Carlos Cordero
La reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa tendrá un triple efecto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pues aumentaría lo que pagan de impuesto de la renta, ventas e inversiones, y esto a su vez llegaría a afectar el costo del crédito productivo.
En cualquier caso deberán tener una mejor gestión contable y realizar sus propios cálculos del impacto que la reforma tendrá en su negocio.
“En la mayoría de los casos sí se pagará más”, dijo Rafael González, socio de Deloitte, en el Desayuno Financiero realizado este 3 de noviembre sobre el tema Reforma fiscal 2011: desde la óptica de personas físicas y Pymes.
El especialista insistió que cada empresario debe hacer un ejercicio de “sensibilización”, donde hace cálculos para determinar cuál será el impacto específico sobre su negocio; identificar y tomar decisiones sobre las áreas y rubros más golpeados; y mejorar la forma cómo está llevando la contabilidad y los registros de todas sus operaciones. “Inevitablemente todos tendremos que vernos con Tributación”, advirtió.
Durante esta actividad se resaltó que en el debate que hay en el país no se está tomando en cuenta las consecuencias de la reforma fiscal sobre todos los sectores y, en especial, el que habrá sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pese a que este sector genera la mayor parte de la actividad económica y la mayoría del empleo.
El especialista indicó que la reforma –que incluye una gran cantidad de detalles- sí ayuda a esclarecer las empresas que son calificadas como Mipymes y realiza una serie de cambios en una gran cantidad de rubros, de los cuales los más importantes a considerar serán en impuesto de renta y de ventas.
Alerta roja en renta
Para las Mipymes hay dos cambios fundamentales que deben considerarse en impuesto de la renta.
González explicó que el primer cambio en esta materia es que el impuesto de renta se cobrará con base en las utilidades anuales y no sobre los ingresos.
Este sería un cambio positivo, pero la estructura que se propone podría afectar a las Mipymes.
De acuerdo al proyecto existente, un pequeño negocio deberá tributar 10% sobre las utilidades de hasta ¢ 4,8 millones.
Si la empresa tiene beneficios anuales de hasta ¢ 8,8 millones deberá pagar 10% sobre los primeros ¢ 4,8 millones y el 15% sobre el monto restante.
Y si la empresa tiene utilidades superiores a los ¢ 8,8 millones, deberá pagar 10% sobre los primeros ¢ 4,8 millones; 15% sobre los siguientes ¢ 4 millones; y 25% sobre el resto.
En el caso de los profesionales liberales –aunque están exentos de pagar hasta los ¢ 4,8 millones anuales- también deberán pagar en forma similar cuando se supera esa cifra.
De acuerdo a las estimaciones realizadas por González, de Deloitte, este esquema sí aumentará lo que se paga de impuesto de la renta en la mayoría de los casos.
Replica en créditos
“Uno de los aspectos negativos de la reforma es el incremento generalizado de la tarifa al 15%”, dijo González.
El especialista explicó que actualmente las inversiones tienen una carga del 8%, como en el caso de los certificados a plazo, y del 5% en las adquisiciones de acciones de empresas en la Bolsa Nacional de Valores y en las operaciones de los fondos de inversión.
La propuesta fiscal que discuten los diputados eleva el impuesto en ambos casos al 15%. Esto reduciría el incentivo a realizar este tipo de inversiones, por lo que los bancos incrementarían las tasas de interés y así compensar el efecto de ese tributo.
Para poder realizar esta compensación las entidades financieras podrían elevar las tasas de interés que cobran a los créditos, lo que afectaría también las carteras dirigidas al sector productivo y aquí a las Mipymes incluidas.
Ventas: clientes y servicios
La reforma fiscal incluye la propuesta de incrementar el impuesto de ventas al 14% sobre todo tipo de bienes y servicios, excepto en educación y salud donde sería del 12%.
Tal aumento normalmente se traslada al cliente o usuario, lo que afectaría en su capacidad de compra y a la demanda en principio.
Para las Mipymes y todas las empresas también implicaría pagar más por los servicios que contrata, por ejemplo en mantenimiento, seguridad, asesorías y otros más.
Asimismo las compañías se verán afectadas al tener que pagar más por el impuesto que se carga a sus compras de insumos (lo cual se contempla administrativamente como un crédito diferido).
Cuando la empresa establece el precio de venta al consumidor final y le cobra a éste, recibe el monto correspondiente por el impuesto de ventas (lo que es un débito diferido). La diferencia entre ambos será lo que debe pagar a la autoridad tributaria.
Todo esto implica una gestión cuidadosa para no perder dinero.
Asimismo, de acuerdo al especialista de Deloitte, al tener que pagar impuestos sobre los servicios que contratan, las empresas deberán evaluar cuáles de ellos deben seguir obteniendo vía outsourcing o de terceros externos, y cuáles se incorporan a la empresa con el personal necesario e incluyéndolo en planillas.