Si la modalidad tarifaria de cobro por descarga se aprueba para servicios de Internet móvil pospago, siete de cada diez usuarios pagarían menos de ¢3.750 al mes.
Así se desprende de los datos más recientes proporcionados a EF por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que datan de diciembre del 2012.
Esta información fue la misma que utilizó la Sutel para impulsar la modalidad de cobro por descarga como una nueva alternativa de pago para los usuarios pospago, la cual no sustituiría a la tarifa plana que ofrecen actualmente las operadoras.
Quienes están suscritos a los paquetes prepago ya están alineados a este esquema de cobro.
A pesar de que la Sutel insiste en que este tipo de tarifa no afectará a ningún usuario y que, más bien, beneficiará a quienes menos consumen, la propuesta levantó el reclamo de diferentes sectores.
Tres ciudadanos presentaron recursos de amparo, la Asamblea Legislativa abrió una investigación y la Sala Constitucional terminó por convocar a una inusual audiencia oral en la que la Defensoría de los Habitantes y el sector académico se declararon en contra de la proposición de Sutel.
Durante la audiencia, el ente regulador afirmó que, si no se logra aprobar esta tarifa, el consumo de datos en el país se volverá insostenible; mientras los sectores llamaron a un mayor debate.
Según declaraciones de la presidenta del Consejo de la Sutel, Maryleana Méndez, en el 2014 se mantiene la tendencia a que pocos usuarios consuman mucho y muchos usuarios consuman poco; pero carecen de datos que sustenten su afirmación.
La información del 2012 es la única que está desagregada por niveles de consumo.
Usuarios intensivos
Las operadoras coinciden en que el consumo de datos es constante desde el 2012, debido a que cada vez más usuarios consumen Internet desde planes prepago y ellos demandan menor cantidad de datos por mes, por lo que la balanza se inclina a la baja.
En Costa Rica, el 81% de las suscripciones a Internet móvil correspondieron a la modalidad prepago en el 2013, pero los clientes pospago generaron más del 40% de las ganancias para las operadoras.
Así, cada usuario pospago significa más réditos para las operadoras que cada suscriptor en el modelo prepago.
Según Claro, el 61% de sus clientes consume mensualmente menos de 500 mb; para Movistar, esta cifra aumenta a un 73%, pero ambas toman en cuenta los dos modelos de suscripción.
Las operadoras insisten en que un pequeño porcentaje de la población suscrita a sus servicios consume la mayoría de los datos descargados por mes. De ahí la necesidad de impulsar un nuevo modelo tarifario, dicen.
“Mientras la tarifa no se apruebe, existe la premisa de que el Internet puede ser ilimitado”, argumentó José Pablo Rivera, gerente regulatorio de Movistar.
En el caso de esta operadora, el 6% de sus suscriptores trafican el 45% de la descarga total, mientras que en Claro, cerca de un 2% utiliza más del 20% de su red. Al cierre de esta edición, el ICE no había proporcionado los datos, solicitados.
En este momento, existen usuarios que consumen hasta 600 gigas de Internet por mes, argumentó Méndez durante la audiencia oral convocada por la Sala Constitucional.
El modelo de tarifa actual permite un consumo de datos ilimitados para cierta velocidad. Para este tipo de usuarios “intensivos”, las operadoras pueden utilizar políticas de uso justo: reducir la velocidad de descarga a partir de un tope máximo que va de los 3 a los 20 gigas, según el plan.
“El problema es que, aunque se les cierre el tubo, ellos siguen consumiendo”, dijo Méndez.
La mayoría de usuarios resultan perjudicados por la forma en que otros utilizan Internet porque la red es compartida: si unos consumen intensivamente, otros no podrán acceder a ella con la calidad por la que están pagando.
¿Es la nueva tarifa la solución?
Una nueva modalidad de cobro por descarga significaría para el país solo una de las respuestas para corregir el problema de la saturación en la red.
La inversión en infraestructura y tecnología, la adjudicación de más frecuencias para los operadores y el acceso a más torres de transmisión son medidas complementarias e indispensables para lograr la eficiencia, coinciden el Gobierno, el sector académico y el ente regulador.
Estas medidas no fueron tomadas en cuenta en el informe técnico que rindió la Sutel para justificar su propuesta de cobro, por considerarlo irrelevante para la discusión.
El informe presentado por la Superintendencia para justificar el modelo de cobro desató las mayores críticas de parte del sector académico y la Defensoría de los Habitantes.
Durante la audiencia de la Sala Constitucional, dijeron que el documento tiene información insuficiente para que los usuarios participen activamente del proceso de decisión.
“El documento que hizo la Sutel es omiso y se basa en información de aproximadamente dos años de antigüedad, por lo que no toma en cuenta la realidad actual del mercado”, dijo John Richard Molina, vicepresidente del Colegio de Ingenieros e Informáticos.
Alonso Castro, director de la Escuela de Ciencias Informáticas de la Universidad de Costa Rica, argumentó que un nuevo modelo puede desestimular la inversión de los operadores en más y mejor infraestructura para volver más eficiente el uso de los recursos.
En respuesta a este cuestionamiento, Maryleana Méndez dijo que es necesario empezar por darle a las empresas la posibilidad de segmentar a su público y de ofrecer más tarifas para que sus ganancias estén saludables y puedan reinvertir.
Las operadoras solo estarán obligadas a reinvertir en el caso de que no cumplan con los estándares mínimos de calidad, reconoció la directiva.
El debate llevó al Gobierno a ampliar la discusión. Ya no se trata únicamente de un modelo de cobro, sino a la filosofía que adoptará el país en sus políticas de acceso a Internet, dijo la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Gisela Kooper.
Según adelantó, a principios de octubre el Gobierno llamará a un foro en el que participen todos los grupos interesados.
“La audiencia (propuesta por Sutel) era muy cerrada. Aquí lo que queremos es abrirnos y que la gente pregunte y dé su opinión”, dijo la ministra.
El cierre de la brecha digital no debe verse afectado por las medidas de cobro que adopten las operadoras, sostuvo el Micitt.
La adjudicación de una mayor cantidad de frecuencias para los operadores también es prioritaria en la discusión.
En este momento, el país solo utiliza un 25% del espectro radioeléctrico que podría estar destinado al desarrollo de las telecomunicaciones.