“Necesitamos un regulador que saque las manos del mercado, pero no los ojos”.
Con esta frase, una de las principales redactoras de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), la exdiputada Lorena Vásquez, resume el panorama actual de ese mercado en el país.
Es un reclamo cada vez más frecuente entre los operadores del sector, que le piden a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que libere las tarifas para que sea el mercado el encargado de definirlas.
Mientras tanto, la Sutel insiste en la necesidad de realizar un estudio para justificar esa decisión.
Investigación que empezará a aplicarse en marzo, según la presidenta del Consejo de la Sutel Maryleana Méndez y tomará en cuenta datos de los operadores, indicadores propios y encuestas a usuarios.
Por el momento, el ente regulador define el techo máximo de todas las tarifas, pero no el piso. Así, los operadores pueden ofrecer precios bajos para los usuarios de nivel adquisitivo menor, pero tienen menos libertad para crear ofertas o segmentar a los públicos con mayor poder de compra.
Esa limitación, alegan los operadores, va en contra de la libre competencia, que debería ser promovida por el regulador.
“Si la imposición de un tope de tarifas está limitando la creatividad comercial, entonces está afectando la competencia”, dijo Elías Soley, abogado que se especializa en telecomunicaciones.
Si la Sutel llega a determinar que el mercado tiene las condiciones para la competencia efectiva, dejaría de fijar ese precio máximo y las operadoras podrían ofrecer paquetes diferenciados.
Al menos ese es el argumento más frecuente de las operadoras, pero ¿cómo se comporta el mercado cuando se abre a la competencia efectiva?
Los beneficiados
Cuando un mercado se abre a la competencia efectiva (sin un regulador que establezca las tarifas), es usual que los operadores ofrezcan menores precios para atraer a los usuarios y luego tiendan a subirlos, explicó el economista Carlos Arguedas, de la Universidad Nacional.
“Así ha sido en América Latina en las telecomunicaciones. Descubrís que al final el consumidor termina pagando precios más altos”, comentó Arguedas.
En Costa Rica, sin embargo, existen múltiples normativas y organismos “muy activos” que protegen los derechos de los consumidores, aclaró el economista.
La Ley de la Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (No. 7472) impide la exclusión de los usuarios de distintos servicios, por variables como el precio, por ejemplo.
Además, el papel del regulador es precisamente vigilar que la competencia se mantenga en condiciones efectivas. Deberá intervenir en caso de notar prácticas anticompetitivas.
El usuario final, para los especialistas, resulta beneficiado de manera directa e indirecta.
Al poder diversificar sus planes según el poder de compra de sus clientes, las operadoras tendrán mayores posibilidades de rentabilizar su inversión y ofrecer mejores servicios por medio del aumento en la calidad.
“Reforzar con paquetes más VIP, por decirlo así, cubriría los gastos que hacen en bajar los precios para obtener una mayor participación en el mercado”, explicó Arguedas.
¿Excepción o norma?
La LGT salió a la luz en el 2008, un año antes de que se abriera el mercado de las telecomunicaciones a la competencia y tres antes de que entraran los nuevos operadores de telefonía móvil.
El espíritu del legislador, dijo Vásquez, estaba muy claro: la intervención de la Superintendencia en las tarifas debía ser “una excepción y no la norma”, aunque siempre debería mantener sus ojos sobre los operadores, vigilante de que sus prácticas no perjudiquen la competencia.
Al principio, el mercado era pequeño y los legisladores acordaron que el regulador fijaría los precios porque querían evitar que los servicios se volvieran a monopolizar.
Desde entonces han pasado siete años, la cantidad de suscripciones se incrementó en un 127% y los precios del servicio de Internet fijo han bajado casi un 50%.
Además, las diferentes operadoras han ido ganando cada vez más participación en el mercado.
Pero la discusión no avanzó mucho en los últimos dos años. En parte porque el artículo 50 de la LGT, que se refiere al establecimiento de precios y tarifas, está sujeto a la interpretación.
La ley le da la potestad a la Sutel de declarar el mercado en competencia efectiva cuando existan las condiciones para asegurarla.
Quiere decir que, en ese momento, ningún operador tendrá el suficiente poder de mercado como para fijar los precios que deberán ofrecer los demás.
Según la ley, Sutel dictará esta medida con una “resolución motivada” y en ese término parece residir la génesis del conflicto.
¿Debería la Sutel realizar un estudio para determinar si esas condiciones existen?
El regulador ya tomó la decisión de llevarlo a cabo, pero a los operadores les preocupa cuánto tiempo pasará antes de que los resultados desembarquen en una decisión que les favorezca.
“El artículo 50 dice que le da una condición temporal (a la Sutel) y lo condiciona a la realización de los estudios o a la salida de una resolución de la Sutel, que al final tiene que estar sustentada en estudios técnicos”, argumentó Maryleana Méndez.
La diferencia en interpretaciones ha tenido en vilo a los operadores desde hace más de dos años, pero el camino por delante todavía se vislumbra largo.
Para otros especialistas en telecomunicaciones, la diferencia de criterios solo atrasa el dinamismo del mercado.
“Independientemente de las diferencias de criterio, es fundamental para el país que de una vez por todas tengamos esa declaratoria de competencia”, dijo Rowland Espinoza, exviceministro de Telecomunicaciones.
Según el ancho de banda de la conexión, estas son las tarifas máximas.
| Velocidad (Subida y bajada) |
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