Una nueva iniciativa para legislar las tecnologías y la forma en que deberá funcionar el gobierno digital se enfrenta a un escabroso camino y corre el riesgo de morir en el proceso.
Una de las amenazas es la autonomía que tienen los gobiernos locales al tomar decisiones, tema ausente dentro de la propuesta de Ley de Tecnologías y Gobierno Digital (No. 19112).
El artículo 170 de la Constitución Política contempla este derecho y amenaza con traerse abajo la propuesta.
El proyecto reza, en el artículo 18, que una Agencia Nacional de Tecnologías Digitales formulará directrices en materia de desarrollo de tecnologías que serán vinculantes para el sector central y descentralizado.
Los miembros de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa apenas empezaron a analizar los artículos pero coinciden en que es indispensable que las municipalidades participen, por medio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en la creación de una posible Agencia.
Alicia Avendaño, directora de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, señaló que la autonomía municipal debe respetarse pero que, aún así, debe haber alguna forma de alinearlas al proceso de digitalización.
“Ustedes saben que cada municipalidad tiene su libertad, las instituciones autónomas también, entonces no hay una definición completa de una institución que pueda orquestar en las áreas tecnológicas del Estado”, dijo Avendaño durante una audiencia en la Subcomisión.
Según la directora, las municipalidades en este momento deciden si quieren o no utilizar la tecnología que recomienda el Gobierno desde la Secretaría.
Precisamente este ente sometió a revisión el proyecto de ley antes de que fuera presentado a la Asamblea Legislativa y dio su recomendación.
Durante la audiencia, los diputados se cuestionaron si la ley debería continuar tal y como está en la corriente.
Para el diputado de Liberación Nacional, Ronny Monge, el proyecto debe eliminarse y se tendrá que volver a redactar por completo, pues considera que sus carencias son más evidentes que sus aportes.
Según su criterio, dejar de lado la potestad de los gobiernos locales para tomar sus propias decisiones es un problema medular.
En el tema de las carencias coincide Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana, para quien el proyecto debería tomar en cuenta los esfuerzos realizados por la Secretaría Nacional de Gobierno Digital.
Además, la agencia se debería gestar con la participación de todas las universidades, opina.
“Solo se toma en cuenta a algunas. Deberían estar presentes todas ellas”, comentó la diputada.
El PUSC, asegura, podría redactar una nueva propuesta en caso de que la actual sea insostenible a nivel técnico.
El presidente de la subcomisión, Javier Cambronero (PAC), defiende la iniciativa siempre que se le hagan modificaciones mínimas.
“Hay que ver el tema de la autonomía municipal con mucha cautela”, aceptó el diputado.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología también tramita un decreto que fundirá a las once comisiones de gobierno digital en una sola.
Aunque ambos procesos se llevan a cabo de manera paralela, aún no ha existido diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea.
Peticiones
Las municipalidades, por su parte, exhortaron al Gobierno Central a a respetar su autonomía y a capacitar a los mandos medios de las instituciones públicas.
Así lo confirmó a EF la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), que no solo se preocupa por el tema de la autonomía sino que señala urgencias mayores.
“Yo no estoy seguro de si con crear secretarías y entes de mayor jerarquía se logre permear hacia abajo en las municipalidades”, comentó Leonardo Campos, coordinador de Incidencia Política de la UNGL.
Según su criterio, aunque una comisión exija el uso de programas y tecnologías, si no existe un convencimiento pleno desde los gobiernos locales, los esfuerzos seguirán cayendo en saco roto.
Las municipalidades protagonizan el contacto más directo con los habitantes y suelen ser el rostro de las trabas administrativas para crear empresas y otorgar permisos de construcción.
Es precisamente este el problema que pretende resolver el llamado “gobierno electrónico”: facilitarle al usuario su relación con la administración pública.
Si todas las instituciones que están detrás de estos procesos fallan, los ciudadanos y las empresas suelen responsabilizar a los gobiernos locales, dijo Campos.
Es necesario, entonces, que todas estén alineadas.
También es urgente para ellas que se capacite a los mandos medios de las instituciones y se haga un proceso de convencimiento antes de empezar a dar órdenes para utilizar un programa u otro.
“Otras iniciativas han fracasado, ¿por qué está vez sería diferente?”, comentó Eugenia Aguirre, integrante de la UNGL.
Cambios
El proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa requiere de transformaciones, entre ellas:
Autonomía municipal. Los diputados creen que se debe ser cauto en respetar la normativa.
Software: el proyecto deberá definir si se utilizarán programas con código libre o propietario.
Agencia: los legisladores consideran que se debe revisar si la agencia cobrará por sus servicios.
Fuente Subcomisión Ciencia.