En esta edición publicamos un amplio proyecto editorial que consta de dos partes. En la primera, se hace un diagnóstico de cinco temas identificados como prioritarios por 151 ejecutivos encuestados por Deloitte Costa Rica para EF: infraestructura para la competitividad, simplificación de trámites, seguridad, reforma del Estado y reforma fiscal. En la segunda, se precisan las acciones propuestas por los cinco candidatos con más posibilidad de ocupar la silla presidencial.
Los temas han sido el foco de discusión pública por muchos años, pero siguen sin atenderse como debieran. Los retos son claros: el país padece un déficit severo en infraestructura comparado incluso con países vecinos, el cual obedece no solo a escasez de recursos sino a incapacidad institucional para sacarlos adelante; los positivos avances de los últimos años en simplificación de trámites apenas recuperan lo perdido y están lejos de ser satisfactorios; la innegable mejoría en la seguridad ha traído nuevos problemas por saturación carcelaria; la reforma institucional que se requiere es compleja, excede una simple reducción de la planilla estatal, y seguir posponiéndola puede hacer que el sistema colapse por inoperante; el problema fiscal se agrava año con año, a pesar de que, según algunas mediciones, hacer negocios en Costa Rica soporta más cargas que en los países nórdicos, y la solución está vinculada tanto a un reajuste moderado de la carga tributaria como a la adopción de controles más efectivos y a cambios en el régimen de empleo público.
La respuesta de los candidatos es diversa, aunque también existen coincidencias. La propuesta libertaria consiste en oponerse a la creación de nuevos impuestos, apostar por la reactivación económica, romper monopolios y aprobar una nueva ley de electricidad. Se comprometen a la creación de 500.000 empleos en el sector privado mientras que decretarían una moratoria en el sector estatal, al tiempo que promoverían una Ley de Empleo Público con un salario único para las nuevas contrataciones. Profundizarían los alcances del Gobierno Digital; reformarían el MOPT y revisarían la desconcentración de sus órganos; impulsarían el mecanismo de la concesión; y mutaríamos hacia el parlamentarismo y un nuevo mecanismo de elección de diputados. En seguridad, darían énfasis a la prevención del delito, al uso del brazalete electrónico y a las penas alternativas.
La propuesta del PUSC se asemeja a la libertaria en cuanto a la contención del gasto público (salvo en infraestructura) y la cautela en materia tributaria, aunque favorece el IVA, así como en su apoyo a la concesión y al uso de sanciones alternativas en materia penal. A diferencia de los libertarios, Piza hace referencia expresa a la necesidad de reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa para mejorar la gobernabilidad. También busca crear ventanillas únicas, eliminar la discrecionalidad y mejorar la transparencia en materia de trámites y requisitos. Apoya el proyecto de ferrocarril y un metro para San José.
El liberacionista Johnny Araya propone una reforma tributaria integral, incluyendo la aprobación de una nueva Ley de Empleo Público que regule los pluses salariales y las pensiones, la adopción del IVA y la renta global, así como el impuesto sobre las ganancias de capital. Propone reformas puntuales al régimen de contratación pública, la Ley de Jurisdicción Constitucional, la Contraloría, el MOPT y el reglamento legislativo. Además, reforzaría el Gobierno Digital y procuraría un Estado menos complejo y mejores regulaciones para los negocios. Araya apuesta por los proyectos de infraestructura que el actual Gobierno dejó ya financiados, apoya el mecanismo de concesión y promueve el tren interurbano y el tranvía capitalino. Ve necesario la construcción de nuevas cárceles.
El Frente Amplio aboga por incrementar la carga tributaria y por nuevos impuestos de carácter progresivo sobre la riqueza y el consumo. No reduciría el personal en el sector público ni menciona una posible Ley de Empleo Público. Propone reforzar el “personal sustantivo” de la Administración para mejorar los servicios públicos. Está de acuerdo en avanzar sobre Gobierno Digital y buscaría una concentración de la coordinación interinstitucional desde Zapote. Pretende eliminar la ley de concesiones, que el MOPT retome la construcción de obra pública, y está de acuerdo en un tren eléctrico. En seguridad, favorece las penas alternativas y el uso del brazalete electrónico.
El PAC coincide en elevar la carga tributaria, pero acota que dicha reforma solo debe plantearse dos años después de haber iniciado el nuevo gobierno. El PAC está de acuerdo con el Gobierno Digital y con una reforma organizacional del Estado que nazca de la “iniciativa popular”. También favorece el mecanismo de concesión, aunque reformaría su ley; apoya el proyecto de tren eléctrico pero replantearía el debate de la concesión del puerto de Moín.
EF ha llevado adelante este esfuerzo de indagación, recopilación y síntesis para facilitarle al lector la toma de una decisión de cara a las elecciones venideras. Las propuestas son múltiples y variadas. Hay coincidencias pero también divergencias importantes. Es hora de asimilarlas, evaluarlas, contrastarlas y optar por aquella que mejor nos conduzca por la senda del crecimiento, la prosperidad y el bienestar general. Es nuestro derecho; es nuestro deber.