Una última legislatura para la próxima década

Al comenzar una nueva legislatura, los diputados y diputadas debemos de reafirmar nuestro compromiso al servicio de los costarricenses. Enfrentamos problemas, como el desempleo y el desbalance de las finanzas públicas, que han sido agravados por la pandemia, además de un Estado que necesita mejorar su gestión en beneficio de la ciudadanía.

Por eso, desde la Asamblea Legislativa, debemos continuar trabajando por brindar herramientas al Poder Ejecutivo para reactivar la economía, mientras que se articula un programa para estabilizar las finanzas públicas, incrementar la inversión, modernizar el Estado, proteger a las personas más vulnerables y reconectar al país con iniciativas internacionales de alto valor agregado. Me permito compartir algunas reflexiones al respecto.

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Construir puentes

El déficit fiscal continúa creciendo y la deuda pública excede los límites razonables. Ambos son factores estructurales que, de no ser atendidos con urgencia, agravarán aún más los altos niveles de desempleo, pobreza y desigualdad.

En consecuencia, es crucial que las distintas fuerzas políticas se propongan no descarrilar el trabajo hecho desde el Congreso por ganancia electoral, sino que planteen estrategias conjuntas y concretas que nos permitan navegar con éxito los desafíos de la próxima década.

El liderazgo que debemos demostrar los diputados desde la Asamblea Legislativa merece empatarse con un liderazgo claro desde el Poder Ejecutivo. De lo contrario, los niveles de polarización e incertidumbre seguirán creciendo y arriesgamos perder un año valioso para impulsar reformas ambiciosas.

Reforma del Estado

Modernizar y hacer más eficiente al Estado costarricense era una tarea necesaria antes de la pandemia y lo seguirá siendo después de esta. Por eso, es urgente aprobar la ley de contratación pública, con el fin de agrupar en un único marco regulatorio los procedimientos de contratación administrativa de todas las instituciones públicas para que sean más transparentes y eficientes.

Además, debemos discutir proyectos de ley que aborden el problema financiero de varias empresas del Estado. Si deseamos mejorar las condiciones de vida de los costarricenses, debemos discutir iniciativas de ley ya presentadas que buscan mejorar la tramitación y prestación de servicios estatales a la ciudadanía.

Combatir el desempleo

Los altos niveles de desempleo que afectan al país hacen urgente la aprobación de proyectos que reactiven la economía, como la creación de un fondo nacional de avales y garantías con alcances claros. También, debemos apostarle a mejorar la productividad de la economía nacional, incentivando el ingenio costarricense.

La innovación, ciencia y tecnología serán herramientas claves para diseñar políticas públicas y desarrollar iniciativas privadas que le permitan al país salir de manera más rápida y sostenida de la crisis. Por lo tanto, es prioritario que en esta última legislatura se dé un apoyo decidido a proyectos de ley en materia de transformación digital, emprendedurismo, ecosistemas empresariales, energías limpias, innovación e investigación.

Asimismo, considerando el aumento de la pobreza, debemos continuar fortaleciendo las capacidades institucionales y financieras del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social que funciona con pocas filtraciones, e incluso reflexionar sobre una posible universalización de su alcance. La importancia de este régimen será aún mayor durante los próximos años debido al agotamiento del bono demográfico y a las consecuencias de largo plazo de la pandemia.

Nuevos acuerdos

Debemos aprovechar el último año para fortalecer las bases socioeconómicas del país para la próxima década. En materia del gasto público, hay que mirar el conjunto del sector público y no solo al gobierno central. Los disparadores del gasto público no son rubros específicos de los presupuestos, sino reglas que permiten a las instituciones gastar sin responsabilizarse sobre sus ingresos.

No es, entonces, un problema solo de salarios, sino del gasto público como un todo, por lo que hay que revisar las competencias de esas entidades. Consecuentemente, debemos discutir con prontitud el régimen de gobierno de las empresas públicas que les permite actuar como empresas privadas y disponer libremente de sus utilidades, al margen del Estado y las prioridades nacionales.

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Adicionalmente, debemos discutir la inversión en infraestructura que, por su alta importancia, debería trasladarse a alianzas público-privadas o concesiones. Ciertamente, esto implica fortalecer la capacidad gubernamental de contratar y fiscalizar al sector privado para hacerlo bien. Para ello, la Asamblea Legislativa aprobó en su primera legislatura una reforma que presenté a la ley de concesiones para mejorar la fase de preinversión y establecer el mecanismo para el reciclaje y mantenimiento de activos. Este debe acompañarse de una lista real de proyectos posibles a concesionar.

En las finanzas públicas, por otra parte, el Congreso debe de comprometerse con una agenda de estabilidad fiscal. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los proyectos de ley relacionados, serán vitales para caminar en esa dirección. Es importante que dichos proyectos se discutan con visión y responsabilidad, velando que el ajuste fiscal trascienda la fecha de la primera revisión y desembolso del FMI.

Finalizar ingreso a la OCDE

Finalmente, hago un llamado para que prioricemos la incorporación del país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Esto beneficiaría al país de las discusiones sobre recuperación y reactivación económica en un contexto de post-pandemia.

El ingreso a la OCDE, además, contribuirá a las negociaciones que el gobierno estableció con el FMI, enviando un mensaje claro sobre la continuidad de la senda reformista que el país decidió emprender. Asimismo, envía un mensaje inequívoco a los inversionistas extranjeros sobre el tipo de Costa Rica que deseamos ser, mostrando confianza y seriedad, particularmente en momentos tan críticos como los que vivimos y en los que necesitamos una mayor inversión extranjera para generar más y mejores empleos.

En esta legislatura, se abordarán discusiones complejas, pero necesarias. Por eso, la Asamblea Legislativa deberá de demostrar un compromiso decidido con el diálogo y construcción de acuerdos.

Como Congreso, nos corresponde abrazar la oportunidad de mejorar la gobernabilidad del país y responder a las necesidades de la ciudadanía. En este caso, siendo la última legislatura de la actual Asamblea Legislativa, esa oportunidad es aún mayor si se prioriza el futuro del país.