La Cámara de Infocomunicación y Tecnología solicitó derogar el decreto que permitiría al Gobierno asignar proyectos específicos a los operadores para ejecutar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), debido a que podría causar distorsiones en el mercado.
Así lo manifestó la cámara que reúne a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones en un campo pagado en el periódico La Nación, donde advierte que el decreto podría tener implicaciones y consecuencias ante posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta)
La Presidencia Laura Chinchilla firmó el decreto en abril con la intención de asignar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la obligación en el título habilitante (permiso para usar el espectro radioeléctrico) de dar acceso a tecnologías digitales y conectividad de banda ancha al 100% de los centros educativos, mediante el proyecto Cerrando Brechas del Ministerio de Educación (MEP). La Presidenta explicó que la herramienta se estaría utilizando con otros operadores de manera posterior.
La medida es la respuesta del Gobierno ante los problemas que ha enfrentado la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para ejecutar más de $200 millones de Fonatel, que están guardados en un fideicomiso del Banco Nacional.
En el campo pagado, la cámara critica que el decreto generaría una invasión a las competencias exclusivas de la Sutel (para ejecutar los fondos) y una posible violación de los principios de trato nacional, servicio universal e independencia regulatoria consignada en los tratado internacionales.