José Joaquín Fernández

En vez de aumentar la red vial, muchos gobiernos responden con la violación de las libertades individuales.

¿Le otorga la Constitución Política al Poder Ejecutivo la facultad para imponer restricciones sanitarias y limitar las libertades individuales?

Una vez más, el Poder Ejecutivo se ensaña para hundir a Costa Rica.

Ninguna de estas organizaciones burocráticas internacionales contribuye al bienestar ni puede hacerlo.

Lo correcto es levantar la prohibición que tienen los generadores privados de vender directamente su producción.

Para América Latina los tres términos son idénticos. Para Estados Unidos también significaron lo mismo hasta principios del siglo XX.

No se requiere de ninguna asesoría en materia de desarrollo económico porque ya sabemos lo que debemos hacer.

En Canadá, Uruguay y en muchos estados de los EEUU ya está regulado la producción y consumo de marihuana. México está a punto de incluirse en la lista.

Lamentablemente el régimen de IVM de la CCSS sigue un esquema ponzi. ¡Urge reformarlo!

Todo monopolio creado por ley, esté donde esté, genera una pérdida del bienestar.

La solución no es bloquear a Uber, ni a In Driver, ni a Didi, sino liberalizar el servicio de taxis.

Solo quien es libre tiene el derecho para disponer del 100% de su ingreso y de su propiedad.

Solo la libre competencia puede garantizar que los salarios de las empresas públicas se ajusten a su productividad.

Al paso que va la CCSS, se necesitarán nueve años y medio para vacunar al 60% de la población costarricense.

No es cierto que el acuerdo con el FMI sea indispensable para mejorar nuestra imagen ante los mercados financieros internacionales. Se puede reducir el gasto público en 5.23% del Producto Interno Bruto (PIB) sin necesidad del FMI