Costa Rica está atravesando por un aumento alarmante de la criminalidad. Como respuesta, el Gobierno presentó este miércoles 22 de noviembre su Política de Seguridad en la Academia Nacional de Policía en Pococí de Limón.
En esta actividad, el presidente Chaves manifestó que la tasa de homicidios crece porque tenemos leyes débiles. Pero estas “leyes débiles”, como las llama Chaves, son las mismas leyes que tuvimos cuando los homicidios estaban bajo control y que imperaron en Costa Rica cuando era segura. Uno de los principios fundamentales del Derecho Penal es que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”. Es un error y una afrenta a la democracia llamar “débil” a una ley que protege este principio esencial.
La delincuencia como producto de la falta de oportunidades
El Gobierno no quiere reconocer que sus malas políticas económicas tienen su cuota de responsabilidad en la crisis de inseguridad. En una nota publicada en La Nación, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, manifestó que la pobreza extrema, la baja escolaridad y la ausencia de oportunidades de empleo, empujan a los jóvenes de zonas marginadas a unirse a bandas criminales.
“Usted sabe que Limón, por ejemplo, … que el 55% de la población está comprendida entre los nueve y los 19 años que no tienen acceso a una educación, que no tienen acceso a trabajos bien remunerados. ¿Qué opciones quedan?”; manifestó Zúñiga.
Todos los días debemos consumir alimentos, vestimenta, vivienda y servicios básicos como agua, luz y telecomunicaciones. Para ganarnos la vida solo hay dos maneras: por la vía honrada o delinquiendo. Sin embargo, cuando el Gobierno, con sus pésimas políticas económicas, les niega a los jóvenes ganarse la vida de manera honrada, ¿los está empujando a delinquir?
Por tanto, la delincuencia se puede combatir con políticas que promuevan el crecimiento económico y la inversión, de modo que los jóvenes, ante el desempleo, no vean la delincuencia como opción para ganarse la vida. Para delinquir no se requieren tramitar permisos ante burócratas, ni pago de patentes, ni se cobran cargas sociales y, sobre todo, para delinquir no se pagan impuestos.
Para reactivar la economía se requiere reducir impuestos, reducir el gasto público, cerrar muchísimas de las entidades públicas existentes, abrir y someter todos los mercados a la más dura libre competencia, llevar todos los aranceles a cero, acabar con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), privatizar todas las empresas públicas, no emitir más eurobonos, cerrar el Banco Central de Costa Rica (BCCR), romper la obligatoriedad de cotizar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y eliminar todos los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y sustituirlos por uno de cuentas individuales. Sin embargo, estas son medidas que no le conviene a los gobernantes porque ellos viven como parásitos de los impuestos, de los privilegios en el sector público y de la piñata fiscal.
La delincuencia no crece por falta de recursos
El problema del incremento en la criminalidad no es falta de recursos. Recordemos que en la Administración Solís Rivera se aprobó la Ley nº 9428, “Impuesto a las personas jurídicas”, con el fin de combatir la criminalidad. El 90% de lo recaudado va para el ministerio de Seguridad Pública, un 5% para el ministerio de Justicia y Paz y el otro 5% para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Habría que investigar si el ministerio de Hacienda transfiere estos recursos como exige la ley.
Debemos discutir la despenalización y descriminalización de las drogas
El sicariato es producto del narcotráfico y este último es producto de la guerra contra las drogas. Ergo, si queremos acabar con el sicariato es necesario despenalizar y descriminalizar el consumo, distribución y producción de las drogas.
Decía Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas: “Las drogas son peligrosas, pero las políticas contra los narcóticos son una peor amenaza …”.
Debemos distinguir entre crimen y vicio. Un crimen es un acto que daña la vida, la propiedad o el ingreso de terceros. Un vicio es una conducta que solo daña a sí mismo. El abuso del consumo de drogas cae en la categoría de vicio, pero no de crimen. El Estado debe perseguir al criminal; no al vicioso.
Es un abuso del poder cuando el Estado regula, criminaliza y penaliza los vicios de las personas. No puede haber delito sin víctima. No hay víctima si quienes consumen drogas lo hacen por su propia voluntad.
Consumir drogas puede ser una conducta socialmente censurable, pero al no violar la libertad de terceros, no puede ser tratado como delito. La sociedad debe tratar la adicción a las drogas como un problema de salud y no como un crimen.
La impunidad incentiva la delincuencia
Otra causa de la delincuencia es la impunidad. Si el delincuente sabe que no tendrá pena por delinquir, tendrá menos motivos que lo disuadan a cometer fechorías.
Nadie está preso ni por “la trocha” ni el “cementazo”, ni por la compra que hizo la CCSS de mascarillas, entre otros. El Big Chief anda suelto y muerto de risa. Por otra parte, de nada sirve que la policía atrape a los delincuentes si los jueces los dejan en libertad fácilmente. Hay que revisar los procedimientos y leyes, pero sin violar el principio básico de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Además, la política de liberación de presos y el abuso de la libertad condicional es un acto que deja sin castigo a los antisociales.
La impunidad también se manifiesta cuando el Gobierno permite la existencia de call centers y uso de celulares desde las cárceles.
En fin, es un error afirmar que el aumento de la criminalidad obedece a “leyes débiles”. Si deseamos reducir la criminalidad el énfasis debe estar en: 1) Promover la libertad económica para promover el crecimiento económico; 2) Despenalizar y descriminalizar las drogas y 3) Acabar con la impunidad en la manera expuesta.