La introducción de sistemas electrónicos de compra para asegurar un mayor nivel de información y transparencia, es uno de los mecanismos más exitosos en el combate contra la corrupción.
Su implementación debe incluir un aumento de la gobernabilidad y la aplicación de la ley, de acuerdo con Mark Willcock, gerente de proyectos para América Latina en el Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgos (GovRisk).
La organización británica se especializa en el entrenamiento y asesoría en la lucha contra la corrupción, contra el lavado de dinero en contrataciones públicas.
Willcock lidera el primer seminario que GovRisk brindará en Costa Rica para profundizar en las mejores prácticas internacionales para prevenir, detectar, investigar y procesar casos de corrupción en las contrataciones de obras públicas.
¿Cómo definir la corrupción?
Como el abuso de poder para beneficio personal. Este abuso puede ocurrir, por ejemplo, cuando un funcionario público lo utiliza para adjudicar un contrato –o manipula la adjudicación de un contrato– a cambio de un favor o dinero (soborno).
¿Qué otros métodos son los más utilizados?
El soborno, fraude, los conflictos de interés, la manipulación fraudulenta de licitaciones y ofertas colusorias de los proveedores (colusión), entre otros.
¿Tienen cifras de cómo se mueve el tema de la corrupción en América Latina?
Cuantificar la magnitud de la corrupción con precisión absoluta es imposible. Según el Instituto del Banco Mundial (WBI), se estima que en el mundo se gastan más de $1.000 millones anuales solamente en sobornos, el Centro de Recursos Anticorrupción U4 estima que el 25% del PIB de los estados africanos se pierde cada año en corrupción, lo que suma un total de aproximadamente $148.000 millones. Incluye desde sobornos hasta contratos inflados.
¿Es una práctica común?
Se dice que en algunos países existe un estado de corrupción política desenfrenada conocida como cleptocracia (que literalmente significa “el gobierno de los ladrones”) con la contratación pública en el centro del problema.
¿Entonces, la corrupción en la contratación pública es la más dañina?
Si se piensa en términos de costo, más que en frecuencia, sí. Afecta tanto la eficiencia del gasto público como la eficacia de los recursos provenientes de donantes. Genera desperdicios y en última instancia, afecta la calidad de los servicios y las oportunidades para mejorar la calidad de vida.
¿Cuáles son las opciones para hacerle frente a los casos de corrupción en las contrataciones públicas?
Lo mejor que un país puede hacer es incrementar la percepción de que los actos corruptos serán detectados. Para lograr esto, se requiere una estrategia efectiva de prevención, y a la vez, que la alta gerencia “se ponga en sintonía”; es decir, los esfuerzos de prevención fallarán a menos que los altos mandos de la organización –pública o privada– estén sinceramente comprometidos para combatir este flagelo.
¿Cómo se maneja el tema de prevención?
Existen tres grandes miradas a la prevención. Primero, la imposición reforzada que se refiere a la capacidad de detección, investigación, procesamiento y sanción que tiene un país; segundo, el desarrollo de procesos y procedimientos de contrataciones más inteligentes que sirvan para limitar las oportunidades de corrupción. Digo inteligentes y no estrictas, porque deben servir como medida de control, pero sin paralizar las compras –un fenómeno muy recurrente en la región–; y por último, mejor gobernabilidad, particularmente en cuanto a la independencia y eficiencia jurídica.
¿Medidas de éxito?
El entender mejor el uso de la metodología de “indicadores” permitirá estudiar qué medidas anticorrupción son más efectivas. Mejoras de los sistemas de contratación, un mejor y mayor nivel de información y transparencia a través de la introducción de sistemas electrónicos de compra, el aumento de la gobernabilidad y la aplicación de la ley son algunos de los mecanismos que más éxito han tenido en el combate contra la corrupción. Se debe tener en cuenta, además, la introducción de sistemas que incentiven y faciliten reclamos de contratistas y proveedores. Los informes de gestión sobre los organismos públicos son otra de las medidas de éxito.
¿De qué se trata el curso que van a desarrollar en Costa Rica?
Se analizarán casos reales de corrupción y fraude que son reconocidos internacionalmente como “historias de horror”, pero que reflejan la realidad de lo que ocurre en muchos países. A través de su estudio, los participantes podrán entender mejor cómo operan los corruptos y qué hacen para burlar los sistemas de supervisión y control en Costa Rica.
¿Qué resultado pueden esperar los participantes?
A través de un estudio más a fondo de los mecanismos de corrupción durante las diferentes etapas del proceso de contratación de obras pública, y de un mejor entendimiento del problema, los participantes estarán mejor preparados para ser más efectivos al enfrentarlos y también para aplicar mejores sistemas y mecanismos para disminuir las oportunidades de corrupción que azotan a la contratación de obras públicas.
¿Cómo eligen los casos para exponer en los seminarios?
Los casos que se presentan están basados en la experiencia personal de los expertos de GovRisk que han trabajado en estos temas por muchos años en diferentes países y regiones del mundo y son reconocidos internacionalmente por su profesionalismo y amplio conocimiento del tema.
¿Por qué seleccionaron Costa Rica?
Por la fuerte asistencia y alto nivel de interés demostrado por los funcionarios públicos de Costa Rica durante la realización de un foro en esta materia que llevamos a cabo en la ciudad de Panamá el pasado setiembre.
¿Cuando impartirían en Costa Rica el seminario?
Si se concreta a tiempo, se espera realizar el seminario en junio de 2014. Los interesados pueden escribir a mark.willcock@govrisk.org.
Nombre: Mark Willcock.
Formación: Economista y Politólogo.
Edad: 30 años.
Estado civil: Soltero.
Trayectoria profesional: Gerente de proyectos para América Latina en el Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgos (GovRisk).