El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) es el foco del más reciente episodio de una relación distante y conflictiva entre el Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
La tensión se genera por la necesidad de tener logros para presumir y levantar la imagen en la fase final de la administración Chinchilla, que tiene la cartera vacía para invertir en proyectos sociales y de infraestructura.
Zapote enfrenta un ente regulador que actúa bajo principios técnicos, con cautela y al ritmo de la administración pública para ejecutar los $200 millones de Fonatel. Hasta la fecha, ningún Gobierno ha tenido esa cantidad de recursos para gasto social.
A la presidenta Laura Chinchilla le quedan 20 meses del calendario para dejar Zapote y quiere tener en su informe de labores un proyecto que reduzca la brecha digital y que brille por la magnitud de cobertura e impacto en un sector clave para el país.
Quizás por ello, Alfio Piva, vicepresidente de la República, advirtió a la Sutel que el primer proyecto que financiará con el Fonatel no cumple con las expectativas. “Ni siquiera hay un horizonte de concreción del uso de los fondos para los importantes propósitos para los que fueron creados, más allá de un pequeño proyecto piloto”, enfatizó durante la inauguración de la feria ExpoTelecom la semana pasada.
La expectativa de la administración Chinchilla es conectar y mejorar el acceso con Internet al cien por ciento de las escuelas y colegios del país al 2014.
“El Gobierno ha puesto como primera prioridad el proyecto Cerrando Brechas (del Ministerio de Educación) en el sector educación, el cual necesitaría de un despliegue muchísimo mayor que un programa piloto”, explicó Alejandro Cruz, ministro de Ciencia y Tecnología (Micit).
Una meta que se queda corta con el primera iniciativa que planea ejecutar Sutel con el Fonatel. Esta daría cobertura de Internet y telefonía fija a seis comunidades de Siquirres, en Limón, que incluye conexión gratuita a centros educativos y de salud y el establecimiento de un centro comunitario inteligente.
Otra discrepancia es la población que se beneficiará. Maryleana Méndez, miembro del consejo de la Sutel, dijo que se dará acceso a la gente que carece de Internet y telefonía fija o están subconectadas (tienen servicio de voz, pero no de datos).
La Sutel también quiere llegar a poblaciones excluidas del plan de desarrollo de la red de Claro y Movistar. Una medida que evita desestimular la inversión en zonas donde la empresas (incluida el ICE) podría llegar con propios recursos.
El Gobierno, por su parte, no toma en cuenta zonas. Su prioridad es mejorar la conectividad del sector educación en general desde un primer momento.
“El 93% de las escuelas y colegios están conectados, pero bajo circunstancias muy diversas y no todas con condiciones de conectividad adecuadas”, dijo Cruz.
Viejo problema
Para Juan Manuel Campos, abogado de la firma consultora Ciberegulación, las declaraciones de Piva muestran, una vez más, los problemas de comunicación entre el Gobierno y la Sutel.
Una relación que ya había evidenciado problemas con el lanzamiento de la licitación para el ingreso de las nuevas compañías telefónicas y ordenar el espectro radioeléctrico.
En ambos casos, la Contraloría tuvo que intervenir para hacer fluir los procesos.
“Hay una dicotomía entre lo que el Gobierno quiere y lo que se está haciendo. Hay un reclamo del Gobierno porque no se está ejecutando lo que ya hace un año se había comunicado formalmente en el Acuerdo Social Digital”, explicó Campos.
Un hecho que reconoce Cruz. “Es necesario aterrizar en un diálogo que ponga sobre la mesa las diferencias y coincidencia de los proyectos para obtener una visión y política de Estado”, dijo el jerarca.
Por su parte, Maryelana Méndez, miembro de la Sutel, manifestó que en el problema influye la falta de definición del Gobierno.
“El tema crítico era la priorización. Teníamos que empezar por algún lado. No se puede empezar todo simultáneamente”, dijo Méndez, quien dijo que buscaron acercamientos individuales con los ministros, sin resultados, antes de lanzar la propuesta técnica de priorización de Fonatel.
“Es una propuesta objetiva. Es un primer proyecto que no riñe con las prioridades del Gobierno. Damos conectividad a las escuelas, centros comunitarios inteligentes y de salud. Ha faltado explicación y diálogo para que se vean reflejados”, agregó.
Empero, los números rojos del Gobierno complican aún más la falta de comunicación. Hay unos $200 millones guardados en el banco, mientras se deben recortar los presupuestos para la inversión de capital en el 2013 y se debe recurrir a fondos externos (eurobonos) para financiar parte del déficit del Gobierno.
“El Acuerdo Social digital está permeado de una coyuntura política. El Gobierno tiene que presentar obra y está a menos de dos años de terminar el mandato y enfrenta una crisis de imagen”, manifestó Campos.
A esto se agrega un tema de imagen y rendición de cuentas. Carlos Gallegos, consultor de Ernst & Young, dijo que es difícil explicar que existen millones de dólares en un fideicomiso ganando intereses cuando hay necesidades. “Aquí hay que entender que Fonatel tiene un fin específico (por ley): reducir la brecha digital y solo pueden ser usado por operadores. Los fondos no pueden usarse directamente para educación y salud”, añadió.
Despacio, hay prisa
Para los miembros de la Sutel, el proceso se lleva al ritmo que corresponde y debe tomarse en cuenta que el Fonatel se nutre de recursos hasta junio del 2011, cuando se recibió el pago de Claro y Movistar por operar en el país.
“Si no existieran los $200 millones, el Fonatel no llamaría la atención de ningún gobierno”, dijo Lorena Vázquez, exdiputada que participó en la creación de la Ley de Telecomunicaciones .
Antonio García, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, opinó que no se pueden gastar “alegremente” recursos públicos. “En algunos países los fondos no se pueden ejecutar porque no existe un plan nacional de banda ancha o bien por faltaba de un modelo de gobierno que coordine los ministerios”, dijo García. Para él, el país se ubica en el segundo grupo y requiere una figura que asuma ese papel.
Una figura, que en el caso del sector de telecomunicaciones, ha estado ausente y que representa un reto para Alejandro Cruz, quien lo asumirá en enero en enero. Un papel que parece empezó a ejercer la semana pasada, comprometerse a mejor la comunicación con Sutel.
Empero, el Gobierno y Sutel deben enfrentar los tiempos de la administración pública. La Contraloría estudia una apelación al cartel para contratar la unidad ejecutora del Fonatel y el nombramiento de su director está en manos de la Procuraduría.