El camino hacia los datos abiertos y transparencia en las instituciones públicas de Costa Rica es empinado.

La carencia de licencias abiertas, ausencia de textos que se puedan utilizar con lectores de pantalla, la desatención de los comentarios de la audiencia y las trabas para descargar datos en masa, son parte de las carencias que tienen las instituciones de Gobierno en sus sitios web.

El lado positivo es que la transparencia de estas organizaciones ha mejorado. Pasó de una calificación promedio de 32,30 de 100 puntos posibles en el 2015 a un 42,23 en el 2017. No es suficiente.

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A nivel global, el país se ubica en el lugar 71 de 114 en datos abiertos, una posición que no es de prestigio, pues está empatado con China y Ruanda, según el instrumento de medición de gobiernos Open Data Barometer.

La falta de estandarización en la calidad de los portales de datos abiertos de las organizaciones públicas ha sido el principal obstáculo para alcanzar la meta de transparencia.

Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), afirman que la falta de capacitación que se tenía al inicio, la falta de licencias de software y la necesidad de inversión económica y de personal son factores que han incidido en el aletargamiento de la apertura de la información.

¿Datos abiertos? ¿Para qué?

Los datos abiertos son los datos que se pueden utilizar, reutilizar y redistribuir libremente por cualquier persona y están sujetos únicamente a la obligación de atribuir y compartir por igual dicha información.

Para ello, los datos se publican en sitios de acceso público (conocidos como portales de datos abiertos).

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Esta práctica fomenta la transparencia de las instituciones, la rendición de cuentas de los funcionarios y la participación ciudadana.

“La idea de un portal de datos abiertos es que sea amigable; que cualquier persona con formación básica pueda ver el archivo o un documento, procesar los datos, cambiar el formato, generar gráficos, entre otras acciones”, explicó Edgar Oviedo, doctor en datos abiertos y docente de la Universidad Hispanoamericana.

La ruta hacia la apertura de datos se comenzó a fijar en el 2012 durante la administración de Laura Chinchilla cuando Costa Rica se sumó a las filas de la Alianza por el Gobierno Abierto, una organización constituida por 75 países.

En ese entonces se promulgó el I Plan de Acción de Gobierno Abierto.

“Dicho plan se ejecutó con éxito parcial, pues se implementó de forma inconclusa, en tanto, varias etapas del proceso se omitieron”, explicó el Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2018 elaborado por el Prosic de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En el 2015 durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, se firmó el II Plan de Acción que contó con la participación de la sociedad civil, pero también fue considerado poco ambicioso y limitado.

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Durante esa misma administración se suscribieron dos decretos más: Transparencia y Acceso a la Información Pública y Apertura de Datos Públicos.

Las normativas se han creado, y todavía se sigue al pie del cañón con el III Plan de Acción suscrito recientemente y que tiene vigencia para el periodo 2017 - 2019.

Ahora bien ¿esta normativa ha sido efectiva?

La Defensoría de los Habitantes y la UCR introdujeron el Índice de Transparencia en el Sector Público (ITSP), que estudia la información disponible en los sitios web de las instituciones públicas, enfocado en el acceso a datos e información y la facilidad con que estos puedan ser obtenidos.

Este índice mide cuatro grandes dimensiones: acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos de gobierno.

En el 2017, e ITPS midió 254 entidades entidades públicas, sin importar su naturaleza jurídica. Las entidades mejor calificadas fueron:

1. Organismo de Investigación Judicial (OIJ): 98,01.

2. Dirección General del Archivo Nacional: 85,77.

3. Universidad de Costa Rica (UCR): 82,08.

4. Contraloría General de la República (CGR): 81,78.

5. Poder Judicial: 80,37.

Las mejoras van sucediendo de forma paulatina, pero todavía quedan elementos que resultan críticos para al apertura de la información.

Un ejemplo es la falta de textos alternativos, es decir, que esté disponible un texto complementario a las imágenes de manera que se puedan utilizar lectores de pantalla o líneas Braille para acceder a los contenidos.

Además, las instituciones públicas desatienden al público en general, ya que no presentan informes de las consultas frecuentes que han recibido de las personas. Tampoco se muestran los resultados de las audiencias públicas.

En cuanto a la apertura legal, los sitios no ofrecen la disponibilidad legal del dato, es decir si está disponible al público general, si está libre de costos, y si tiene una licencia expresa que permita su libre uso, reuso y redistribución.

El aspecto más crítico está en que los datos no pueden ser descargados en su conjunto. En este rubro la calificación de todas las entidades fue de 0.

Existen problemas para manipular las bases de datos en todo su conjunto.

A nivel global, el Open Data Barometer (un instrumento de medición desarrollado por la World Wide Web Foundation), ubica a Costa Rica en el lugar 71 de 114 con una nota paupérrima de 20; el máximo es 100.

El país aparece empatado con China y Ruanda en esa posición. Solo Panamá, El Salvador y Venezuela están por debajo del país en la región.

La falta de control con respecto a la calidad de los portales de datos abiertos se denota en las inconsistencias debido a que cada institución desarrolla su propio portal bajo una interpretación autónoma, sin tomar en cuenta lineamientos para la publicación de datos, explicó Oviedo.

Las brechas en la formación de los funcionarios y las distancias digitales en las propias instituciones son aspectos que toma en cuenta el Micitt para explicar el desempeño del país en datos abiertos.

Es necesario tomar en cuenta que es un tema relativamente reciente, y no todas las instituciones estaban preparadas, en cuanto al manejo de información para pasar a datos abiertos; por ejemplo, muchas aún gestionan su información en papel, señalaron Alexánder Barquero, director de Gobernanza Digital del MICITT y Alexander Astorga, coordinador de Gobierno Abierto.

El Estado debe garantizar que el ciudadano, las empresas y las organizaciones nacionales e internacionales tengan acceso a los portales de datos abiertos para hallar la información de su interés como el detalle de los gastos, la calificación de proveedor, el desarrollo de proyectos o políticas que puedan ser manipulados para su propio análisis o publicación.