La definición de una política clara para la administración y manejo del espectro radioeléctrico es prioridad para el sector privado, en la agenda del sector de telecomunicaciones.
Así lo sugiere una consulta realizada por EF a cámaras empresariales y compañías telefónicas. Se trata de un bien público que hace cinco años, cuando se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, poseía un perfil bajo y era poco regulado.
Hoy este recurso, conocido como el oro de las telecomunicaciones, toma importancia por la necesidad que tienen las compañías del sector de desplegar tecnologías como las redes 4G LTE, y ante el potencial económico que tiene para un Estado su subasta y desarrollo en la economía del conocimiento.
Para Víctor García, director de regulación de Claro, el país debe definir reglas claras de acceso al espectro radioeléctrico para mercado móvil que estimulen la inversión y que sean igualitarias para todos los actores del mercado.
"Mientras los operadores entrantes aportamos $170 millones para ingresar al mercado móvil, existen otros operadores que no han pagado ningún tipo de contra prestación al Estado por el acceso a sus frecuencias, no tienen obligaciones de cobertura, no pasaron por concursos públicos y se encuentran operando servicios móviles sustitutos de los nuestros, violando la ley y normativas vigentes", dijo García.
El mes pasado, las compañías Claro y Movistar criticaron el anuncio del lanzamiento de una red 4G LTE que operaría en la frecuencia de 2.6 GHz, un espacio que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) advirtió que no estaba asignado para brindar telefonía móvil en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). Esto a pesar de que el título habilitante (permiso para usar el espectro) del ICE establece que la empresa estatal si podría dar este tipo de servicio en la frecuencia de 2.6 GHz.
A esto se suma problemas en la adecuación de títulos de títulos habilitantes que están en estudio en la Sutel, como es el caso de la empresa IBW, que ofrece Internet inalámbrico con la marca Japi.
Oscar Emilio Barahona, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, comentó que el problema de las adecuaciones (de títulos habilitantes) está provocando inseguridad jurídica en el país, así como los atrasos en el ordenamiento del espectro radioeléctrico, que la Contraloría General de la República ordenó en el informe el año pasado.
Para el sector empresarial, se requiere que el Gobierno tome decisiones rápidas con el estudio del espectro radioeléctrico que el viceministerio de Telecomunicaciones desarrolla y que permitirá concluir si es viable una segunda subasta de este recurso público.