Necesitamos una reforma fiscal. Tenemos una gran cantidad de impuestos, que se han ido estableciendo a través de los años, algunos de ellos responden a viejos conceptos y, en general, su objetivo ha sido eminentemente recaudatorio; otros son producto de ocurrencias para financiar programas o entidades específicas.
El resultado es un sistema caótico, complejo, injusto, desproporcionado, falto de equidad, ineficaz, que afecta negativamente a las personas, al desarrollo, la competitividad, favorece el contrabando y la evasión en general. Es un sistema que tiene un costo de administración muy elevado, ineficiente e ineficaz.
Para realizar una reforma fiscal, como corresponde, el Gobierno debe efectuar un proceso de planeación estratégica, aprobar un plan y consensuarlo con las distintas fuerzas políticas para, posteriormente y de acuerdo con ese plan, elaborar los proyectos de ley con la participación de especialistas para contar con legislación clara, transparente, sencilla y fácil de aplicar por el administrador y el contribuyente.
El sistema de impuestos que sea aprobado debe constar de pocos impuestos, a tarifas razonablemente bajas. Se deben establecer declaraciones específicas y periódicas para que el Gobierno, con un elevado nivel de control a un costo bajo, logre una recaudación alta y disminuya al mínimo la evasión.
Para que podamos lograr una recaudación cercana al 100%, se debe ampliar la base impositiva a través del desarrollo de la economía y la universalización de los impuestos sobre los bienes y servicios y sobre los ingresos y las utilidades.
Todos debemos pagar los impuestos, debemos abandonar las prácticas nocivas de las excepciones y las exenciones, que conducen a tasas más altas. Los impuestos nos afectan a todos de alguna u otra forma, por lo cual debemos mantener firmeza ante los grupos de presión. La ayuda que debemos proporcionar a las personas o actividades menos favorecidas puede ser efectuada a través de la revisión de los salarios mínimos y mediante ayudas específicas del Gobierno.
Si todos los bienes y servicios, todos los ingresos y todas las personas, actividades y entidades lucrativas quedan gravados, daríamos un paso adelante en el fortalecimiento de la conciencia cívica y cultura del pago de impuestos, de todos los habitantes del país.
En forma errónea, las autoridades buscan solucionar los problemas de evasión a través de una legislación cargada de fuertes sanciones, de exigencias al contribuyente y contratando más policías fiscales y auditores, agravando la situación fiscal del país, sin lograr que todos paguemos los impuestos.
Cuáles sí y cuáles no
De los cuatro impuestos importantes en cuanto al valor de la recaudación, el de ventas y el de renta, tienen serias deficiencias, y el de los combustibles y el selectivo de consumo tienen efectos negativos desproporcionados y son nocivos para el desarrollo y la competitividad, por lo cual deben ser eliminados.
Algunos impuestos rayan en el ridículo, como los timbres de los colegios profesionales y otras entidades y, en algunos casos, el valor de emisión supera al valor de recaudación. Muchos otros son ocurrencias, como el timbre de educación y cultura, el impuesto a las sociedades, el impuesto a los casinos y los impuestos a la pesca.
Una revisión general de los impuestos vigentes, nos conduce a considerar que el sistema de impuestos debería estar conformado por los siguientes:
Impuesto al valor agregado, de alrededor del 8%, sobre todos los bienes y servicios; impuesto sobre la renta, con una tarifa de alrededor del 15% y todos los ingresos gravables; derechos arancelarios, arancel uniforme centroamericano; impuesto a la propiedad de vehículos, aeronaves, etc.; impuesto a las planillas para CCSS, Fodesaf, IMAS, INA y Banco Popular; impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y el impuesto de patentes, para las municipalidades.
Ese esquema, produciría una recaudación mayor que la actual, tendríamos un sistema solidario, justo y equitativo, produciría desarrollo y competitividad, habría un mejor control, disminuiría el contrabando y la evasión; tendríamos una legislación sencilla, clara, transparente y se eliminarían muchos trámites, en beneficio del Gobierno y de los contribuyentes.
Por supuesto que, antes de aprobar una estrategia como esta, se deben hacer cálculos detallados para estimar el valor de la recaudación y, si con ella, se satisfacen las necesidades de un Estado bien organizado y eficiente.