Se trata de vacunarse ante una posible enfermedad.
Ese es el camino que tomó el Gobierno para mitigar las posibles consecuencias legales para el Estado que generaría que Claro y Movistar no puedan cumplir con la cobertura y los parámetros de calidad que exige el contrato, debido a trabas para colocar su infraestructura en los municipios.
En diciembre pasado, la presidenta, Laura Chinchilla, y el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Alejandro Cruz, firmaron un acuerdo ejecutivo para abrir una “ventana de estudio técnico” de las condiciones que ambos operadores tienen para desarrollar sus redes.
El análisis permitirá al Poder Ejecutivo determinar si los cambios que tuvieron que realizar las telefónicas en el plan de ingeniería –para desplegar sus redes por la normativa particular de cada municipio (como usar postes o vallas para colocar equipos en lugar de torres o cambios en la ubicación de las radiobases)– amerita una modificación del contrato.
Para ello, la evaluación de las fases de desarrollo de la red queda congelada por un periodo máximo de un año. Lo anterior no implicará que las compañías telefónicas frenen el despliegue de la infraestructura en el 2014.
En este periodo, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) tendrá un plazo de cinco meses y dos semanas para realizar un informe técnico que incluirá, por ejemplo, la revisión de los parámetros de calidad y los mecanismos de medición. Luego, el Viceministerio de Telecomunicaciones analizará el estudio para emitir una recomendación al gobierno a más tardar en diciembre.
“Se busca brindar las condiciones necesarias que aseguren a la industria de telecomunicaciones continuar con su expansión geográfica, de cantidad y calidad de servicios”, explicó Rowland Espinoza, viceministro de Telecomunicaciones.
Espinoza destacó que el estudio técnico de la Sutel y el análisis de la experiencia internacional permitirán tomar una decisión que no perjudique la cobertura y calidad del servicio que reciben los suscriptores.
Se consultó a la Sutel sobre el tema, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Asunto legal
Claro y Movistar firmaron el contrato con el Gobierno en mayo del 2011 y seis meses después iniciaron la operación comercial.
El contrato con el Gobierno exige a las compañías brindar cobertura al 95% de las zonas pobladas del país en tres etapas que concluyen en el 2016. También a brindar calidad en el servicio medido mediante niveles de intensidad de la señal, por ejemplo, -85dBm en las carreteras primarias y secundarias de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Empero, los operadores debieron enfrentar la autonomía municipal y modificar el plan de ingeniería para desarrollar las redes, cuando algunos impidieron colocar torres municipalidades o establecieron condiciones específicas para instalarlas.
En la actualidad, 12 municipalidades carecen de un reglamento para colocar radiobases. Este es caso de la municipalidad de Tibás, en San José, cuyo normativa está en fase de consulta.
Jorge Abadía, director de Movistar, comentó que a más de dos años de operación no se pueden instalar torres en algunos cantones de la GAM. “El criterio de calidad que está en el contrato de concesión es muy exigente y muy complicado cumplir”, añadió.
Víctor García, director de Regulación de Claro, comentó que el problema es un tema de ingeniería. “Hay que ajustarse porque no se dieron las condiciones para poner la infraestructura en los lugares que se tenía planificado. Se tuvo que recurrir a soluciones creativas como vallas, radiobases en azoteas y celdas móviles dar una experiencia de calidad”, dijo.
“No hemos logrado invertir lo que queríamos, pero hemos invertido al doble del costo”, añadió.
Ambos ejecutivos aseguran que la cobertura de sus redes ya es nacional (algo que debían cumplir en el 2016) y que los usuarios tiene una buena experiencia al usar el celular para llamar y navegar por Internet.
Empero, todavía enfrentan problemas para instar torres en la GAM (la etapa que debe estar lista) y tuvieron que modificar el diseño original de la red en algunas zonas. Esto impide en algunos lugares emitir la potencia de la señal que exige el cartel.
Asunto legal
Para los operadores, el acuerdo ejecutivo se traduce en una muestra de seguridad a la inversión por parte del Gobierno.
El cumplimiento de la primera etapa, que cubría la GAM, debía ser verificada por la Sutel en julio del 2012, pero el plazo se extendió con una prórroga (que solo se puede conceder una sola vez) a este mes de enero.
“Es un primer paso hacia el camino de la seguridad jurídica que requiere el sector y, a su vez, es un reconocimiento de las obligaciones que tiene el Estado de Costa Rica para facilitar la inversión en el desarrollo de infraestructura”, agregó García.
El incumplimiento de las exigencias del cartel (como la intensidad de la señal) expone a Claro y Movistar a sanciones e incluso la rescisión del acuerdo. Empero, también puede implicar un problema para el Estado, si esta imposibilidad se debe a fallas en el clima de inversión.
Para Juan Manuel Campos, consultor de la firma CiberRegulación, el país convocó a una licitación pública que atrajo inversión extranjera, pero el Estado no fue capaz de otorgar los permisos para desplegar la infraestructura. “Si ellos (Claro y Movistar) no tienen responsabilidad porque el Estado no cumplió, tienen la posibilidad demandar al Estado por incumplimiento contractual”, explicó Campos.
“El Estado tuvo que valorar todas las condiciones para lanzar una licitación y no se debió excluir el tema municipal”, añadió.
A esto se suma que las redes celular de las compañías deben crecer según el aumento de suscriptores y la llegada de nuevas tecnologías como 4G LTE, lo cual implica su ampliación y, por lo tanto, más permisos municipales.
Clima celular
La primera concesión del mercado celular ha estado marcada por problemas para instalar torres y la intervención de la Sala Constitucional.
Mayo, 2011
Claro y Movistar firman el contrato con el Gobierno para para brindar el servicio celular en el país por un periodo de 15 años, el cual puede ampliarse 10 años más.
Noviembre, 2011
Los nuevos operadores inician la comercialización de sus servicios en Costa Rica. El mercado celular se abre a la competencia con tres actores, que incluye al ICE.
Marzo, 2012
Claro y Movistar pidieron y obtuvieron una prórroga para cumplir con los plazos del desarrollo de la red celular, ante las trabas en el país para instalar las radiobases.
Mayo, 2012
Setena detuvo la entrega de permisos para torres, tras la admisión de una acción de inconstitucionalidad y se congeló el plazo de la prórroga.
Enero, 2013
Corre el plazo de la prórroga de un año para entregar la primera fase de la red, luego de que la Sala creó un precedente que obliga a las municipios a dar permisos.
Diciembre, 2013
Gobierno firma acuerdo ejecutivo para añadir parámetros para medir la calidad y congela temporalmente la evaluación de las fases de desarrollo de las redes.