A varias instituciones les está costando entender el peso de las telecomunicaciones en el país; la urgencia de contar con la infraestructura para que los operadores brinden acceso, cobertura, calidad y servicios de alta velocidad; y cómo llenar los vacíos legales que lo permitan.
Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones, dice que para el final del año quedarían concluidas –“siendo positivos”– al menos cuatro de casi una decena de gestiones que se impulsan para atender los problemas de infraestructura en telefonía móvil e Internet.
Así el 2017 terminaría con la reforma a los reglamentos para instalar la infraestructura en zonas protegidas y en terrenos en áreas rurales donde “los dueños” solo tienen un derecho de usufructo o de posesión, no de propiedad.
También el Ministerio de Hacienda podría establecer los montos que deben pagar los operadores para usar terrenos públicos. Y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) podría emitir la directriz para que se contemplen canales y la reinstalación de redes de telecomunicaciones en las obras públicas.
Estrada dijo que la posibilidad de utilizar la infraestructura del Instituto Costarricense de Ferrocarriles ya se resolvió con la emisión del reglamento que se necesitaba para tal fin.
En los pendientes quedaría la necesidad de definir qué se haría cuando se inicie la ampliación de la ruta 32 , que podría dejar al país prácticamente desconectado de Internet. También el problema con 22 municipalidades que ponen obstáculos para instalar torres de telefonía móvil; algunas ni siquiera dan audiencia para recibir al viceministro.
Queda aparte la instalación de radiobases celulares en azoteas de edificios, una situación mucho más compleja.
“En términos generales, las telecomunicaciones son un tema que por primera vez deben abordar”, dijo Estrada. “Con las municipalidades son decisiones políticas, de desconocimiento de resoluciones jurídicas existentes y de resistencia de las comunidades”.
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Factores
La industria también es positiva y reconoce avances y esfuerzos, en especial del Viceministerio, para atender las situaciones.
La solución a la amplia cantidad de problemas depende de muchos factores, pero sobre todo de entendimiento.
“Urge un cambio de actitud”, señaló Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
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El primer factor que afecta es el desconocimiento de muchos funcionarios de diversos entes sobre la relevancia, el papel estratégico para las empresas de distintos sectores y el peso en la economía de las telecomunicaciones.
Las estadísticas del Banco Central muestran que las telecomunicaciones son, junto con servicios y con banca y seguros, la actividad de mayor crecimiento anual (7,6% en el 2016) y de mayor aporte al incremento del Producto Interno Bruto.
Además, para todos los sectores, las telecomunicaciones son claves, tanto para las operaciones internas de las empresas como en su relación con los mercados.
En segundo factor , derivado de lo anterior, es que para muchos entes no es su prioridad resolver, actualizar y modernizar simples reglamentos o procedimientos administrativos que faciliten el desarrollo de la infraestructura para telecomunicaciones.
En tercer elemento , es la crónica falta de agilidad para sacar las resoluciones administrativas y los reglamentos requeridos.
El cuarto factor son los mitos urbanos (como de los supuestos efectos en la salud de las torres de telefonía móvil) y el desconocimiento sobre la composición del mercado de telecomunicaciones, hoy conformado por una amplia diversidad de operadores y no solo uno.
El quinto factor es la misma impericia de las autoridades de telecomunicaciones, como se demuestra en el caso del urgente reglamento de uso compartido de infraestructura.
La Superintendencia de Telecomunicaciones ha tenido que enviar tres veces el proyecto de ese reglamento desde 2015 a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.
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