Bruselas - La Comisión Europea calificó este jueves de “irresponsable” la gestión por parte de Uber de los datos de sus clientes y conductores víctimas de un pirateo masivo, un incidente que las autoridades europeas de protección de la vida privada investigarán de manera coordinada.
Las revelaciones sobre “el robo de informaciones sobre unos 60 millones de usuarios y conductores constituyen un buen ejemplo de los desafíos para la vida privada que enfrentamos en la era digital”, estimó la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.
En un discurso durante una conferencia en Bruselas, Jourova lamentó que ”Uber esperó más de un año antes de informar al público” sobre este fallo y recordó que una nueva regulación europea, que entrará en vigor en mayo de 2018, “permitirá responder de manera adecuada a este comportamiento irresponsable”.
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El patrón de Uber, Dara Khosrowshasi, reveló la semana pasada que los datos de 57 millones de usuarios en todo el mundo fueron pirateados a fines de 2016 y que había mantenido en secreto hasta entonces.
Según fuentes próximas a la investigación, esta empresa habría pagado $100.000 a los piratas informáticos para que no divulgaran el incidente y destruyeran las informaciones recabadas, entre ellas los nombres de los usuarios, sus direcciones de correo electrónico y números de celular.
Basado en una investigación externa, Khosrowshasi afirmó que la información sobre los trayectos realizados, los números de tarjeta de crédito y cuentas bancarias, los números de seguridad social y las fechas de nacimiento de los usuarios no habrían sido robadas.
La investigación sucede a otra iniciada en 2014 sobre otro hackeo contra Uber, que había pagado una multa de $20.000 por no haberlo revelado a tiempo. El objetivo de ese pirateo era obtener datos sobre los chóferes de la empresa.
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En Estados Unidos, los fiscales de los estados de Nueva York, Eric Schneiderman, y Connecticut, George Jepsen, abrieron sendas investigaciones sobre el último pirateo, al igual que varias autoridades nacionales en Europa.
El miércoles, las autoridades de los diferentes Estados miembros de la UE anunciaron la creación de un grupo de trabajo dirigido por Holanda para coordinar las investigaciones abiertas en Francia, Italia, España, Bélgica, Alemania y Reino Unido.