EscucharLa presencia de los servicios de telecomunicaciones en Costa Rica es tal que solo cuando sufren una caída se reconoce la elevada dependencia de Internet y la telefonía móvil.
El país cuenta con una cobertura y una penetración avanzadas y un fuerte despliegue de servicios de banda ancha con redes de fibra óptica y de quinta generación (5G) a nivel móvil. La industria genera el 9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Pero el modelo enfrenta el reto de responder a la creciente demanda, mientras los ingresos de los operadores se estancan. Se requerirían varias medidas, según el informe Costa Rica 2030: políticas para la (r)evolución digital, elaborado en octubre de 2025 por la GSM Association (GSMA), una organización que agrupa a los operadores móviles del mundo.
“Será clave contar con un marco institucional moderno, eficiente y adaptado al ecosistema digital del futuro”, concluye el informe. “La próxima administración de Costa Rica tiene la oportunidad estratégica de fortalecer la conectividad nacional mediante la continuidad de aquellas políticas que demostraron ser exitosas y de revisar aquellas obsoletas”.
El documento fue publicado el pasado 20 de enero con el propósito de compartir avances y “destacar lo que se espera de las decisiones de política pública” para que el país continúe avanzando en su transformación digital. El momento es propicio.
“Costa Rica se encuentra a las puertas de un nuevo ciclo político y el periodo 2026–2030 será determinante para nuestra competitividad”, dijo Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), durante el VI Foro de Telecomunicaciones: Impulso hacia una Costa Rica digital y competitiva en noviembre anterior.
Diagnóstico
La GSMA reconoce los esfuerzos locales —con un rol activo de los operadores locales— para avanzar en la digitalización y ubicar al país como referente en América Latina.
Pero la brecha de cobertura y de uso impide que 800.000 personas aprovechen la conectividad. Los desafíos vienen de varios frentes.
La Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica (N° 10.216), aprobada el 5 de mayo de 2022, establece normas para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones. Pero existe una asimetría en el modelo de inversión actual.
Por un lado, las plataformas de firmas de redes sociales y de streaming demandan mayor capacidad de transporte, obtienen una alta rentabilidad y no participan en el financiamiento de la infraestructura.
Por el otro, los operadores cargan con las inversiones y obtienen ingresos que, además, muestran una tendencia descendente.
“Solo tres empresas —Meta, Alphabet y TikTok— generaron el 80% del tráfico total de descargas en Costa Rica en 2024, siendo Meta responsable por el 45%”.
— GSMA
El informe también acusa que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) no logra el cierre de la brecha digital. Argumenta que los estudios de las Naciones Unidas demuestran que estos programas son mecanismos nulos para alcanzar la inclusión. Además, hay problemas en la definición de proyectos y la ejecución de los recursos.
Otro problema del esquema actual es que la regulación sobre la protección al usuario traslada cargas de operación a las empresas, como en el caso del registro de líneas de prepago, generando distorsiones en el mercado. Eso demuestra que al definir las normas se necesita analizar el impacto sobre los costos.
Se agregan los mayores riesgos de seguridad y protección de las redes. Si bien el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) lanzó una estrategia nacional, se requiere una respuesta coordinada ante los ataques contra redes y dispositivos móviles.
Asimismo, se resaltan los esfuerzos para implementar prácticas sostenibles en función del desarrollo ambiental, la eficiencia operativa y la reducción de costos, con disminuciones en las emisiones derivadas del tráfico de datos móviles y la reducción del consumo energético.
Sin embargo, falta mayor trabajo coordinado de operadores, proveedores e instituciones estatales, por un lado, y en políticas climáticas con objetivos comunes, incentivos y normativas que fomenten la inversión en redes y energías limpias, por el otro.
Medidas de urgencia
El documento finaliza con una serie de recomendaciones “para una Costa Rica digital y conectada”.
“Las autoridades tienen la responsabilidad de generar un entorno que garantice la seguridad jurídica, favorezca la sostenibilidad de las inversiones y elimine los obstáculos y asimetrías”, indica GSMA.
Las recomendaciones son:
1. Resolver las limitaciones del marco regulatorio, con principios generales y herramientas innovadoras que consideren diferentes variables (mínima intervención, espacios de autorregulación, flexibilidad, impacto y análisis costo-beneficio, respaldo técnico) y la reducción de las cargas innecesarias para las empresas del sector.
2. Contar y actualizar una hoja de ruta para la gestión del espectro radioeléctrico como sostén de la conectividad, pues se requiere la asignación de bandas en el rango de 3,5 GHz, 6 GHz y 2 GHz para cumplir especificaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y garantizar el éxito de los despliegues de 5G. Además, se debe considerar el uso de tecnología satelital para llevar señal a zonas alejadas, montañosas y marítimas. La hoja de ruta, como un mecanismo de planificación a largo plazo, otorga certidumbre para la inversión privada, además.
“Es fundamental que las autoridades reconozcan al sector de telecomunicaciones como un proveedor de servicios esenciales —como salud, educación, productividad, inclusión financiera y otros—, pilar de cualquier estrategia nacional de desarrollo".
— GSMA
3. Incluir acciones de inclusión digital con programas de alfabetización digital para incrementar la demanda y realizar una inversión estimada entre $2.000 y $3.000 por persona en zonas urbanas y más de $20.000 en zonas remotas. Además, se debe revisar el modelo de Fonatel y sus mecanismos de financiamiento y los indicadores de evaluación.
4. Revisar las asimetrías, fomentar el uso responsable de las redes e incluir en el debate a los grandes generadores de tráfico para encontrar incentivos de sostenibilidad.
5. Favorecer un entorno que habilite la expansión de nuevas tecnologías, como la IA, que incluya normas con la flexibilidad necesaria para apalancar un entorno a la inversión, la mejora de los servicios públicos, la colaboración público-privada y la innovación para el desarrollo y el uso responsables.
6. Definir una estrategia nacional de ciberseguridad e infraestructura crítica que aplique a todos los actores de la cadena, incluyendo equipos de respuesta ante incidentes para mejorar la reacción ante ataques. “El Estado debe dar claridad sobre las fronteras de responsabilidad en la infraestructura”, señala el informe.
7. Definir y aplicar políticas para el cumplimiento de metas de cero emisiones netas.
