Costa Rica emprende un empapelado camino hacia la apertura y la transparencia de su gobierno.
Nunca antes hubo tantas herramientas para transparentar todos los procesos de las instituciones, tampoco fue tan urgente hacerlo como ahora.
Con la invitación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Costa Rica se ve obligada a trabajar en orden y a facilitar información sistematizada.
Mientras las presiones internacionales para abrir las puertas de par en par son cada vez más fuertes, el país se ahoga en un mar de procedimientos de papel.
Por segunda vez en los últimos cuatro años, y con un retraso considerable, los mandatarios prometen navegar con fuerza y contracorriente para lograr un gobierno más abierto en el 2017.
Una tarea titánica que implica convencer a cada funcionario y a cada mando medio del país no solo de la necesidad de usar la computadora para digitalizar sus procesos, sino de entregar esa información libremente a quien la pida (y a quien no la pida).
¿Se dará de frente esa necesidad de apertura con la realidad burocrática del país?
En parte, eso fue lo que pasó con el Plan Nacional de Gobierno Abierto pasado, en el que solo un 17% de las metas se cumplieron a cabalidad, según la evaluación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) a la que Costa Rica se unió en el 2012.
Es también lo que el país tendrá que demostrar en los próximos dos años, según la estrategia que presentó este miércoles 20 de mayo el Ministerio de la Presidencia en conjunto con Abriendo Datos Costa Rica, organización de la sociedad civil.
Abanico de insumos
Es la primera vez que las organizaciones sociales y el Gobierno empezarán a trabajar, desde cero, en el nuevo plan nacional.
Aunque eso parece satisfacer al Gobierno y a las organizaciones, no dejan pasar la oportunidad para aclarar que no siempre estarán de acuerdo.
“En algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no”, dijo la encargada del proyecto de Abriendo Datos Costa Rica, Susana Soto.
Abriendo Datos Costa Rica se encargará de hacer talleres en todas las regiones del país para recoger las necesidades de la gente.
A su vez, Presidencia conformará un Consejo Nacional de Gobierno Abierto, con participantes de todos los sectores, y recogerá los insumos de las instituciones.
Aunque todavía no es parte formal del proceso, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco) ya desarrolla una norma para certificar y ser una guía de portales de datos abiertos para las entidades públicas.
Lección aprendida
Abrir al Gobierno significa volverlo más transparente, que los ciudadanos puedan acceder a datos como la ejecución del presupuesto en su municipalidad o el avance en las obras viales prometidas, todo de manera sencilla y útil: es esencial que los ciudadanos se apropien de esa información y la puedan usar.
Un propósito que no quedó claro en el plan anterior, evaluado por el investigador independiente Israel Aragón para la AGA.
La estrategia 2012-2014 mezcló objetivos propios de Gobierno digital o electrónico, que no es lo mismo que Gobierno Abierto.
Volver más electrónicas a las instituciones incluye el desarrollo de páginas web, de ventanillas electrónicas o de uso de redes sociales; parámetros que el investigador recomienda dejar por fuera para el próximo plan, aunque su cumplimiento está retrasado.
Sí es indispensable retomar la Ley de Acceso a Información Pública, que está en la Asamblea Legislativa desde el 2013 pero que no ha tenido mayor avance.
Para la viceministra Zúñiga, este es un tema prioritario. La Sala Constitucional, por ahora, resuelve muchos de los problemas de acceso que podrían evitarse con una normativa específica.
Solo en el 2014 se presentaron 13 recursos de amparo semanales relacionados con el acceso a este derecho.
También es esencial abrir el presupuesto público en una plataforma en la que la gente pueda ver cómo se gasta el dinero de sus impuestos.
La apertura de datos de las instituciones públicas también es indispensable, pero se quedó perdida en el tiempo.
El portal único de datos abiertos ( datosabiertos.gob.go.cr ) recoge a entidades cuya última actualización se realizó hace más de tres años.
Entre el cambio de administración y la indefinición del futuro de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, que dirigía el proyecto y que ahora está dentro de Racsa, el portal terminó por caer en el olvido excepto por algunas instituciones como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y la municipalidad de Palmares.
Zúñiga explicó que el portal volverá a reactivarse, pero que se debe renovar el contrato con la empresa Junar, que implementa el software .
Para Aragón, lo más importante es que esa información no se quede solo en la publicación, sino que, en el proceso, se eduque al ciudadano para que sepa cómo utilizarla.
También el desarrollo de un índice de transparencia para las instituciones deberá incluirse en un próximo plan, según señala el informe de la AGA.
“El índice es solo un instrumento pero se ha probado que puede mover a la acción de manera significativa”, dijo Aragón.
La recomendación general del reporte es que se incluyan a todos los actores sociales posibles.
“El próximo plan debería involucrar a más grupos de la población, como la sociedad civil fuera del área metropolitana, el sector privado y las municipalidades”, se afirma en el documento.
Pilares
Transparencia: rendir cuentas mediante portales abiertos y divulgar la información de manera proactiva y fácil de digerir.
Utilidad: los datos deben ser útiles para la toma de decisiones de los ciudadanos. Por ejemplo, se pueden desarrollar aplicaciones con los horarios de los trenes o guías de las ventanillas en las que se deben realizar ciertos trámites.
Involucramiento: educar a la población y llamarla a participar en los procesos. El ciudadano debe ser un aliado para conseguir los objetivos.
Empoderamiento: los ciudadanos deben ser los primeros que exijan esta información pero para hacerlo deben saber que existe la disponibilidad. Desarrollar campañas de divulgación es necesario.
Fuente AGA.