
Ciertamente, las autoridades gubernativas deben ocuparse de la correcta marcha de todas las entidades públicas, sin embargo, no vendría mal proponerse elevar a otro nivel de gestión una o dos instituciones por sector, durante un periodo determinado.
El impulso contundente al gobierno electrónico, a un nuevo modelo de gestión interno, a la simplificación al máximo de los trámites, a una administración por resultados, con plazos y objetivos claramente establecidos, contribuiría a ese propósito. Mientras aguardamos por las transformaciones de una jerarquía superior, cambios menores pueden coadyuvar a lograr impactos relevantes en la gestión y superar la inercia que anida en algunas instituciones públicas.