Más de 5.800 postes de la Junta de Administración de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) provocan discordia entre dueños de infraestructura y operadores de telecomunicaciones.
Los codiciados postes cartagineses son los protagonistas de una historia que se escribe en cientos de páginas acumuladas en la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Tres operadoras solicitaron la intervención del ente regulador. Telecable lo hizo en el 2011, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el 2012 y Tigo en el 2013.
Ninguno de los casos se resuelto hasta el momento, a pesar de que en mayo del 2013 la Superintendencia dictó una medida cautelar para avanzar con los procedimientos.
Según confirmó Jasec, en el último año la Junta ha rechazado otras 37 solicitudes de uso de postería por “incumplimientos técnicos”. La Sutel no registra solicitudes de intervención que se hayan presentado en el 2014.
La disputa se genera precisamente en la definición de cuál de los entes debe cumplir con esos requerimientos.
Por ejemplo, el vocero de Tigo, Norman Chaves, alegó que quien administra la infraestructura es quien debe ofrecer la solución a sus necesidades.
“Si los dueños de los postes no pueden conceder acceso a esta infraestructura por falta de espacio debería sustituirse el poste por uno de mayor tamaño para evitar limitantes de esta índole”, dijo.
Jasec, por su parte, argumentó que el fin primordial de estas estructuras es ofrecer electricidad y que las operadoras deben ajustar sus expectativas.
La confusión se gesta desde el mismo Reglamento de Infraestructura Compartida de la Sutel.
El artículo 7 de la normativa indica que, en caso de que el solicitante detecte que no hay condiciones adecuadas para tender sus redes, deberá llegar a un acuerdo para implementar las modificaciones.
“(El acuerdo) establecerá cuál de las partes ejecutará las mismas, así como el plazo de implementación y la distribución de los costos respectivos”, reza el texto.
También indica que los operadores pueden hacer las mejoras necesarias, previa autorización de los dueños, quienes luego rebajarán los gastos del alquiler.
Telecable, por su parte, indicó que su proceso recibió una resolución positiva por parte de la Sutel el año pasado y que ya iniciaron la construcción. Sin embargo, solo han logrado avanzar en un 25% del plan porque el proceso del regulador aún se encuentra abierto.
En los últimos dos años la Sutel ha resuelto 14 casos, seis en el 2014 y ocho en el 2013.
Los otros 1000
Otros mil postes de Alajuela completan la lista de intervenciones que continúan abiertas en la Superintendencia.
Es el caso del Grupo Publicidad e Internet Inc. S. A. contra el ICE, uno de los que más años han acumulado en expedientes de la Sutel, pues se presentó desde el 2010.
El conflicto no se ha resuelto por problemas en el contrato, comentó la Superintendencia, que declinó dar los expedientes completos al cierre de edición por la posibilidad de que fueran confidenciales.
Procedimientos
La solicitud de intervención se plantea ante la Sutel cuando el dueño de la infraestructura no da respuesta a la operadora sobre la petición del uso o cuando la contestación es negativa.
Según el regulador, la maraña de procedimientos técnicos para solucionar los problemas pueden llegar a ser tan complejos que los casos pueden acumular años sin que se llegue a una solución efectiva para las partes.
Muchas veces la respuesta del administrador de la infraestructura puede ser correcta y la reclamación del operador también, indicó la Sutel.
Su intervención, entonces, consiste en mediar en el conflicto y ofrecer rutas de postes alternativas para cubrir las necesidades de la operadora.
La Superintendencia también puede intervenir cuando hay conflictos económicos que básicamente consisten en inconformidades de los operadores por los precios que ofrecen las dueñas de infraestructura.
Los dueños están obligados a mantener los precios iguales para todos los operadores, según la reglamentación de la Sutel.
La Sutel interviene en cuatro casos de uso compartido de postes.
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