El siglo XX ha sido testigo del auge y crecimiento de las grandes empresas del ámbito tecnológico, conocidas como las Big Tech. Atrás quedaron las compañías ferroviarias del siglo XIX o la industria automotriz y de computación del siglo XX. Hoy el protagonismo lo toman empresas que ofrecen servicios e intangibles.

Este grupo de Big Tech lo forman cinco compañías: Amazon, Google, Facebook, Microsoft y Apple. Juntas acumulan una capitalización mayor que la economía alemana y suman el 22% del índice bursátil S&P 500 –que agrupa a las 500 mayores empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York–, según datos de la revista Forbes.

Números como estos y el poder que las Big Tech han acumulado durante los últimos diez años generan preocupación en sectores políticos y económicos estadounidenses e incluso en la Unión Europea.

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En Estados Unidos estas empresas están en el ojo público desde hace algunos años y enfrentan acusaciones y procesos por supuestas prácticas monopolísticas, bajo el marco jurídico del Sherman Act, una ley de finales del siglo XIX que busca evitar este tipo de prácticas.

Por su parte, las tecnológicas también tienen sus argumentos de defensa frente a estas acusaciones, pero buena parte de la población estadounidense considera que las Big Tech efectivamente han acumulado demasiado poder y existe cierto consenso entre republicanos y demócratas en la necesidad de hacer algo.

Mucho poder, pocos nombres

A finales de julio de este año, una audiencia en el Congreso de EE. UU. reunió a los CEO de cuatro de estas compañías: Tim Cook, de Apple; Sundar Pichai, de Google; Jeff Bezos, de Amazon; y Mark Zuckerberg, de Facebook, quien ya es un visitante recurrente en este tipo de interrogatorios.

La audiencia se dio en el marco de una investigación que lleva el Congreso estadounidense por presuntas violaciones en temas de competencia, aunque los cuestionamientos varían para cada compañía.

Por ejemplo, a Facebook se le cuestiona por la compra de otros competidores como Instagram, mientras las acusaciones contra Google tienen que ver con los acuerdos a que ha llegado para favorecer la posición predominante de su buscador y redirigir resultados de búsqueda a aquellas marcas o empresas que le pagan publicidad.

En el caso de Microsoft, la empresa ya había enfrentado un proceso similar a finales de los años noventa por la venta de su sistema operativo Microsoft Windows con el navegador Explorer, dejando sin espacio a otros navegadores. En ese momento, la compañía llegó a un acuerdo para cumplir algunas medidas.

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Según un estudio del Knight Foundation, un 77% de los estadounidenses cree que estas empresas acumulan un poder excesivo. Esta percepción impulsa, de alguna forma, las intenciones de intervenir al Big Tech por parte del sector político y gubernamental estadounidense, aunque también hay dudas de la naturaleza de dichas intervenciones.

“Son lo que en algún momento se decía que eran compañías too big to fail, empresas que son tan grandes que si fallan tendría efectos catastróficos en la economía, y detrás de eso hay una posición intervencionista en la que se dice que el Estado tiene que meterse a evitar que eso ocurra. Esa intervención ya sería una actuación con un corte político”, opinó Gabriel Castro, abogado especialista en derecho de empresa y de negocios del bufete Dentons Muñoz.

Justamente hace unos días se conoció una denuncia del Departamento de Justicia de EE. UU. contra Google, a la que se sumaron once estados.

Al gigante tecnológico se le acusa de crear acuerdos con Apple que frustraron competencia en los mercados de búsqueda y por supuestamente violar la ley al usar su poder de mercado para defenderse de sus rivales y dejarlos en desventaja para mantener su dominancia.

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El reto del Departamento de Justicia en este caso será probar la afectación a los usuarios por las prácticas de Google, a criterio de Mauricio París, abogado especialista en litigación, arbitraje y protección de datos.

“No queda tan claro de la lectura de la demanda el hecho de que se pruebe la afectación al consumidor. No hay quejas o denuncias presentadas por consumidores, el Departamento de Justicia dice que sí les afectan. La lógica que sigue el Departamento es que probablemente tendríamos mejores buscadores, mejor tecnología si hubiera más competencia”, explicó.

La demanda sienta un precedente en EE. UU., aunque en Europa la compañía ya enfrenta tres condenas por prácticas anticompetitivas y tiene 8.250 millones de euros en multas acumuladas.

La justicia europea también acusó recientemente a Amazon de violar reglas de competencia en su territorio, según informó la agencia AFP.

Las principales críticas que se le hacen a Amazon también en EE. UU. tienen que ver con su modelo de negocios, pues tiene la dualidad ser una plataforma de comercio electrónico para muchas marcas que a la vez comercializa sus propios artículos.

Esto implica que la compañía tenga datos de todos sus vendedores y pueda usarlos en su beneficio, creando sus propios productos y sacando a la competencia.

En la audiencia, Bezos dijo que tienen una política en contra del uso de datos de vendedores para su propio negocio, pero admitió que no podía garantizar que no haya sido violada.

Solo en EE. UU., Amazon obtiene cerca del 50% del comercio electrónico y ha tenido un crecimiento particularmente acelerado durante la pandemia por COVID-19. Según datos de Forbes, sus acciones han aumentado 60% este año y el precio por acción llegó a cotizarse por encima de $3.000.

Además, su fundador está considerado actualmente la persona más rica del mundo.

Mientras en EE. UU. la legislación persigue principalmente evitar monopolios, en Europa no es pecado la posición dominante de una empresa, pero sí se le suelen exigir condiciones o reglas de comportamiento frente a la competencia y a los consumidores.

El Sherman Act: vieja ley, principios perdurables

En 1890 el Congreso estadounidense aprobó el Sherman Act, la principal ley antimonopolio en ese país hasta el día de hoy.

Nació principalmente en respuesta al gran crecimiento y poder que estaban teniendo compañías ferroviarias en ese entonces.

La ley, llamada así en honor a su principal impulsor, el senador John Sherman, es en realidad bastante simple, pues posee solo dos secciones: la primera sobre la ilegalidad de restringir el comercio y la segunda en relación a los monopolios.

Si bien tuvo una actualización con el Clayton Act de 1914, los principios del Sherman Act guían hoy la discusión en torno a las grandes tecnológicas.

“Cuando hay una ley federal en Estados Unidos tiende a ser porque es un tema lo suficientemente importante como para que que se llegue a promulgar legislación”, comentó París.

Estos principios se aplicaron en el caso de Microsoft, pero también sobre la compañía telefónica AT&T que enfrentó un proceso por monopolio en los años ochenta y se llegó incluso a escindir la empresa en otras más pequeñas.

Como consecuencia, surgieron empresas telefónicas en diferentes estados y ciudades, pero con el tiempo estas empresas se fueron unificando hasta llegar a SBC Communications, que adquirió AT&T en 2005 y tomó su nombre.

Desde entonces la compañía ha hecho compras importantes como DirecTV en 2015 o Time Warner en 2018, según un artículo de Bloomberg. Y AT&T volvió a ser igualmente grande.

No obstante, estos antecedentes, ayudan a construir la ley, concuerdan los abogados. “El sistema de los EE. UU. tiene la virtud de ajustarse al tiempo con base en decisiones progresivas”, apuntó Castro.

Sin embargo, una diferencia importante del contexto actual es que ya no se habla de mercancías, sino de servicios.

Las Big Tech ofrecen servicios y productos intangibles no pagos (un buscador, una plataforma), en vez de físicos como en esos casos precedentes.

“La duda que se genera en algunas voces es si realmente hay que replantear la legislación para que se adecue mejor, y cómo puede ser monopólico un servicio gratuito. Pero lo importante no es el producto en sí, sino el servicio asociado”, comentó París.

Si bien son gratuitos en términos de que no hay un pago por uso, los usuarios de alguna manera pagan con sus datos y a estas empresas se les ha achacado usar estos datos en su beneficio, pero este tema no estuvo presente en la demanda del Departamento de Justicia contra Google.

“La pregunta que está en la cabeza de todo el mundo, salvo por quienes tengan una cuestión ideológica, es qué hacemos con esta preocupación de que haya empresas que tengan tanta importancia para mi vida diaria. Si el Estado tiene que meterse o no es una respuesta complicada”, afirmó Castro, al tiempo que añadió que pueden existir otras herramientas para proteger la competencia y a los consumidores.

En su defensa

El grupo de las empresas del Big Tech han apelado a una serie de argumentos para salir al paso de las acusaciones y los interrogatorios recurrentes en el Congreso estadounidense.

Entre ellos están que las regulaciones las pondrían en desventaja frente a sus competidores, especialmente chinos como Alibaba o Tik Tok, que no suelen enfrentar este tipo de procesos en su país.

También argumentan que las fusiones y adquisiciones no deberían importar siempre y cuando no se vea afectado el bienestar del consumidor, o que ofrecen servicios que revitalizan a pequeñas empresas y crean empleos.

Apple ha sido la menos atacada en este proceso, pero en su defensa ha dicho claramente que considera que no tiene una posición dominante en el mercado y que más bien enfrentan competencia de una variedad de compañías.

Precisamente un informe de la firma IDC muestra que para el tercer trimestre de este año Apple tuvo apenas el 12% de las ventas mundiales de teléfonos inteligentes y su participación viene a la baja.

Por encima de ella están las marcas chinas Xiaomi y Huawei y la coreana Samsung, líder de la tabla con un 23% del mercado.

Sin embargo, estos argumentos parecen insuficientes frente al aparente consenso que existe entre demócratas y republicanos por regular de alguna manera el negocio, a pesar de que el presidente Donald Trump les achaque su apoyo a los demócratas, según declaró días después de las elecciones.

Futuro político

La llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden y la conformación de las Cámaras del legislativo estadounidense no cambiará el rumbo de esta discusión, pues el pensamiento económico trasciende los tiempos de la política tradicional.

Sin embargo, a lo largo de la campaña el demócrata se mantuvo alejado de la polémica sobre la industria tecnológica.

Un reciente artículo del MIT Technology Review menciona que Biden ha sugerido que está en desacuerdo con lo “amistoso” que se volvió la administración Obama con Silicon Valley, pero al mismo tiempo las compañías de Internet están entre los principales donantes de su campaña política contra Trump.

El domingo 8 de noviembre, posterior a los resultados que le aseguraron la mayoría del Colegio Electoral, Biden publicó en su sitio web la agenda de su administración. En ella, incluyó el tema de tecnología, pero habló de expandir el internet de banda ancha y no de regulaciones al Big Tech, según menciona el artículo del MIT.

“Creo que si EE. UU. es congruente con la tradición que ha tenido, tendrá que tomar algunas medidas con la regulación de estas empresas”, considera París.

¿Y en Costa Rica?

Cómo estas medidas podrían afectar a los usuarios finales es difícil de predecir. En todo caso, Castro considera que las empresas tomarían previsiones para minimizar los posibles efectos negativos, como la pérdida de funcionalidades.

Ahora bien, en Costa Rica existen leyes sobre el tema como la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que establece principios básicos y las conductas sancionables.

Dicha ley sufrió una reforma en 2012 en el marco de la entrada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues el organismo recomendó fortalecer a las autoridades de competencia e introducir el control previo a las concentraciones.

La autoridad nacional en este tema es la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), mientras la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) es el ente sectorial.

La Coprocom trabaja en cuatro temas principales: prevenir prácticas anticompetitivas, como acuerdos entre competidores para imponer precios, el abuso de una posición de dominio, el control previo y la abogacía por la competencia. Este último incluye hacerle saber al Estado cuando está restringiendo la competencia, contó Victoria Velazquez, directora de la Comisión.

Las sanciones en el país varían dependiendo del infractor, pero pueden llegar a ser hasta de un 10% de sus ventas. Además, intervenir para dividir una empresa solo es posible en el caso de concentraciones que se hayan hecho sin pasar por la Coprocom, por lo que la autoridad obliga a deshacer esa compra y volver al estado previo.

Asimismo, el campo de aplicación de la ley les da a las autoridades potestad sobre empresas extranjeras pero puede haber limitaciones.

“Siempre que las conductas tengan efecto en el país nosotros tendríamos potestades. Puede haber un tema logístico si no tiene representación en el país, pero depende de las empresas”, dijo. Y añadió que actualmente tienen en investigación casos de empresas arraigadas en el extranjero que han respondido a la solicitud de información.

Claro está que compañías como las del Big Tech plantean retos importantes a autoridades de competencia en todo el mundo, por el tamaño y la naturaleza de las mismas.

“Ese tema tecnológico sí ha hecho que muchas autoridades de competencia estén analizando cómo está cambiando la forma en la que operan las agencias. Tenemos que prepararnos para poder enfrentar este tipo de situaciones”, aseguró Velazquez.