Luego de dos años, el permiso de IBW Comunicaciones (que opera bajo la marca Japi) para dar servicio de Internet inalámbrico en el país sigue en un limbo, lo que limita las decisiones y oportunidades de negocio de la empresa.
La compañía tiene una concesión de frecuencias por parte del Poder Ejecutivo, pero la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) considera que ese permiso no puede extenderse para dar el servicio de Internet.
Este no es un conflicto aislado, refleja el problema que afronta el país para clarificar el uso del espectro radioeléctrico y que afecta el clima de negocios del mercado.
Recientemente, esta situación sacó del juego a la compañía en el primer concurso del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), que ganó Telefónica para llevar Internet y telefonía fija a cinco comunidades del distrito de Pacuarito, en Siquirres de Limón.
“La empresa posee una situación jurídica incierta en su título habilitante (permiso para usar el espectro radioeléctrico), por lo tanto su oferta no es elegible”, dice el informe elaborado por el Banco Nacional, que administra el fideicomiso de Fonatel, y que tomó en cuenta el análisis de Sutel que certificó a los oferentes en el concurso.
“Estamos en la misma situación que hace dos años. Lo mantienen en el congelador (el proceso de investigación) porque no tienen caso”, dijo James Tracy, gerente de IBW Costa Rica, quien no descartó que la empresa tome medidas legales luego de agotar los procedimientos con el ente regulador del mercado de telecomunicaciones.
Contra el clima de negocios
Tracy explicó que la situación genera incertidumbre en los usuarios del servicio, pero también en los inversionistas que se mantienen activos en los mercados de Guatemala y El Salvador, donde también opera la firma.
Por ello, el desarrollo de una red de Japi con cobertura nacional se ha frenado en Costa Rica. El alcance de la red se mantiene en estado de pausa en la Gran Área Metropolitana (GAM) y algunas zonas como Guápiles, Limón, a la espera de una resolución.
Rowland Espinoza, viceministro de Telecomunicaciones, omitió referirse al tema. “Es un administrado (IBW) y está (el caso) con un trámite administrativo pendiente”, dijo el jerarca.
Por su parte, Maryleana Méndez, presidenta del Consejo de la Sutel, confirmó que el procedimiento administrativo sigue abierto, pero que ya está en la agenda del Consejo para su estudio esta semana (pasada para el lector). Recientemente, la Contraloría General de la República emitió un informe sobre la situación de IBW.
“El informe establece que es parte de nuestra competencias la actuación en este tipo de casos”, dijo Méndez, quien aclaró que el documento fue declarado confidencial por el ente regulador.
Empero, Méndez explicó que hay una consulta sobre el espectro radioeléctrico y las concesiones ante la Procuraduría General de la República que está pendiente. El pronunciamiento tendría aplicación en el caso de la situación jurídica de IBW para prestar el servicio de Internet.
Problema país
El limbo que enfrenta IBW es parte de la crisis que enfrenta el Estado por la revisión y el uso del espectro radioeléctrico, conocido también como el oro de las telecomunicaciones.
Otro ejemplo que salió a relucir recientemente es la duda que generó el anuncio del ICE que operará una red 4G, con tecnología LTE, en la banda de 2.6 MHz. Según la Sutel, esta frecuencia no está asignada para brindar servicios de telefonía móvil en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).
Para Juan Manuel Campos, consultor de la firma Ciber Regulación, es una situación delicada porque no genera un buen clima de negocios en el sector de telecomunicaciones. “Es una incertidumbre grave que puede afectar a los clientes, la cual debería resolverse en el menor tiempo posible y tomar una resolución”, añadió Campos.