La Defensoría de los Habitantes llamó la atención a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) por su incapacidad para operar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y no poder reducir la brecha digital en el país, a pesar de existir $210 millones para combatirla.
Por ello, la entidad apoya la propuesta del Gobierno de establecer obligaciones específicas en los títulos habilitantes de las compañías de telecomunicaciones para agilizar el desarrollo de proyectos.
Lo anterior se desprende de un informe, emitido por la entidad el 1 de julio, basado en la consulta a la Sutel, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
"Después de todo el análisis realizado, la Defensoría considera que la Sutel no ha sido capaz de cumplir con la tarea encomendada por la Ley General de Telecomunicaciones en materia de servicio universal y ejecución de Fonatel y, por lo visto, durante este año 2013, muy probablemente no se ejecutará alguna obra importante", se destaca en el informe de 18 páginas.
La Defensoría no pudo identificar dónde está el "cuello de botella" que impide activar Fonatel, pero criticó que las compañías presentaran observaciones al primer cartel del proyecto que se licitó y cuyo concurso se declaró desierto.
Para la entidad, los operadores y proveedores de servicio no deben determinar los servicios que se prestarían con Fonatel, así como las condiciones de las licitaciones, con el objetivo de evitar que las iniciativas se "acomoden" a sus intereses.
Apoyo al Ejecutivo
El informe cuestiona que la figura para le ejecución de los proyectos de Fonatel sea la licitación. Esto debido a que el modelo que se utiliza solo reconoce a los operadores el déficit que genera la prestación de servicios al costo.
Por ello, la Defensoría ve con buenos ojos la propuesta del Gobierno de establecer obligaciones específicas a los operadores para la ejecución de proyectos con Fonatel en el título habilitante (permiso para usar el espectro radioeléctrico).
En este sentido, en el informe se recomienda iniciar un procedimiento para determinar si es posible imponer al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la obligación del fortalecimiento del proyecto Cerrando Brechas, del Ministerio de Educación.
Empero, la Defensoría considera que se debe valorar una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones en caso de que la Sutel no logre consolidar un sistema de ejecución eficiente y efectivo de Fonatel en corto plazo. La propuesta de la entidad es trasladar esta tarea al ICE.
El 28 de junio, Claro y Telefónica e IBW presentaron ofertas para llevar servicios de Internet y telefonía a siete comunidades en Pacuarito de Limón, en el segundo concurso que lanzó Sutel.
El informe fue remitido a la Asamblea Legislativa.