Un reciente informe de la firma consultora International Data Corporation (IDC) dice que América Latina alcanzó el índice más bajo de instalaciones de software pirata de la última década. La noticia es buena, pero no es todo lo feliz que se quisiera.
Solamente en Centroamérica, los programas sin licencia superan el 74%, lo cual equivale a unos $518 millones. En Costa Rica, la penetración del software no genuino es menor que el promedio regional, pero sigue dominando con un 59%.
En una plática con David González Nares, director de Antipiratería para Microsoft Latinoamérica, dijo que en más de un 35% del software espurio se han encontrado archivos dañinos. Además, nos habló de cómo mejoran las políticas estatales y de las metodologías que se aconsejan a las empresas.
Tal es el caso de la Gestión de Activos Digitales o SAM (Software Asset Management) que permite entender lo que se tiene instalado, validar las licencias y hacer mejores compras.
Como en la apología socrática, el problema no es un asunto de leyes, sino de hombres. El estudio revela que, aun cuando algunos estados cuentan con buena legislación antipiratería, falta mucho por hacer para impulsar prácticas públicas y privadas que mejoren la ética corporativa y ayuden a cumplir la ley.
En mi práctica profesional, lo he escuchado casi todo para justificar por qué no se cuenta con programas originales en las empresas. El argumento más frecuente es que sobrepasan el presupuesto. No obstante, el riego de daño es mucho mayor del que se cree.
Casi siempre, se habla del peligro de la pérdida de información producto de un archivo pernicioso, pero pocas veces se escucha hablar de la pérdida de reputación que sufre una empresa cuando esto sucede.
Ambas causan un daño incalculable, pero solamente la primera es subsanable de manera tecnológica.